El Gobierno pagó un vuelo comercial a los dos etarras de la flotilla tras rechazar el avión militar

El Gobierno, a través de la embajada española en Grecia, gestionó la compra de billetes para vuelos comerciales a los integrantes de la flotilla deportados por Israel que se negaron a volver a España a bordo de un avión militar A400M del Ejército del Aire enviado previamente a Atenas. Exteriores optó por asumir sus exigencias y abonar a cargo del presupuesto público los traslados. Entre quienes se negaron a embarcar en la aeronave del Ala 31 se encontraban Itziar Moreno Martínez y José Javier Osés Carrasco, alias el Jotas, ambos con pasado en ETA y condenados por terrorismo. Tampoco quisieron embarcar en el avión del Ejército del Aire alrededor de una docena de activistas catalanes, algunos de ellos de la CUP. El Gobierno pagó los pasajes por adelantado y no exigirá el reembolso de su coste. Portugal, Suiza y otros países han anunciado que cobrarán a sus nacionales de la flotilla los gastos en los que han incurrido.

En círculos diplomáticos hay malestar y hasta indignación tras constatar que el Gobierno de Pedro Sánchez desplegó un catálogo de opciones ‘a la carta’ para que los activistas de la flotilla volviesen a España. Según ha podido confirmar THE OBJECTIVE, la embajada española en Grecia tramitó y pagó con fondos públicos los billetes de vuelta a España de 16 personas, todos ellos integrantes de esa flotilla interceptada por Israel, que fueron deportados la pasada semana en un vuelo desde Tel Aviv a Atenas.

El Gobierno tenía prevista ya desde días antes una operación de repatriación con el sello de Moncloa. Un movimiento de gran peso político que buscaba trasladar a la opinión pública que el Ejecutivo no sólo había enviado un buque de la Armada a proteger a la flotilla -a pesar de que navegó a 15 millas de distancia y siempre con orden de no intervenir-, sino que también los había traído de vuelta a casa. Con la primera oleada de deportados no funcionó: Exteriores pagó su billete de vuelta a Barajas y anunció públicamente que corría con los gastos, pero no pudo asumir institucionalmente el traslado.

En la segunda oleada, el Ejecutivo se propuso ser protagonista. El Ministerio de Defensa encargó el diseño de una operación tipo NEO (‘Non-combatant Evacuation Operation‘, Evacuación de No Combatientes) para recoger a los españoles que faltaban por volver, 28 en total. En un primer momento, se pensó que el vuelo les recogiese en Israel, pero Israel se negó porque quería dejar patente que habían sido expulsados vía deportación. El Gobierno de Benjamin Netanyahu confirmó poco después que los españoles restantes serían enviados a Atenas y allí ya estarían por sus medios. La embajada de Grecia se ocupó de recibirles y prepararles el vuelo en un avión militar A400M del Ala 31 que partió de Zaragoza a primera hora del lunes 6 de octubre.

Aquel vuelo, que fue adelantado por TO y llegó pasado el mediodía a Atenas, tuvo que esperar en el aeropuerto de la capital griega durante horas. Las que transcurrieron hasta la llegada del avión israelí en el que iban a bordo los españoles y un grupo de griegos también deportados tras su participación en la flotilla. Su orden inicial era recogerlos a todos, los 27 –una española se quedó detenida por morder a una enfermera–, pero durante la mañana les confirmaron un cambio de planes: sólo iban a volar en el avión militar alrededor de una docena de pasajeros. El resto se había negado a volar a bordo de una aeronave del Ejército español.

La negativa, aseguran fuentes diplomáticas a TO, cogió por sorpresa a los diplomáticos que gestionaban la repatriación. Sobre el terreno, ya en Atenas, una persona de la embajada española recibió a los deportados y les anunció que pronto estarían en casa, que un avión militar les esperaba en la pista, listo para despegar. La respuesta que obtuvo la embajada fue tajante: cuatro pasajeros vascos y una docena de catalanes, entre ellos integrantes de la CUP, se negaban de forma rotunda a montarse en el A400M y «exigían» –es el término que utilizan las fuentes diplomáticas consultadas– hacerlo un vuelo comercial. Y lo que más ha irritado: que el billete lo pagase la embajada.

En el caso de los activistas catalanes, al menos según su versión, fue el Gobierno de Salvador Illa el que asumió el coste de los billetes. En el caso vasco, coinciden en señalar varias fuentes consultadas por este periódico, fue directamente la embajada en Grecia por orden de Exteriores. Se pagaron cuatro billetes en un vuelo de Volotea que aterrizó en Bilbao poco después de las 11 de la noche.

De ETA a la flotilla

En el grupo de cuatro vascos que se negaban a volar en el avión militar se encontraban Itziar Moreno Martínez y José Javier Osés Carrasco. Ambos fueron miembros de ETA. La primera, conocida en la banda como Hodei, formó parte activa del llamado comando Basakatxu. No se le han acreditado delitos de sangre, pese a que la Policía le puso en la lista de los etarras más buscados en agosto de 2009 tras el asesinato de dos guardias civiles en Palmanova (Carlos Saenz de Tejada García y Diego Salva Lezaun). Colocó varias bombas en el País Vasco, una de ellas provocando heridas de seriedad a seis agentes de la Ertzaintza. Fue detenida después de huir de un control, en el que ella y un compañero –dos de los últimos pistoleros de ETA– dispararon e hirieron de gravedad a un gendarme. Fue condenada a 15 años de cárcel, pero cuando llevaba 11 cumplidos fue entregada a España y puesta en libertad unos meses más tarde.

José Javier Osés Carrasco, conocido en ETA como el Jotas, fue una figura importante en los últimos años de la banda, ayudando desde el aparato logístico a los comandos. En una carta enviada al tribunal que le juzgaba en Francia, reconoció «con orgullo la totalidad del recorrido de nuestra organización». Fue condenado a ocho años en 2012 y entregado a España en 2018, donde un año más tarde quedó en libertad.

Osés es actualmente profesor de Economía en el instituto Valle del Ebro en Tudela (Navarra). El pasado mes de julio, como informó TO, el Jotas firmó un manifiesto del ala dura de los presos de la banda terrorista en el que criticaron con dureza a José Antonio López Ruiz, alias Kubati, por pactar junto con otros miembros de la banda con la Fiscalía una condena que le eximía de entrar en prisión a cambio de reconocer que los ongi etorris que organizaba estaban mal y causaban daño a las víctimas.

Su nombre figura entre el centenar de firmantes del colectivo Aske Antolakundea, el ala radical de los presos de ETA que defiende la salida de prisión de los etarras encarcelados mediante una amnistía por los delitos cometidos en el pasado. «Han puesto en tela de juicio la legitimidad de la lucha por el País Vasco, lo que implica la criminalización de la lucha por la liberación del País Vasco», reprocharon a Kubati y al resto de integrantes de ETA que habían llegado a pactos con la Fiscalía.

Indignación diplomática

«Cuando despliegas un avión militar para una evacuación, con el coste que conlleva y las connotaciones políticas que eso tiene, no puedes luego plegarte a caprichos de si no vengo o no voy. No he visto algo semejante en toda mi vida profesional», explica a este periódico un diplomático conocedor de las gestiones con la flotilla con 30 años de servicio consular en el extranjero.

El malestar en círculos diplomáticos -también en la propia embajada griega que tramitó los vuelos de vuelta- es aún patente. De hecho, hay quien va más allá y entiende que la orden que se dio desde Madrid tiene difícil encaje legal. Al menos, en lo referente a la Ley de Defensa Nacional, que no contempla lo ocurrido como una operación de evacuación.

España es el único país que ha confirmado haber pagado con fondos públicos los billetes de vuelta a la flotilla de Gaza interceptada por Israel. El vecino Portugal ha anunciado que cobrará los vuelos a los activistas lusos, ya que fueron allí «por su propia responsabilidad», mientras que Suiza está enviando cartas a los diez integrantes de la flotilla en las que les pide devolver el coste de los billetes e incluso los gastos consulares en los que han incurrido.

THE OBJECTIVE trasladó el viernes una pregunta al Ministerio de Exteriores sobre si ha sido el Gobierno el que había pagado los billetes en vuelo comercial a estos activistas tras constatar su negativa a volar en el avión militar, pero al cierre de esta edición no se había obtenido respuesta por parte de la Oficina de Información Diplomática (OID).