El 'dos' del ministro Torres mintió en el Congreso para salvarle y roza la imputación
Antonio Olivera, mano derecha del expresidente, podría haber incurrido en falso testimonio tras lo revelado por la UCO
Antonio Olivera y Ángel Víctor Torres. | Gobierno de Canarias
Los investigadores consideran que el canario Antonio Olivera, la mano derecha del ministro Ángel Víctor Torres durante casi siete años, es el «eslabón más débil» en la cadena de decisiones de alto nivel que llevaron al Gobierno canario a contratar mascarillas por 12 millones de euros con la empresa vinculada a Víctor de Aldama y Koldo García. Olivera es el que más expuesto queda a una posible imputación tras conocerse el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO). En él queda patente que él fue quien canalizó la oferta de Soluciones de Gestión y pidió acelerarla desde un primer momento.
Como viceconsejero de Presidencia y mano derecha de Torres, Olivera fue el contacto de Aldama para llevar la propuesta a los técnicos y el que más trabajó para sortear las trabas a la calidad de las mascarillas. Además, el informe deja patente que mintió ante la comisión de investigación del Congreso de los Diputados al asegurar que Torres «no estaba en los detalles de los contratos», pese a que él mismo discutía esos detalles con el presidente y este le urgía a acelerar los pagos a la trama. Ahora volverá a ser llamado por el Senado, y se le complica su futuro judicial.
«Como presidente, lógicamente, no está en los detalles ni de este contrato concreto ni de cualquier otro. Él lo que hacía, como tiene que hacer un presidente de una comunidad autónoma, era seguir los temas en general. Se preocupaba de que hubiera stock, de si había suficiente, para cuánto tiempo daba, pero, lógicamente, no estaba en los detalles de este contrato ni de ningún otro», explicó Olivera sobre el papel de Torres en los contratos de la pandemia durante su comparecencia el pasado mes de mayo en el Congreso de los Diputados. Por aquel entonces ya había presentado su dimisión como director del Gabinete del ministro, puesto al que Torres le había traído a Madrid.
«Ni el consejero ni el director de servicio estaban en los detalles de los contratos, estaba centralizado en la Dirección General de Recursos Económicos», apuntó Olivera. Su testimonio queda desacreditado por completo a la vista del último informe de la UCO, en el que aparecen mensajes en los que es él quien contacta con la directora de Recursos Económicos de Sanidad, Ana María Pérez, para trasladarle la proposición que le había hecho la firma vinculada a Aldama y decirle que debían «aceptar la oferta para poder hacer esta operación relativamente rápido». Todo a pesar de que los técnicos mostraban dudas por el precio, las condiciones, la calidad y la necesidad del momento —tenían mascarillas suficientes para dos meses—. De hecho, las facturas de Soluciones de Gestión se envían directamente a su correo.
En su declaración ante la comisión del Congreso, en la que estaba obligado a decir la verdad arriesgándose a ser procesado por falso testimonio, no solo salvó a su jefe Ángel Víctor Torres, sino que también describió una operativa en la compra de mascarillas que no se parece en nada a la que reflejan los mensajes ahora desvelados por la UCO. Según defendió en la Cámara Baja, solo se pagaba a los proveedores «previa comprobación del material». Es decir, cuando se revisaba una primera muestra de mascarillas y se comprobaba que todo estaba correcto y la calidad era la declarada.
«Da hasta miedo»
En el caso de Soluciones de Gestión, es Olivera el que urge a la directora general de Recursos Económicos de Sanidad a que todo se haga rápidamente. Solicita que una técnica analice la propuesta sobre la base de un documento que incluye siete características y una fotografía de las mascarillas.
De hecho, ni siquiera es real la imagen porque, como especifica la factura proforma enviada por la firma vinculada a Aldama, la fotografía es «de referencia», pudiendo tratarse lo entregado de un «modelo igual o similar». Cuando la técnica que debía validar la mascarilla recibió eso por correo electrónico, reaccionó con un «da hasta miedo». Luego confirmarían que muchas no servían para uso médico.
Además, se da la circunstancia de que Canarias no solo actuó de esta manera con el proveedor de Aldama, Koldo y Ábalos. Hasta en 14 ocasiones, en contratos por valor de 20,6 millones de euros, se anticipó el importe del material comprado antes de recibirlo y comprobar que era válido. Así se produjeron varios de los contratos fraudulentos que firmó el Gobierno canario de Torres.
Las presiones de Torres
Los mensajes que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha incorporado a su último informe del caso Koldo reflejan con claridad el papel determinante que jugó el actual ministro de Política Territorial y Memoria Democrática en la firma y ejecución del contrato de mascarillas con la empresa Soluciones de Gestión. En la cadena de decisiones, que se alargó durante meses, los mensajes de Torres y su número dos muestran prisa por cerrar el trato «rápido», acelerar el pago incluso obviando las comprobaciones técnicas de lo recibido o incluso amenazar a una funcionaria responsable de «torpedear» el abono millonario: «O lo soluciona o la levanto por el aire».
En vista de los mensajes de la UCO, no ha habido en toda la pandemia un proveedor sanitario en Canarias con un acceso tan directo a la presidencia del gobierno autonómico como lo fue Soluciones de Gestión. Torres llegó a involucrarse hasta el punto de pedir a Koldo García el CIF de la firma y el importe adeudado exacto, para que su equipo pudiese acelerar los pagos y permitir que la empresa cobrase. Mostraba, además, que estaba en contacto en todo momento con Olivera y que incluso le convocó a reuniones monográficas para resolver el problema de pagos a los de Aldama y Koldo.
«Me voy a cagar en todo»
Sin embargo, en ese idilio político-empresarial, surgieron ‘obstáculos‘: varios funcionarios «torpedearon» la buena marcha del negocio. Así lo definió el propio Torres en un mensaje enviado a Koldo en el que se comprometía, una vez solucionado el entuerto que duró meses, a buscar a los culpables. Tenían nombres y apellidos.
El primero, y principal, es el de Ana María Pérez, la directora general de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud (SCS). La persona que, en última instancia, debía dar por validado el material y ordenar su pago. Quien firmaba los contratos. «Me voy a cagar en todos los santos con la responsable económica. Y o lo soluciona o la levanto para el aire», señaló Torres a Koldo una vez que identificó el ‘problema’ que frenaba el negocio de la trama en Canarias.