La Policía alerta del auge de los asentamientos ilegales de extranjeros sin papeles en Pamplona

El caso de la nueva manada de Pamplona, los cuatros hombres de origen magrebí imputados por agredir sexualmente a una joven en las inmediaciones de la carpa universitaria, ha reabierto el debate sobre la creciente inseguridad ciudadana en algunas zonas de la capital navarra. Tres de los cuatro presuntos implicados tenían un expediente en trámite para abandonar el país por su situación irregular, y todos ellos vivían en uno de los numerosos asentamientos ilegales que hay repartidos por Pamplona y en los que, según fuentes policiales, viven más de un centenar de ciudadanos extranjeros sin papeles. 

La inspección de uno de estos campamentos fue clave a la hora de detener a los cuatro individuos, de entre 25 y 36 años, habida cuenta de que los agentes de la Policía Municipal hallaron en unas tiendas de campaña prendas de la víctima días después de la violación. Los detenidos, actualmente en prisión provisional, dejaron a la chica semiconsciente en la zona de la Universidad y le robaron varias pertenencias, entre ellas, el teléfono móvil. Fuentes policiales alertan del auge de este tipo de asentamientos, en los que reina la insalubridad y la inseguridad, con frecuentes intervenciones policiales de todo tipo: robos con violencia, apuñalamientos y agresiones. 

Hay cuatro campamentos en distintas zonas de la ciudad, todos ellos habitados por inmigrantes en situación irregular. Según fuentes policiales, proceden en su mayoría del País Vasco, donde encuentran más trabas burocráticas para empadronarse y regularizar su situación. La mayoría provienen de Argelia o de Marruecos. La Policía ha identificado campamentos de este tipo en una zona próxima al estadio El Sadar; en el edificio en desuso donde estaba la antigua ikastola Jaso; en las inmediaciones del Puente de las Oblatas y otro en la Piscina de Aranzadi, además del que habitaban los cuatro imputados por la agresión sexual, en el Camino del Seminario y próximo a la ribera del río Arga.

El Ayuntamiento no se hace cargo

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario del cuerpo en Navarra, critica que el Ayuntamiento se lave las manos con este problema y advierten de que no es una competencia del Consistorio, cuando, en realidad, la Ordenanza Municipal «refleja que los asentamientos ilegales están prohibidos y se consideran una falta grave». Ante la falta de soluciones, esta organización sindical asegura que tanto estos asentamientos ilegales como el número de delitos que se cometan allí crecerán exponencialmente. 

En un comunicado, el citado sindicato recoge testimonios de residentes que afirman «sentirse inseguros y vivir con miedo».  Señalan que algunas personas procedentes de los asentamientos acceden a terrenos privados y que se han producido robos y altercados. «Hay vecinos aterrorizados; muchos temen por sus hijos cada vez que salen a la calle», ha manifestado un vecino a uno de los policías que realiza intervenciones a menudo en torno a los asentamientos ilegales.

Falta de medios y triple de intervenciones

Por otro lado, el SUP también hace hincapié en la grave situación que atraviesen los agentes destinados en Pamplona, quienes han visto triplicado su volumen de trabajo en los últimos meses sin que haya un incremento proporcional ni de medios materiales ni de efectivos humanos. «Los policías se enfrentan a continuas intervenciones en condiciones de riesgo y una creciente presión derivada del aumento de delitos y conflictos en determinadas zonas de la ciudad». 

Esta situación, prosiguen, «no solo pone en peligro la seguridad de los propios policías, sino también la de los ciudadanos a los que protegen». Por este motivo, el sindicato va a reclamar una «actuación inmediata» por parte del Ayuntamiento de Pamplona y del Gobierno de Navarra, para frenar un problema «que sí compete a las instituciones navarras». «Si no se pone solución irá creciendo de manera descontrolada haciendo que los ciudadanos paguen las consecuencias de esta omisión sin precedentes que estamos viviendo». 

Investigación policial

Como ha publicado recientemente este periódico, los móviles de los cuatro detenidos por la agresión sexual a la joven universitaria fueron incautados tras su arresto y analizados en dependencias policiales con el objetivo de comprobar si alguno de ellos había grabado los hechos o compartido material sensible. La búsqueda, que incluyó el análisis de las galerías, mensajes, aplicaciones de mensajería y almacenamiento en la nube, no ha arrojado resultados relevantes hasta la fecha.

Los investigadores de la Policía Municipal consideran esta ausencia de grabaciones un dato significativo, dado que en otros casos recientes de violaciones grupales la obtención de vídeos había sido determinante para aclarar los hechos y demostrar la participación de los implicados. En este caso, la investigación deberá apoyarse principalmente en las pruebas biológicas recogidas en la escena, las declaraciones de los testigos y los análisis de ADN pendientes. Las muestras genéticas, obtenidas tanto en la víctima como en el entorno en el que se produjo la agresión, están siendo analizadas en los laboratorios forenses para determinar con precisión la implicación de cada uno de los acusados. Hasta que los resultados no se incorporen al sumario, la jueza mantiene el secreto parcial de las actuaciones.