Suiza también envía a su flotilla la factura del vuelo de vuelta y le suma los gastos consulares

Suiza se suma a Portugal y, a diferencia de España, también cobrará los gastos que ha tenido que adelantar su gobierno para cubrir la repatriación de los activistas de la flotilla detenida por Israel cuando iba rumbo a Gaza. El Ministerio de Exteriores suizo ya ha comunicado por escrito a los diez deportados desde Tel Aviv, a quienes pagó un hotel en Jordania y un vuelo, que deberán devolver el coste a las arcas públicas. La sorpresa es que, además, les va a facturar los abultados costes consulares en los que han incurrido por acceder a una zona de bloqueo naval pese a las advertencias previas. Por otra parte, Sudáfrica también ha confirmado que no pagó los billetes a sus seis nacionales participantes en la flotilla, entre ellos un nieto del expresidente Nelson Mandela. En el caso de Italia y Grecia, fue Israel el que pagó la deportación.

Mientras se espera la vuelta de los ocho activistas de la segunda flotilla a Gaza, cuya ruta y condiciones de deportación apunta a ser similar a la de la flotilla principal, siguen conociéndose casos de países que han actuado de forma diferente a la de España. Mientras el Ministerio de Exteriores de José Manuel Albares ha anunciado que correrá con los gastos de los billetes de avión, Portugal fue el primero en anunciar que pasaría la factura a sus activistas. Ahora se suma un nuevo país.

El Departamento Federal de Asuntos Exteriores (DFAE) suizo ha anunciado públicamente que ya ha puesto en conocimiento de los diez suizos de la flotilla que van a tener que reembolsar al Estado el coste de su repatriación. En su caso, Israel los dejó en la frontera con Jordania, donde les esperaba personal consular suizo, y desde Amán tomaron un vuelo que les había sacado la embajada con rumbo a su país. Pasaron una noche de hotel. Ahora, Suiza les reclama el pago del vuelo, del hotel y de los costes de todos los servicios consulares en los que hayan incurrido. Según confirman fuentes diplomáticas a THE OBJECTIVE, se esperan recibos de miles de euros que «se facturarán a las personas afectadas de conformidad con la legislación aplicable».

En Portugal, el Ministerio de Relaciones Exteriores explicó que adelantó el dinero de los vuelos por «razones logísticas», pero que, de acuerdo con la normativa nacional, los cuatro portugueses repatriados deberán devolver el coste de sus billetes, estimado en unos mil euros por persona.

«Ni humanitario ni emergencia»

Lisboa subraya que el procedimiento es «habitual» cuando no concurren «causas humanitarias o de emergencia». Alegan que la misión de la flotilla, su detención y posterior deportación ha sido una cuestión de «responsabilidad de cada individuo» y advierten que la normativa de acción consular les obliga a pagar. El Ministerio de Exteriores portugués les ha entregado a los activistas una carta junto a un formulario para que lo rellenen y satisfagan el pago de los costes de su repatriación de manera inmediata.

En el caso del Gobierno español, que mostró desde el inicio su apoyo explícito a la iniciativa, el Ministerio de Asuntos Exteriores adoptó un enfoque distinto: presentó la operación como una actuación humanitaria y ha confirmado que no va a reclamar reintegro alguno. Eso a pesar de que en casos de repatriación, las ayudas-prestamos consulares son de carácter «reembolsable», ya que el Estado obliga a devolver lo adelantado, tal y como recoge la orden ministerial AUC/154/2022.

Exteriores, en cambio, considera –así lo asegura a THE OBJECTIVE– que la operación fue una evacuación de personas en situación de «vulnerabilidad extrema» retenidas contra su voluntad, pese a que el Gobierno advirtió a la flotilla de que no siguieran adelante por las consecuencias. Y por ello, aplicó las normas consulares de una evacuación, a pesar de que legalmente –y como firmaron los propios activistas– se trató de una deportación.

Exteriores ha comparado la situación de la flotilla, que entró de forma voluntaria en las aguas del bloqueo naval con intención de alcanzar Gaza, con la situación de otros españoles que se han visto sorprendidos por un conflicto bélico o una situación de gran riesgo para sus vidas y a quienes el Gobierno repatría en vuelos organizados por sus embajadas. «Se conceden ayudas no reintegrables en otros casos en los que los ciudadanos españoles se encuentra en situación de especial vulnerabilidad, como ha ocurrido recientemente con las evacuaciones de Irán, Israel, Gaza o Libia, entre otras, o como se ha hecho con la repatriación de otros ciudadanos españoles retenidos en terceros países contra su voluntad».

Otros países europeos –como Francia, Italia y Grecia– también gestionaron la vuelta de sus nacionales a través de vuelos comerciales o de deportación coordinados –y en su gran mayoría pagados– por las autoridades israelíes. Alemania, Suecia y varios países del norte de Europa también se limitaron a ofrecer apoyo consular y asistencia administrativa, sin asumir los gastos de transporte.

Sudáfrica, por su parte, ha anunciado que no ha gastado dinero público en la vuelta de sus seis activistas. Significativo, siendo uno de los Gobiernos más críticos con Israel e impulsor del llamado proceso de Sanción del Delito de Genocidio en la Franja de Gaza (llamado oficialmente Sudáfrica contra Israel), por el que ha pedido ante la Corte Internacional de Justicia la detención de Benjamin Netanyahu.