El Gobierno llega tarde a su campaña para celebrar el 47º aniversario de la Constitución
Presidencia cancela un concurso de 175.000 euros para publicitar la Carta Magna tras recibir 18 ofertas de agencias
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, recibe a Pedro Sánchez a su llegada al Senado. | EFE
El Gobierno de Pedro Sánchez no celebrará, al menos con la campaña institucional prevista, el 47º aniversario de la Constitución Española. La Junta de Contratación del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha acordado no adjudicar el contrato destinado al diseño y la estrategia creativa de esa campaña, valorado en 175.000 euros (IVA incluido), alegando «falta de tiempo suficiente» para garantizar una ejecución adecuada antes de las fechas previstas de emisión, del 1 al 11 de diciembre.
El expediente fue tramitado como procedimiento abierto sujeto a regulación armonizada y atrajo una notable concurrencia: 18 empresas del sector publicitario y de comunicación presentaron ofertas, según la documentación oficial publicada en la Plataforma de Contratación del Sector Público. De acuerdo con el contrato al que ha accedido THE OBJECTIVE, entre las firmas que mostraron interés figuran nombres consolidados. Torres y Carrera, Trescom Comunicación, Disset Consultores, Entretanto Lab, Cúrcuma Estudio y La Máquina de Humo estaban entre los aspirantes.
Sin embargo, pese al interés empresarial y a la relevancia institucional del proyecto, la Junta acordó anular el procedimiento antes de adjudicarlo. En el acuerdo adoptado el 14 de octubre de 2025, el órgano colegiado del Ministerio concluye que los plazos administrativos —ya avanzados en otoño— hacían imposible ejecutar la campaña con las garantías mínimas exigibles. La renuncia se publicó el pasado viernes día 7 de noviembre.
Resaltar la Constitución
«La falta de plazo suficiente impediría el desarrollo adecuado de las fases creativas, de validación y de producción», recoge el acta. En el comunicado se advierte de que una eventual adjudicación «podría derivar en una ejecución deficiente y en un uso ineficiente de los recursos públicos».
El documento invoca el artículo 152.3 de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP), que permite renunciar a adjudicar por razones de interés público. En este caso, la «imposibilidad sobrevenida» de cumplir el calendario se considera motivo suficiente para abortar el proceso.
La consecuencia práctica es clara: el Gobierno llega tarde a su propia campaña de conmemoración del 47º aniversario de la Constitución. La campaña, prevista como una de las acciones más visibles de comunicación institucional del año, queda suspendida sin alternativa ni margen para una nueva licitación.
Fallo de planificación
El contrato —que debía desarrollarse en un máximo de dos meses desde la firma— fue licitado a finales de junio, con el verano por delante y el calendario electoral y presupuestario apretando los márgenes de actuación. La Administración conocía desde el principio las fechas clave de la campaña; anular ahora por falta de tiempo refleja más un fallo de planificación que un imprevisto real.
La Junta de Contratación subraya que la medida «salvaguarda el principio de eficiencia en la gestión de los fondos públicos» y evita que una campaña mal planificada derive en un gasto ineficaz. Pese a ello, el impacto de la decisión no es menor: 18 licitadores dedicaron recursos y esfuerzos a un procedimiento que finalmente queda desierto, sin posibilidad de relanzarlo «mientras subsistan las razones alegadas».
La paradoja de la «campaña de la Constitución»
La anulación llega, además, en un contexto políticamente sensible. La campaña constitucional, que suele emitirse en diciembre para conmemorar la aprobación de la Carta Magna de 1978, es uno de los símbolos de consenso institucional que el Ejecutivo acostumbra a destacar.
El año pasado, el 46º aniversario coincidió con las negociaciones de investidura y la aprobación de la ley de amnistía, lo que elevó la carga política del mensaje. En 2025, el Gobierno aspiraba a «reivindicar los valores democráticos y la unidad constitucional», según los borradores del pliego técnico.
El contrato tenía por objeto el diseño de la creatividad, la estrategia y las piezas audiovisuales y gráficas para televisión, radio, prensa y redes sociales. No contemplaba la compra de espacios publicitarios —que se licita aparte—, sino la parte conceptual y de producción. La imposibilidad de adjudicarlo a tiempo deja la conmemoración del 47º aniversario sin soporte creativo institucional.
Los objetivos de la campaña frustrada
Cada 6 de diciembre, la conmemoración del referéndum constitucional se ha convertido en una fecha simbólica para las instituciones y el conjunto de los ciudadanos. En cumplimiento de esas competencias, la Secretaría de Estado ha desarrollado en 2023 y 2024 dos campañas publicitarias dirigidas especialmente al público joven, con el objetivo de visibilizar los valores democráticos, los derechos y libertades consagrados en la Constitución y de reforzar su vigencia en un contexto político y social cambiante.
La campaña anulada de 2025 —bajo la denominación 47 aniversario de la Constitución Española— pretendía continuar esa línea de comunicación institucional. Con ella, el Ejecutivo aspiraba a mantener la narrativa de continuidad y pedagogía constitucional, proyectando un mensaje de unidad y convivencia democrática. Sin embargo, el retraso en la tramitación administrativa ha truncado esa iniciativa, dejando en suspenso una de las principales acciones simbólicas de la Secretaría de Estado para este ejercicio.
Conexión emocional y pedagógica
Según la documentación oficial del expediente, la campaña del 47 aniversario de la Constitución Española tenía como finalidad «promover, difundir y acercar la Constitución a la sociedad española», además de conmemorar la efeméride del 6 de diciembre. El proyecto pretendía reforzar la conexión emocional y pedagógica entre la Carta Magna y la ciudadanía, en un momento en que el debate constitucional ha vuelto al centro del discurso político.
El pliego técnico precisaba que la iniciativa debía acercar el texto constitucional a la población y subrayar su vigencia y su papel como garante de los derechos y libertades actuales. Entre los objetivos figuraban «consolidar la idea de que los derechos de los que disfrutamos hoy —y los que aún demandamos— están presentes en la Constitución», y «contribuir a que la población la perciba como un instrumento útil y representativo». En esencia, la campaña aspiraba a presentar la Constitución como una aliada contemporánea, capaz de ampliar derechos y mejorar la convivencia democrática.