Temor en la Policía a más recortes en los antidisturbios tras reducirlos en Ceuta y Melilla
Fuentes de la UIP advierten que se está barajando la cancelación de otros despliegues policiales por la falta de fondos

Los antidisturbios, durante una intervención en la sede socialista de Ferraz. | EP
La preocupación se ha instalado entre algunos mandos de las Unidades de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, después de que la Dirección General de la Policía haya decidido recortar la presencia de estos grupos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. Hace dos semanas, el Ministerio del Interior se limitó a informar de que este cambio se debía a cuestiones operativas, sin más explicación, cuando las plantillas en las citadas regiones estaban en máximos históricos. Detrás de la reducción, sin embargo, las fuentes de la UIP consultadas por THE OBJECTIVE dejan claro que hay un motivo económico. «No hay dinero para costear los gastos de tantos agentes», afirman.
La razón imperante entre los antidisturbios es que no existen fondos suficientes en las cajas pagadoras para hacer frente al coste que supone desplegar a 100 agentes durante 15 días, como ocurre en las ciudades autónomas, en las que a partir de ahora solo se desplegarán 30 –es decir, dos subgrupos– para dar el relevo a sus compañeros. El problema es que las dietas fijadas no son suficientes, por lo que en muchos casos esos costes deben ampliarse, mientras Interior aún baraja subir esas cuantías. La situación es tal que, según advierten las mismas fuentes, «se está barajando que otras salidas –es decir, otros despliegues de agentes en la península– se cancelen también porque no hay pasta».
El trabajo de las UIP resulta esencial en innumerables operativos, no solo en protestas y manifestaciones. Además de mantener y restablecer el orden público y la seguridad ciudadana e intervenir en situaciones de grave riesgo como catástrofes o desalojos, la labor de los antidisturbios resulta imprescindible en regiones como Ceuta y Melilla, donde también se encargan del control fronterizo y de apoyar en la lucha contra el crimen organizado y el terrorismo, en operaciones de gran calado. «Aunque apenas se ponga el foco en ello, lo cierto es que su trabajo es muy necesario», advierte un mando policial en conversación con este diario.
Sin plazo de finalización
Lo que genera más incertidumbre entre los mandos de la UIP es que Interior solo haya informado del plazo en el que finalizará esa reducción de efectivos si precisamente se debe a cuestiones operativas. «No encaja que se deba a esa razón, menos cuando se trata de un recorte de dinero tan importante. En definitiva, a las ciudades autónomas se va a enviar un 70% menos de agentes cuando la situación en Marruecos es ahora muy compleja», explican fuentes policiales.
La Policía arrastra desde este verano un problema importante con el pago de las dietas por carencia de fondos en las cajas pagadoras. Esto también supuso enormes problemas a la hora de afrontar gastos en otras unidades –como la Policía Judicial– o en comisarías –como la de la Jefatura de la Policía de Aragón–, donde los equipos de aire acondicionado empezaron a funcionar en agosto. En teoría, Interior inyectó in extremis una partida de 20 millones de euros para los gastos del cuerpo, pero «los recortes son una prueba de que algo no está funcionando bien», denuncian fuentes de los antidisturbios, con sede central en Madrid y 14 grupos desplegados en otras tantas ciudades españolas.
Una «seguridad embargada»
En un comunicado, la Unión Federal de Policía (UFP) criticó la decisión de reducir los efectivos y advirtió que detrás de las razones operativas que esgrimen las delegaciones de Gobierno en Ceuta y Melilla «se escondían recortes motivados por una situación económica precaria: la falta de recursos en las llamadas cajas pagadoras». «La seguridad está padeciendo un embargo por falta de financiación, las explicaciones del Ejecutivo son solo un disfraz».
Los pagos pendientes, los retrasos en la dotación de material esencial y las carencias presupuestarias en las cajas pagadoras, denunció la UFP, «han deteriorado sistemáticamente la operatividad de las unidades policiales». «El recorte de fuerzas en zonas tan sensibles demuestra que la seguridad ciudadana no está siendo tratada como prioridad, sino como variables de ajuste presupuestario. Cuando nos hablan de optimización de recursos, se omite que se está recortando lo esencial: vidas, eficacia y capacidad de actuación».
Fuentes policiales, por otro lado, advierten de la delicada situación que se está viviendo ahora en Ceuta ante un posible inminente salto masivo de inmigrantes en el vallado fronterizo. Al parecer, miles de subsaharianos se estarían agrupando en una zona boscosa, a unos 30 kilómetros de la ciudad autónoma, con el objetivo de llegar a territorio español en los próximos días, intentando aprovechar la coyuntura de protestas que hay en Marruecos. Según las fuentes policiales consultadas, la gendarmería marroquí «ha disminuido en gran medida la vigilancia y el control de la inmigración irregular» a causa del refuerzo de la seguridad que ha llevado a cabo en otras ciudades por las revueltas contra su monarquía y gobierno, lo que ha dado pie a que cientos de inmigrantes hayan alcanzado la frontera.