EEUU prepara una ley contra el espionaje chino que castigará a España por tratar con Huawei

La Administración Trump pasa de la defensa al ataque con el espionaje chino, al que señalan como la mayor amenaza del momento para su comunidad de inteligencia. Para 2026, Estados Unidos tiene previsto aprobar y aplicar una nueva ley de contrainteligencia cuyo objetivo es frenar la actividad de los servicios chinos en su territorio y especialmente su infiltración en el Gobierno o en las distintas agencias de inteligencia norteamericanas. Con la llegada de la ley Secure (siglas en inglés de Ley de Mejora Estratégica de la Contrainteligencia y Unificación de los Esfuerzos de Reforma) se tomarán medidas concretas hacia las empresas vinculadas al Estado chino y a los órganos del Partido Comunista Chino, como el caso de Huawei. En el Gobierno de Pedro Sánchez ya se da por hecho que traerá problemas para España, que mantiene contratos abiertos con la firma china en el sistema de escuchas Sitel, en la red de comunicaciones y videoconferencias del Ejército del Aire e incluso hasta en Hacienda. Hecho, este último, que acaba de ser denunciado al Departamento del Tesoro de EEUU.

En Moncloa se respiró con cierto alivio al comprobar el pasado mes de septiembre que Estados Unidos no iba a tomar decisiones drásticas contra España —al menos en aquel momento— por el asunto de Huawei y Sitel. Fue la comisión de inteligencia del Congreso y el Senado estadounidense la que advirtió a las agencias y a la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, de que España había contratado a la empresa china para suministrar el almacenamiento al sistema de escuchas policiales. Su carta se basaba en la información —que citaba— sobre esos contratos desvelada por THE OBJECTIVE.

Pese a que la comisión reclamó a Gabbard que interrumpiese el flujo de inteligencia con España, la decisión no ha llegado a cristalizar. Según analizan fuentes gubernamentales vinculadas a la inteligencia española, en Washington «hay una clara diferencia entre la contundencia con la que hablan los políticos y la tendencia de las agencias a no castigar a otras agencias amigas extranjeras por los pecados de sus dirigentes políticos. Y el CNI o el Cifas tienen esta consideración». Es decir, que ni a la CIA ni al FBI ni a la NSA les interesaría interrumpir esa comunicación con sus contactos en España pese a que Huawei represente un potencial riesgo. Pero eso, dicen, cambiará con la ley Secure.

Esa nueva legislación, en la práctica, creará un nuevo organismo dedicado a coordinar el contraespionaje de las agencias. Y entre sus cometidos o atribuciones estará decidir si se corta o suspende la colaboración con organismos extranjeros que puedan estar bajo espionaje. Solo con que exista el riesgo, explican las fuentes consultadas, Estados Unidos ya podría cortar esa colaboración. De hecho, estarán prácticamente obligados a ello.

Nueva ley antiespías

El Congreso de Estados Unidos ya prepara esa transformación de su aparato de contrainteligencia de cara a 2026 mediante un proyecto de ley que busca superar la «fragmentación operativa» que, según las autoridades, ha provocado vulnerabilidades que han aprovechado el espionaje chino y ruso. Bajo el título provisional de Strategic Enhancement of Counterintelligence and Unifying Reform Efforts Act, o Secure Act, la iniciativa pretende redefinir el modo en que el país detecta, persigue y neutraliza las amenazas de espionaje extranjero.

La nueva legislación contempla como pilar central la creación de un nuevo centro nacional de contrainteligencia bajo el ámbito de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia (ODNI), que reemplazaría al actual National Counterintelligence and Security Center (NCSC). Este organismo tendría autoridad para coordinar las actividades de las diversas agencias —entre ellas el FBI, la CIA, la NSA, la DIA (Agencia de Inteligencia de la Defensa) y todas sus ramas de inteligencia militar— con el fin de fijar doctrina, prioridades y ejecutar actividades ofensivas de contrainteligencia.

Otro elemento destacado es que la reforma pretende cambiar la definición operativa de la contrainteligencia: de un enfoque mayormente defensivo, centrado en la detección y el bloqueo, hacia uno activamente ofensivo, con la capacidad de disuadir, interrumpir, investigar y explotar operaciones extranjeras de inteligencia. En la práctica, esto implicaría que Estados Unidos no solo tratará de detectar espías, sino también de emplear otras tácticas, como agentes encubiertos, señuelos o seguimiento de infiltrados, para ganar la iniciativa frente a los servicios de inteligencia adversarios.

La medida también contempla reforzar la supervisión del daño causado por operaciones de espionaje, algo que hasta ahora, según las críticas parlamentarias, se reducía a que las agencias trataban de minimizar las consecuencias de ser espiadas para restar importancia a sus errores. En este sentido, la reforma pretende que el nuevo centro tenga acceso directo para evaluar y reportar penetraciones y pérdidas de información sensibles.

Finalmente, los impulsores del proyecto señalan que a pesar de que el foco está puesto en China, fuente de la mayor actividad de espionaje en Estados Unidos actualmente, también se dirigirá a otros actores como Rusia, Irán, Corea del Norte y Cuba.