Leire Díez y Pérez Dolset alertaron al Banco de España de los riesgos de la opa del BBVA

Ocurrió el 17 de julio de 2024. El empresario Javier Pérez Dolset y la extrabajadora de Correos Leire Díez enviaron una carta a la subdirectora del Banco de España, Margarita Delgado, alertándole de las consecuencias que podía tener el éxito en la operación pública de adquisición (opa) del BBVA sobre el Banco Sabadell para sus accionistas. Habían pasado pocas semanas desde que, en el mes de mayo del 2024, se sucedieran dos hechos relevantes: primero, las dos reuniones en Ferraz a las que Pérez-Dolset y Díez asistieron con Santos Cerdán y Antonio Hernando para entregarles las grabaciones del caso Villarejo sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez; y segundo, el encuentro que los dos mismos actores mantuvieron en ese mismo mes en Madrid con un interlocutor del banco catalán con el objetivo de dinamitar la operación de compra del BBVA aireando las grabaciones subrepticias del comisario jubilado.

La carta a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE se gestó tras ese primer encuentro en Madrid en el que Díez y Pérez Dolset ofrecieron la información disponible sobre la contratación que llevó a cabo el banco de origen vasco del excomisario de la Policía Nacional, aunque la información «nunca se les llegó a facilitar», según fuentes cercanas. A la vista de ello, la militante socialista y el empresario que creó la asociación de afectados por el espionaje del comisario Villarejo remitieron tres cartas en nombre de los afectados: al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio banco Sabadell. La primera de ellas, cuya imagen ilustra esta noticia, se envió con el objetivo de «solicitar toda la información sobre las posibles responsabilidades penales, civiles y de idoneidad derivadas de las contrataciones del BBVA al comisario Villarejo. Todo ello con relación a las repercusiones que pudieran tener en la opa lanzada sobre las acciones del Banco».

La carta enviada al regulador es, según sus promotores, «la prueba fehaciente de que no se realizó ningún tipo de chantaje ni extorsión», habida cuenta de que se siguieron los cauces ordinarios y, por lo tanto, «es rotundamente falso que exigiéramos un millón de euros a cambio de la información sobre el BBVA y Villarejo». En la comunicación remitida por un despacho de abogados al Banco de España, Díez y Dolset trasladaban al regulador el «evidente conflicto de intereses» que suponía que el mismo despacho que ejerciera la defensa penal del BBVA en la causa del comisario Villarejo, Uría y Menéndez, hubiera sido contratado como asesor legal por el consejo de administración del Sabadell. Un hecho que, según los firmantes del escrito, «pretendía ocultar información sensible» para favorecer el proceso de absorción del banco, y sobre todo, paralizar durante más de un año la investigación judicial para no interferir en la opa al Sabadell. 

«La opa se hizo para tapar el caso Villarejo»

La iniciativa de esta triple comunicación era precisamente evidenciar que «la opa se ha hecho para tapar y posponer la investigación judicial del caso Villarejo». Según explican fuentes judiciales a este periódico, existe una regla no escrita según la cual no se emiten resoluciones judiciales relevantes cuando hay operaciones de gran impacto sobre compañías estratégicas, de manera similar a lo que ocurre en periodos electorales con el objetivo de no interferir en los resultados políticos. Tras el fracaso de la opa, ocurrido el pasado viernes, esa limitación desaparece, lo que permitirá a la Audiencia Nacional reactivar la causa contra el BBVA, desbloqueando un procedimiento que llevaba más de un año dormido.

Como desveló este periódico, Leire Díez y Javier Pérez Dolset se reunieron con Antonio Hernando y Santos Cerdán en la sede del PSOE en Ferraz en mayo del 2024, durante los cinco días de reflexión de Pedro Sánchez por la imputación de su esposa, Begoña Gómez. En ese encuentro se les entregó una memoria USB con numerosa documentación relativa a las actuaciones de las llamadas cloacas del Estado, con grabaciones inéditas como las conversaciones del comisario Villarejo sobre las saunas del suegro del presidente, Sabiniano Gómez. Entre las carpetas que se incluían en la memoria flash entregada en Ferraz 70, se incluía una carpeta sobre el BBVA y el Caso Villarejo. El pendrive fue recibido por Antonio Hernando, entonces adjunto al director de gabinete del presidente Óscar López. Cuando se le retornó el dispositivo electrónico a sus autores, de la memoria flash se había borrado el material relativo al BBVA.

Objetivo: dinamitar la OPA

En esa misma reunión también estaba Santos Cerdán. A diferencia de Hernando, el secretario de Organización del PSOE sí se alineó con los argumentos esgrimidos por Leire Díez y Pérez Dolset. Un año más tarde, en mayo del 2025, Cerdán envió a Pedro Sánchez dos informes con el contenido de las pesquisas realizadas por ellos mismos. Las notas de Cerdán daban el soporte argumental que ha desplegado durante todo el proceso el Gobierno, contrario a que la opa saliera adelante: «El BBVA afronta riesgos penales ignorados, con su correspondiente responsabilidad financiera, legales y reputaciones que se extenderían automáticamente al Banco Sabadell al completarse la opa», exponía en sus notas. «Además de la imputación penal del BBVA en el caso Villarejo por delitos de cohecho y revelación de secretos, quedan la mayor parte de los indicios y actividades ilícitas del BBVA por investigar, más allá del juicio que afronta».

«Se ha analizado en detalle la documentación del comisario jubilado José Manuel Villarejo, identificando tres grandes grupos de acciones acometidas por el BBVA. Estas acciones son incompatibles con la continuidad en su puesto del consejo de administración de, al menos, cinco miembros de este, incluido el propio presidente, Carlos Torres Vila», especifican las notas de Cerdán. En esas mismas anotaciones, el ex secretario de Organización abordaba la operación de espionaje que habría sido realizada sobre el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, dentro de la cárcel, con el objetivo de «justificar un falso complot para asesinar al entonces presidente Francisco González».