Un tercio de los contratos covid del Gobierno de Torres se dio a empresas ajenas a la sanidad

Un demoledor informe de la Audiencia de Cuentas de Canarias —el equivalente en la comunidad al Tribunal de Cuentas nacional— ha dejado patente el descontrol de las adjudicaciones de material sanitario en las islas durante la pandemia. El máximo responsable del Gobierno canario en ese momento era Ángel Víctor Torres, actual ministro de Memoria Democrática. El trabajo de fiscalización, presentado hace un año, detalla numerosas irregularidades.

El Gobierno de Ángel Víctor Torres adjudicó durante la pandemia un tercio del importe de los principales contratos de emergencia a empresas sin experiencia ni objeto social relacionado con la venta de material sanitario. En total, estas empresas recibieron 34,7 millones a través de contratos de emergencia financiados con fondos europeos. Junto a esto, la fiscalización detecta adjudicaciones anómalas que suman decenas de millones de euros. Además, apunta a una relajación general de los controles que la ley exige incluso en situaciones de emergencia.

El informe, analizado por THE OBJECTIVE y que recupera relevancia tras el dosier de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre Torres, identifica entre las principales beneficiarias de los contratos bajo la lupa a Soluciones de Gestión, Injoo, RR7 United, Damco Trading Services y ACJ. Las cuatro primeras están siendo investigadas en diferentes causas abiertas en distintas instancias. Mientras, los responsables de ACJ tuvieron que acudir a la comisión de investigación del Parlamento canario sobre los contratos de material sanitario en pandemia.

Las preferidas del Gobierno de Torres

Tres de estas empresas —Soluciones, Injoo y RR7— no figuraban además inscritas en el Registro Oficial de Licitadores (Rolece) y carecían de experiencia o de objeto social vinculado a la actividad sanitaria. Pese a ello, concentraron una parte sustancial de los contratos más cuantiosos del Servicio Canario de la Salud (SCS).

Según el órgano fiscalizador, estas empresas «no acreditaron solvencia técnica ni profesional», requisito que la Ley de Contratos del Sector Público considera esencial incluso en la tramitación de emergencia. La Audiencia de Cuentas alertaba de que esa falta de control «incrementa el riesgo de que los productos adquiridos no cumplan los requisitos mínimos de calidad» y consideraba que algunas adjudicaciones podrían incurrir en causa de nulidad.

El propio informe subrayaba que la legislación excepcional aprobada en marzo de 2020 no suprimía las garantías esenciales del sistema de contratación pública. El artículo 120 de la Ley de Contratos del Sector Público, recordaba la Audiencia, permitía actuar de forma inmediata y realizar abonos a cuenta o libramientos de fondos para atender las necesidades sanitarias. Sin embargo, no eximía a las administraciones de justificar el uso de este régimen, rendir cuentas o acreditar la solvencia de los contratistas. Según el documento, «esta flexibilización procedimental no puede significar la ruptura y debilitamiento del resto de garantías establecidas en la legislación contractual».

Los contratos en Canarias

La Audiencia admitía la magnitud del contexto: la pandemia asoló todos los niveles de la administración, colapsó los mercados y obligó a comprar material en condiciones extremas. Sin embargo, el informe subraya que el Gobierno de Canarias «debió compatibilizar la urgencia con el cumplimiento de los principios básicos de legalidad y eficiencia», algo que, según sus conclusiones, no ocurrió en numerosos expedientes.

En el caso de RR7 United, la auditoría describe una cadena de incumplimientos: el contrato fue rescindido, se ordenó el reintegro de los anticipos y se activó la vía ejecutiva a través de la Agencia Tributaria Canaria. Soluciones de Gestión e Injoo, por su parte, figuran entre las cuatro compañías que más facturaron al SCS —más de un 23% del total adjudicado—. Pese a todo, no consta que acreditaran solvencia ni que tuvieran experiencia previa en suministros médicos. Damco y ACJ completan el grupo con operaciones que superaron los umbrales de autorización sin la preceptiva validación del Gobierno autonómico.

Irregularidades y falta de control

La fiscalización detectaba además un funcionamiento anómalo dentro del Ejecutivo canario. En lugar de activar el comité de emergencias previsto por decreto, se creó un «grupo de trabajo de hecho, que no de derecho», cuya existencia nunca se formalizó. Esta estructura paralela asumió la tramitación de los contratos más voluminosos del SCS, lo que, según la Audiencia, «debilitó las líneas de control interno y la transparencia del proceso».

En conjunto, las conclusiones dibujan una imagen de gestión apresurada, marcada por la presión de la pandemia, pero también por una evidente falta de rigor administrativo que benefició a intermediarios sin especialización sanitaria. El contexto fue excepcional, pero hubo quienes aprovecharon la urgencia para operar al margen de los controles públicos.