La 'treta' con la que Interior elimina miles de delitos de las estadísticas policiales

THE OBJECTIVE publicó hace dos días que varios comisarios denuncian que el departamento de Fernando Grande-Marlaska maquilla las cifras de criminalidad para sostener el relato de un país seguro. Los datos oficiales, dicen esos comisarios, no reflejan la realidad que se vive en las calles. «El político, cuando habla de delincuencia, se ciñe a la estadística y no al problema real», advertía uno de ellos. La mecánica del engaño es conocida dentro del cuerpo: rebajar categorías, archivar denuncias, no abrir diligencias. Convertir el delito en un expediente fantasma. Así el Gobierno puede presumir de una tasa de criminalidad en mínimos históricos, mientras las okupaciones, los hurtos o las agresiones se disparan fuera del radar estadístico.

Y ahora, el mismo patrón se repite con las estafas por internet, el fenómeno criminal que más crece en el país y que menos figura en los informes oficiales. Miles de casos desaparecen cada mes antes de llegar a los registros con un simple formulario. Fuentes policiales consultadas por este periódico explican que han recibido la orden de que a los ciudadanos que acuden a comisaría tras sufrir una estafa cibernética les entreguen un documento para que no cursen una denuncia. Un impreso que los redirige a su banco. «A los afectados por estafas cibernéticas se les da un formulario para rellenarlo y se le remite a la entidad bancaria para que realicen la devolución del dinero estafado», confirman agentes en activo.

El procedimiento se repite en distintas provincias. El afectado llega a comisaría con su cuenta vaciada o con cargos no autorizados; el funcionario le explica que primero debe reclamar en su entidad financiera; y, cuando vuelve, le piden rellenar un formulario que «no reviste de carácter de denuncia». El resultado es que el caso no computa en las estadísticas de criminalidad. No hay número de diligencias, ni apertura de investigación. «En la mayoría de los casos cuela y los ciudadanos quedan conformes, después de que la entidad bancaria les haya devuelto los fondos estafados y, finalmente, no tramitan la denuncia», resume un policía. THE OBJECTIVE ha tenido acceso a esos formularios. Son documentos internos utilizados en comisarías de distintas regiones. En ellos, se indica expresamente que el trámite no equivale a una denuncia penal y que el ciudadano debe dirigirse a su banco para resolver el problema.

Delitos no registrados

La base jurídica de este procedimiento está en una norma aprobada al comienzo del mandato de Pedro Sánchez. El Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, establece que, en caso de una operación de pago no autorizada, la entidad financiera devolverá el importe de la operación de inmediato, salvo que pueda demostrar fraude o negligencia grave del usuario. No se trataría de una medida negativa si no se utilizara por parte del Ministerio del Interior como una maniobra para que los afectados no tramiten las denuncias por estos delitos con el objetivo de reducir criminalidad y, por tanto, las investigaciones sobre las bandas organizadas detrás de estos actos delictivos.

Sobre el papel, la medida protege al consumidor. En la práctica, se ha convertido en una coartada perfecta para rebajar la criminalidad. Si el banco devuelve el dinero, el ciudadano no siente la necesidad de denunciar. Y si no hay denuncia, el delito no existe para la estadística. Esto, que podría parecer una simplificación administrativa, se ha transformado —según denuncian mandos policiales— en una estrategia deliberada del Ministerio del Interior para evitar el crecimiento de las cifras. Menos denuncias, menos criminalidad. Menos criminalidad, más titulares complacientes.

El caso de las estafas digitales es el ejemplo más reciente. Los agentes reconocen que los fraudes en internet «se han disparado de forma desmesurada». Bandas organizadas operan desde el anonimato digital, pero los informes oficiales no lo reflejan. «Dicen que eso no se puede investigar porque es muy difícil dar con el autor. Pero si lo investigas, descubres que son grupos organizados», explicaba un comisario. «Tú investigas una estafa y de ahí se ramifica otro tipo de delitos, como usurpación de identidad. Pero si lo investigas, incrementas la estadística».

Esa es la paradoja que define hoy el trabajo policial: investigar es generar delincuencia. Cuantos más casos se descubren, peor queda la foto trimestral. Por eso, lo más cómodo es no mirar. El efecto de esta política se percibe con claridad en las unidades especializadas. Las plantillas dedicadas a delitos telemáticos están saturadas, pero su carga oficial no crece. Los casos reales superan con mucho lo que muestran las bases de datos. Miles de víctimas reciben el dinero de vuelta, pero nadie persigue a los autores.

Y eso tiene consecuencias graves. Al no existir denuncia, no hay investigación penal. Las redes criminales que operan desde el extranjero siguen activas, moviendo millones de euros al mes en fraudes digitales. «La calle está en manos de grupos y organizaciones criminales, bandas juveniles y un sinfín de perfiles delincuenciales que dominan el espacio público. Y lamentablemente la Policía Nacional queda relegada a la lucha contra la estadística de criminalidad, y, por tanto, contra la denuncia ciudadana», advertía recientemente un comisario a este medio.

Mientras tanto, el Gobierno sigue mostrando gráficos de criminalidad a la baja. «La tasa de criminalidad está ahora más baja que hace 15 años», presumía José Luis Rodríguez Zapatero en la televisión pública. Pero detrás de ese número hay una Policía que deja de investigar para no ensuciar la estadística. El problema, advierten los agentes, no es solo ético o institucional, es estructural. Un país que mide su seguridad por el color de una gráfica y no por la realidad de sus calles acaba construyendo una ficción. Y en esa ficción, el ciudadano vive más tranquilo… hasta que le toca ser víctima.