El Gobierno desacata al Consejo de Europa al no exigir datos a las parejas de sus altos cargos
Se escuda en la confidencialidad para no recabar datos financieros de familiares de responsables políticos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y su mujer, Begoña Gómez. | EFE
El Gobierno mantiene la opacidad sobre la información financiera de los cónyuges y familiares de los altos cargos y responsables políticos, entre otros los de Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) ha requerido de forma reiterada a España que recabe los datos sobre los bienes y actividades de los familiares de altos funcionarios.
Sin embargo, y pese a que el Greco asegura que no es necesario que se publiquen, el Ejecutivo sigue escudándose en la confidencialidad y la protección de datos para no hacerlo. El Greco es el órgano del Consejo de Europa encargado de evaluar y supervisar las políticas contra la corrupción de 46 los países que lo componen. España forma parte del organismo desde 1999, pero el organismo del Consejo de Europa sigue advirtiendo del nulo interés del Gobierno por implantar ciertas medidas.
El Greco recomendó en su último informe, publicado el pasado agosto y analizado por THE OBJECTIVE, que los responsables del Gobierno ampliasen el alcance de las declaraciones financieras. En la actualidad, si bien se publican determinados datos, la mayoría de la información no se detalla. Las declaraciones de los diputados son cada una un mundo. No se parecen en nada. Algunas son mínimamente exhaustivas; otras, en cambio, ocultan la mayoría de los datos.
Altos cargos y opacidad
También apeló, como lo ha hecho en anteriores informes, a que se incluyese la información sobre cónyuges y familiares a cargo, «entendiendo que esa información no debería hacerse necesariamente pública». Apunta que muchos países que integran el Greco ya lo hacen y señala que el Banco de España implanta esos protocolos. El informe destaca pequeños avances en España, como la presentación electrónica de estas declaraciones y su carácter anual. En cualquier caso, concluye que el Gobierno «no ha prestado suficiente atención» a la inclusión de las declaraciones de cónyuges, un aviso en el caso Begoña Gómez.
El órgano del Consejo de Europa ha dejado claro que su petición sobre solicitud de información financiera sobre cónyuges y familiares a cargo de responsables políticos ha sido descartada «por el momento, por restricciones derivadas de la normativa de protección de datos».
‘Caso Begoña Gómez’
El Gobierno asegura que los familiares de cargos como los presidentes o los ministros ya están sometidos a una regulación de incompatibilidades. Mientras, se ha mostrado contrario a regular el papel de la pareja del jefe del Gobierno, como sucede en otros países, ya que ello implicaría que tenga las mismas obligaciones que un cargo público y que también cobren un sueldo público.
Esta situación de opacidad defendida por el Gobierno quedó constatada el pasado martes en el Consejo de Ministros: las medidas que recoge el anteproyecto de ley de Administración Abierta no afectan a los cónyuges de los responsables políticos, como Begoña Gómez. La norma, que se llevará al Congreso, obligará a publicar las agendas institucionales de los máximos responsables públicos, pero no de sus familiares.
Las excusas del Gobierno
«¿Es exigible a una persona que ni es representante político, ni es cargo público, ni ha sacado una plaza de funcionario que le da la capacidad de tener firma en la resolución de un expediente administrativo, de un concurso?», se preguntó el ministro para Transformación Digital y Función Pública, Óscar López. «¿Le es exigible lo mismo que a esas personas que han tomado la decisión de entrar en política? ¿Que sí que tienen firma? ¿Que sí que tienen capacidad de decisión en la administración pública? Obviamente no», afirmó.
La intervención de López deja patente que no se va a regular nada nuevo con respecto a los cónyuges de los políticos, lo cual deja fuera la posibilidad de conocer los viajes y las actividades de Begoña Gómez. El Gobierno sí se ha mostrado más abierto a la hora de facilitar información de los asesores –personal eventual–. El Régimen de prevención de conflictos de intereses se ampliará a este personal de confianza, Si sale la ley, en principio estarán obligados a publicar su declaración de bienes y actividades.
Medidas anticorrupción
El Grupo de Estados contra la Corrupción del Consejo de Europa reclamó el pasado agosto al Gobierno que aplique mecanismos anticorrupción en relación con los altos cargos y policías y guardias civiles. Precisamente las últimas tramas de corrupción que cercan al Gobierno ponen en el punto de mira a altos cargos y personal de confianza, como el exministro José Luis Ábalos, su asesor, Koldo García, y otros puestos en diferentes ministerios. También han jugado un papel determinante en las tramas de corrupción algunos policías que incluso alertaron de investigaciones.
THE OBJECTIVE adelantó el pasado mayo que España no avanza en el cumplimiento total de 19 exigencias formuladas en 2019 por el Greco, un órgano del Consejo de Europa diseñado para prevenir la corrupción entre altos cargos, asesores y fuerzas de seguridad. Son todas las recomendaciones expuestas por este organismo, aunque en algunas pocas se señala algún avance. El Greco alerta de las escasas mejoras de nuestro país en materia de transparencia de los altos cargos y asesores, la falta de códigos éticos y los riesgos de conflictos de intereses.