El Gobierno ignora el 15% de las peticiones de información del Consejo de Transparencia

El Gobierno de Pedro Sánchez ignora una de cada seis resoluciones del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) en las que se demanda información previamente solicitada por los ciudadanos. Según los datos que maneja el organismo independiente que busca garantizar el derecho de acceso a la información pública analizados por THE OBJECTIVE, en el primer semestre del año no se ha acreditado el cumplimiento ante el CTBG de 54 resoluciones.

Estas suponen el 11,3% de un total de 480. Además, hay que añadir 20 resoluciones más que han acabado en el contencioso-administrativo, ya sea por iniciativa de un ciudadano o de la Administración. Estas suponen el 4,2% del total. Desde 2022, los recursos en los juzgados suman 128.

Según el artículo 24 de la ley de transparencia, «frente a toda resolución expresa o presunta en materia de acceso a la información» podrá interponerse una reclamación ante el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, con carácter potestativo y previo a su impugnación en vía contencioso-administrativa.

Mientras, tanto la Administración como los ciudadanos y empresas pueden interponer recursos judiciales. En caso de las administraciones, porque no están de acuerdo con la resolución del Consejo de Transparencia en la que se les insta a dar la información que se negó en una solicitud de información al ciudadano o ciudadana. Por su parte, los ciudadanos pueden acudir a esta vía porque no están de acuerdo con la resolución del CTBG cuando, presentada una reclamación, se le da la razón a la Administración.

El recurso de los tribunales

El pasado agosto, la Audiencia Nacional respaldó que el Gobierno no entregase datos sobre el rescate a la aerolínea Air Europa durante la pandemia, al considerar que prima la confidencialidad de esa información sobre la Ley de Transparencia. La Sala de lo Contencioso rechazó un recurso del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno contra otra resolución del Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo Número 7, también de la Audiencia Nacional, que ya había dado la razón al Gobierno.

El caso acabó en los tribunales tras la decisión del Consejo de Transparencia de estimar parcialmente la reclamación presentada por un ciudadano e instó al Ministerio de Hacienda a que le remitiera información sobre ese rescate. Transparencia emplazó a facilitar la resolución del Consejo Gestor del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas por el que se aprobó el apoyo financiero temporal para Air Europa y el acuerdo de gestión en el que se incluyan los detalles y condiciones de la ayuda de 475 millones de euros concedida.

En 2022, la Audiencia Nacional dictó una sentencia que anuló una resolución del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, pidiendo información al Ministerio de Trabajo y Economía Social, en un recurso contencioso-administrativo. La sentencia revocó una decisión anterior de un juzgado y estimó el recurso, aunque no hubo pronunciamiento sobre las costas. La resolución fue finalmente anulada.

Opacidad vs. transparencia

Los datos analizados muestran 401 resoluciones han sido llevadas a los tribunales o ya tienen fallo judicial. La mayoría han tenido lugar en el ámbito nacional y solo 69 en el ámbito autonómico. Entre 2015 y junio de 2025, las resoluciones ignoradas por la Administración General del Estado (AGE) y las comunidades autónomas suman 1.280. Un total de 376 se dieron en el ámbito nacional.

El Ejecutivo marcó un nuevo récord de opacidad en los seis primeros meses del año tras denegar 370 solicitudes de información pública hechas por ciudadanos. La cifra supone que estas resoluciones han crecido en 154, un 71% más respecto de lo registrado entre enero y junio de 2024. El Ejecutivo se vuelve a confirmar como una de las administraciones menos transparentes.

Las solicitudes denegatorias reflejan que algún ministerio o institución pública ha rechazado o respondido de manera parcial (con evasivas y sin datos) la solicitud de información por parte de ciudadanos. La Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno se aprobó en 2013 para garantizar este derecho y «establecer las obligaciones de buen gobierno que deben cumplir las personas que ejercen una responsabilidad pública».

Seguridad nacional y confidencialidad

Las principales justificaciones para la denegación se basan en razones de seguridad nacional, defensa, relaciones exteriores y seguridad pública. Ocho de cada diez negativas tienen que ver con estas causas, que están recogidas en el artículo 14.1 de la Ley de Transparencia. El otro motivo tiene que ver con la no publicación de datos personales, que se contempla en el artículo 15 de la misma ley.

Las peticiones de información a los distintos ministerios no han parado de crecer en los últimos años. Lo han hecho en paralelo a la cada vez mayor opacidad de los diferentes departamentos y entes estatales. Esto ha provocado un récord absoluto de reclamaciones en el Consejo de Transparencia, que aumentaron un 31% en 2024 con respecto al ejercicio 2023. De los 137 requerimientos al CTBG, el 36,5% tuvieron como motivo el silencio administrativo. Es decir, los ministerios ni siquiera fueron capaces de dar una contestación al ciudadano que hizo la pregunta.