Pujol alega que padece demencia senil y pide no sentarse en el banquillo

La Audiencia Nacional ha ordenado a la Clínica Médico Forense de este Alto Tribunal que practique un examen médico al expresidente de la Generalitat, Jordi Pujol, para determinar si está en condiciones de asistir al juicio que comenzará el próximo 24 de noviembre. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el exmandatario catalán, de 95 años, ha alegado padecer demencia senil y encontrarse actualmente ingresado en una residencia. Su defensa sostiene que el deterioro cognitivo es severo y le impide comprender el procedimiento ni participar en su propia defensa.

No es la primera vez que en la causa Pujol se esgrime una dolencia de este tipo. Su esposa, Marta Ferrusola, ya fallecida, alegó una enfermedad neurológica similar —en su caso, un Alzheimer avanzado— que llevó a la Audiencia Nacional a declarar su inimputabilidad tres años antes de su muerte. Ferrusola falleció el 8 de julio de 2023, a los 89 años, tras haber quedado fuera del procedimiento por decisión del juez Santiago Pedraz, que archivó su parte de la causa al constatar que su estado mental hacía imposible su enjuiciamiento.

Ahora, el tribunal debe decidir si el patriarca del clan Pujol se encuentra en una situación comparable. La defensa del expresidente ha remitido al tribunal tres informes médicos recientes que describen su estado físico y cognitivo, con la intención de demostrar que no está en condiciones de soportar el estrés ni de comprender las actuaciones judiciales. A la vista de estos informes, la Sala de lo Penal ha solicitado que los especialistas forenses del propio tribunal valoren al exdirigente en persona y emitan un diagnóstico independiente. De las conclusiones de ese informe dependerá si Pujol puede comparecer y defenderse en el juicio por la presunta ocultación de fondos millonarios en Andorra, o si el procedimiento deberá ajustarse a su situación médica. En otras palabras, la Audiencia Nacional decidirá si el expresidente de la Generalitat se sienta o no en el banquillo.

Un juicio que llega 13 años después

La Fiscalía Anticorrupción solicita una pena de nueve años de prisión para Jordi Pujol por delitos de blanqueo de capitales y asociación ilícita, en el marco de una trama familiar que, según los investigadores, operó durante décadas ocultando dinero en el extranjero. Para sus siete hijos, las penas reclamadas oscilan entre ocho y veintinueve años de cárcel. El mayor, Jordi Pujol Ferrusola, es el que afronta la solicitud más alta, junto a multas millonarias.

Por su parte, la Abogacía del Estado ha optado por una posición más matizada. En su escrito de acusación no incluye al expresidente, pero sí reclama 25 años de prisión y una fianza de 7,7 millones de euros para su primogénito. En total, los Pujol están acusados de asociación ilícita, blanqueo de capitales, falsedad documental, delitos contra la Hacienda Pública y frustración de la ejecución. El procedimiento ha sido largo y complejo, como suele ocurrir con las macrocausas de corrupción. El llamado caso Pujol se inició en 2012 y no llegará a juicio hasta 13 años después. La mayoría de los implicados superan ya los 60 años y el principal acusado, el expresidente catalán, roza el siglo de vida.

El origen de la investigación se remonta a la denuncia presentada por María Victoria Álvarez, expareja de Jordi Pujol Ferrusola, que acudió a la Audiencia Nacional para relatar cómo su entonces pareja transportaba maletas y bolsas de dinero en efectivo a Andorra. Aseguró que esas operaciones tenían como destino cuentas opacas en el Principado y que el dinero provenía de comisiones vinculadas a negocios familiares y adjudicaciones públicas. El juez Pablo Ruz, titular entonces del Juzgado Central de Instrucción número 5, abrió diligencias centradas en los movimientos del hijo mayor, pero el caso pronto se amplió. En enero de 2013, el testimonio ampliado de Álvarez —en el que describió con detalle viajes a Andorra con billetes de 500 euros escondidos en el maletero— llevó a los investigadores a seguir el rastro del dinero hasta varias sociedades pantalla relacionadas con la familia Pujol.

La confesión que cambió la historia

El punto de inflexión llegó en julio de 2014, cuando el propio Jordi Pujol publicó una carta en la que reconocía haber mantenido una fortuna oculta en el extranjero durante más de 30 años. Alegó que se trataba de una herencia paterna que nunca declaró y que había permanecido depositada en Andorra «por motivos familiares». Aquella confesión, lejos de cerrar el caso, lo amplió: la Fiscalía Anticorrupción interpretó que esa fortuna era el resultado de años de cobro de comisiones ilegales y blanqueo de capitales. A partir de ese momento, las pesquisas se centraron en el entramado financiero del clan familiar. Los informes de la UDEF identificaron sociedades instrumentales, movimientos de fondos entre cuentas en Andorra y Suiza, y un patrimonio familiar difícil de justificar con los ingresos oficiales. Se calcula que la familia llegó a gestionar más de 30 millones de euros fuera de España.

El tribunal deberá ahora valorar si el nonagenario exmandatario está en condiciones de afrontar un juicio de tal magnitud. En caso de que los forenses confirmen la demencia, la Audiencia podrá declararlo inimputable. Fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que el informe médico forense será «determinante», dado que el tribunal no puede basarse únicamente en los documentos aportados por la defensa. «Es una cuestión de garantías», señalan: «Si se acredita una demencia senil que le impide entender el procedimiento, no puede ser juzgado».

En paralelo, el resto de los acusados —los siete hijos del expresidente— sí se sentarán en el banquillo el próximo 24 de noviembre, salvo que el tribunal decida aplazar la vista. A la espera del informe médico definitivo, el caso Pujol encara así su recta final más de una década después de estallar, con el patriarca de la familia intentando esquivar el banquillo de los acusados.