El Júcar mantiene en estudio o pendientes de licitar obras clave que evitarían nuevas riadas
La Confederación ha finalizado algunas actuaciones, pero otras, una en el barranco del Poyo, están en fases primarias

La Confederación del Júcar gastará 220 millones en reparaciones. | Ilustración de Alejandra Svriz
Más de un año después de la dana que devastó el área metropolitana de Valencia el 29 de octubre de 2024, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) mantiene aún «en fase de estudio y actualización» varios de los proyectos esenciales para reducir el riesgo de inundaciones en la cuenca del barranco del Poyo. La zona, una de las más expuestas del Arco Mediterráneo, sigue sin disponer de un sistema completo de detección y alerta temprana, a pesar de los compromisos adquiridos tras la tragedia.
La paradoja es que el Poyo es también una de las cuencas más analizadas de España. Desde principios de los años noventa, informes técnicos y planes de actuación de la CHJ advierten de su elevada peligrosidad. Pero, tres décadas después, los proyectos siguen sobre la mesa y la protección real continúa siendo insuficiente. El propio Ministerio para la Transición Ecológica reconoce que las actuaciones «requieren actualización de su estudio coste-beneficio», según figura en la ficha oficial del proyecto Adecuación ambiental y drenaje de la cuenca del Poyo.
También, según diferentes documentos de la Confederación del Júcar analizados por THE OBJECTIVE, está previsto que en los próximos meses se puedan aprobar técnicamente y licitar cinco proyectos planteados para la reducción del riesgo de inundaciones de la Ribera del Júcar.
Proyecto en la cuenca del Júcar
Estos proyectos cuentan con un presupuesto conjunto de 44 millones de euros, uno de cada cinco euros de la inversión total. Se trata de la adaptación al riesgo de inundación del barranco de Barxeta (Fase I y II) y la adaptación a la inundabilidad del barranco de la Casella y mejora de su capacidad. También está en cartera la ejecución de elementos estructurales de protección contra inundaciones del núcleo urbano de Cogullada y la zona de laminación natural en la confluencia de los barrancos Casella y Barxeta.
Tras la dana, el Ministerio para la Transición Ecológica autorizó 17 obras de emergencia con una inversión superior a 220 millones de euros. El objetivo era restaurar cauces, reconstruir márgenes e iniciar la mejora de infraestructuras hidráulicas dañadas. Según la CHJ, el 85% de las 570 actuaciones previstas están «finalizadas o en ejecución». En el barranco del Poyo, la inversión ronda los 46 millones de euros, con trabajos en Chiva, Torrent, Picanya y Paiporta para reforzar taludes y ampliar la capacidad de drenaje.

El sistema de alerta temprana
A estas actuaciones se añaden otros cinco millones destinados a la cabecera de la cuenca para mejorar el flujo hidráulico y limpiar los tramos colmatados de sedimentos. Son avances necesarios, pero no estructurales: responden a la reparación de daños, no a la prevención de nuevas crecidas.
Uno de los compromisos más relevantes tras la dana será la implantación de un Sistema de Alerta Temprana (SAT) que permita anticipar las crecidas mediante sensores, caudalímetros y modelización hidrológica en tiempo real. Sin embargo, la propia CHJ reconoció que el proyecto del SAT «tiene carácter piloto» y que la cobertura todavía es parcial. La licitación para su despliegue integral —valorada en 22,5 millones de euros— se encuentra en marcha, pero los trabajos no estarán operativos antes de 2026.
La dana se anticipó en Europa
Un año después de la histórica dana, la Confederación Hidrográfica del Júcar sigue sin implantar ninguno de los dos sistemas principales para la detección de inundaciones. La falta de sensores en varios afluentes, como el barranco de la Horteta, fue uno de los factores que agravó la riada de 2024. En ese tramo no existía ningún punto de medición. La ausencia de datos impidió anticipar el caudal real que se dirigía hacia los municipios del área metropolitana de Valencia.
La lentitud institucional contrasta con la anticipación de los sistemas internacionales. El Sistema Europeo de Concienciación de Inundaciones (EFAS) lanzó una alerta 48 horas antes de la dana. El aviso advertía de precipitaciones extremas en la cuenca del Júcar y riesgo alto de avenidas súbitas.
Alertas sin efecto
Sin embargo, el Gobierno minimizó la advertencia y no activó protocolos operativos hasta bastante tiempo después. Los servicios de emergencia locales recibieron la comunicación sin margen para actuar, lo que dejó a cientos de vecinos sin aviso previo y multiplicó el impacto de las lluvias. La secuencia expone la brecha entre la previsión científica y la acción política: la alerta existía, pero no se utilizó.
Mientras tanto, los eventos extremos se multiplican. Las lluvias torrenciales son más frecuentes e intensas. Y la cuenca del Júcar, una de las más densamente pobladas de España, sigue dependiendo de sistemas parciales y de alertas que no siempre se traducen en acción. El caso del Júcar es el reflejo de una gestión hidráulica que se ha vuelto endémicamente lenta e ineficiente. Las obras se planifican, se estudian, se revisan y se actualizan, pero rara vez se materializan en el momento adecuado.
