El PP denuncia en Bruselas los 22 millones en fondos UE a la empresa de la pareja de Albares
Consideran que puede haberse producido un «conflicto de intereses» en la concesión de la subvención
José Manuel Albares. | EFE
Un «posible conflicto de intereses y utilización irregular de fondos del NextGenerationEU» tras la ayuda de 22 millones de euros concedida a la empresa de la que vicepresidenta Therese Jamaa, pareja sentimental del ministro de Exteriores, José Manuel Albares. Eso es lo que ha denunciado el PP en el Parlamento Europeo, a través de una pregunta registrada para que se pronuncie la Comisión Europea sobre este asunto. En base a la información publicada por THE OBJECTIVE, los populares exigen conocer si la subvención entregada por el Gobierno español se ajusta a los principios de «transparencia e imparcialidad».
El pasado 22 de octubre, las bases de datos de Hacienda registraron la concesión de la ayuda a Openchips con un presupuesto total de 22 millones de euros en total, dividida en dos anualidades de 11,1 millones de euros. Una entrega dineraria sin contraprestación.
Según refleja el documento de concesión de la ayuda, «el beneficiario está obligado a destinar la subvención exclusivamente para la realización de la actividad para la que le ha sido concedida». Además, en el informe de resolución se establece que «al tratarse de subvenciones cofinanciadas con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, las entidades beneficiarias deberán cumplir las obligaciones, europeas y nacionales, relativas a esta financiación, de acuerdo a lo recogido en el referido precepto».
La ayuda la concedió el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El desembolso no ha tenido que pasar por el Consejo de Ministros, por lo que Albares no ha tenido que inhibirse en la decisión de subvencionar a la empresa de la que es directiva desde 2024 su pareja.
Según especifica el PP en esa pregunta, registada por la eurodiputada y vicepresidenta del PPE, «esta ayuda no pasó por el Consejo de Ministros, pero ello no exime —según el artículo 61 del Reglamento Financiero (UE 2018/1046), el artículo 22 del Reglamento (UE) 2021/241 y el artículo 41 de la Carta de Derechos Fundamentales— de la obligación de prevenir y evaluar conflictos de intereses cuando exista vínculo personal directo entre decisores públicos y beneficiarios».
«¿Considera la Comisión que la ausencia de intervención del Consejo de Ministros excluye el deber de evaluar conflicto de intereses?», pregunta el PP Europeo a la Comisión, señalando igualmente si tiene previsto la Comisión «activar alguna acción para verificar si la asignación de estos fondos se ajusta a los principios de transparencia, imparcialidad y buena administración exigidos por el Derecho de la Unión».
Otras ayudas
Openchips está participada por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que depende igualmente del Ministerio de Universidades y de la Generalitat de Cataluña. Con sede central en Barcelona y oficinas en Madrid, Italia, Polonia y Bélgica, la firma se dedica a «desarrollar tecnología de microprocesadores y garantizar la soberanía digital europea». Según aseguran, «las soluciones de Openchip permiten acelerar la investigación en genómica, ciencia climática, astrofísica, energía, aeroespacial y simulaciones avanzadas, impulsando una transformación social de alto impacto».
No es la primera vez que la firma recibe una cuantiosa ayuda pública. Ya había recibido una subvención en 2023 por valor de 111 millones, solo siete meses antes de la incorporación de Jamaa. Un año antes, únicamente declaraba tener un empleado. De hecho, ese ejercicio de 2022 lo cerró con unas pérdidas de 67.500 euros y no tuvo ingresos financieros. Openchip se constituyó en noviembre de 2021 con un capital social de apenas 3.214 euros.
La ayuda la concedió el Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI) dependiente del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. El desembolso no ha tenido que pasar por el Consejo de Ministros, por lo que Albares no ha tenido que inhibirse en la decisión de subvencionar a la empresa de la que es directiva desde 2024 su pareja.
La pareja de Albares
La ejecutiva de origen libanés Therese Jamaa nació en Beirut, hija de padre libanés y madre armenia. A los ocho años, su familia huyó de la guerra en el país y se refugió en París. Profesionalmente, Jamaa ha desarrollado su carrera en el sector de las telecomunicaciones y la tecnología.
Tras sus inicios en marketing y desarrollo de negocio en compañías como Sema Group-Schlumberger, pasó a ocupar tareas directivas en Vodafone (como directora de ventas para sur de Europa, Oriente Medio y África) y en Qualcomm Europe durante más de una década.
Más adelante, fue directora general de GSMA, la patronal global de operadores de telecomunicaciones, antes de fichar en 2022 por Huawei España como vicepresidenta, cargo que dejó en mayo de 2023 para emprender «nuevos retos profesionales». Su paso por la firma china fue polémico, ya que en esos años el Gobierno tomó varias decisiones estratégicas para la empresa, especialmente sobre su inclusión en desarrollo del sistema del 5G español. Su pareja, el ministro Albares, no se inhibió en las reuniones del Consejo de Ministros que trataron estos asuntos.
Openchips está participada por el Centro Nacional de Supercomputación de Barcelona, que depende igualmente del Ministerio de Universidades y de la Generalitat de Cataluña. Con sede central en Barcelona y oficinas en Madrid, Italia, Polonia y Bélgica, la firma se dedica a «desarrollar tecnología de microprocesadores y garantizar la soberanía digital europea». Según aseguran, «las soluciones de Openchip permiten acelerar la investigación en genómica, ciencia climática, astrofísica, energía, aeroespacial y simulaciones avanzadas, impulsando una transformación social de alto impacto».