Igualdad informa de otro fallo en las pulseras del sistema de control de maltratadores
Según el Ministerio, el fallo se originó en un rúter que distribuye los mensajes a distintas plataformas
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. | Javier Lizón (EFE)
El Ministerio de Igualdad ha activado este martes, junto con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, el protocolo de protección para las víctimas que emplean el dispositivo electrónico del sistema telemático encargado de vigilar el cumplimiento de las órdenes de alejamiento en casos de violencia de género y violencia sexual, debido a una incidencia detectada en Cometa.
Según una comunicación del Ministerio, la titular de Igualdad, Ana Redondo, y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Carmen Martínez-Perza, han mantenido contacto con la UTE Vodafone-Securitas, responsable del servicio, «personándose incluso en la Sala Cometa, para conocer de primera mano la evolución de la incidencia». Tras analizar las alternativas técnicas, se ha concluido que el fallo se originaba en un rúter que distribuye los mensajes a distintas plataformas en función del tipo de alerta.
El origen de la incidencia está, por tanto, en un rúter que reparte los mensajes según la tipología de aviso. Aproximadamente el 10% de esos avisos están provocando fallos repetidos que saturan el sistema; no obstante, el restablecimiento de la normalidad está ya en marcha.
4.500 hombres
Este sistema gestiona las pulseras de control telemático que permiten ubicar en tiempo real a los agresores con órdenes de alejamiento, con el fin de salvaguardar a las mujeres —que también cuentan con un dispositivo— y registrar cualquier posible incumplimiento. Por otro lado, el botón de pánico que emplean las víctimas continúa funcionando con normalidad, según informa El País.
En España, actualmente hay más de 4.500 hombres utilizando estos dispositivos. Un problema reciente en su funcionamiento ha situado el foco sobre estas pulseras, en uso en el país desde 2009. No existe constancia de que alguna mujer haya sido asesinada mientras contaba con uno de estos sistemas de protección. Desde su puesta en marcha, un total de 21.036 mujeres los han usado en algún momento.
Las pulseras se activan por orden judicial: se coloca un dispositivo en la muñeca o tobillo del agresor que debe mantener una distancia mínima de la víctima, ya sea por condena o por estar pendiente de sentencia. Manipular la pulsera supone una sanción económica. Además, el incumplimiento de la orden de alejamiento, contemplado en el artículo 468 del Código Penal, puede implicar penas de prisión de entre seis meses y tres años cuando la persona protegida es víctima de violencia de género.
La víctima recibe un teléfono inteligente que lanza una alerta en caso de que el agresor se acerque vulnerando la orden. El objetivo es garantizar su seguridad, dejar constancia de posibles infracciones y disuadir al agresor de saltarse las restricciones impuestas por la justicia.
Hace un mes se denunció otro fallo similar en estas pulseras. En 2023, cuando el servicio pasó de manos de Telefónica —que lo subcontrataba con Securitas Direct— a la UTE formada por Vodafone y Securitas, se produjo un problema en la transferencia de datos entre proveedores. Ese error impidió conocer durante varios meses los movimientos de algunos agresores antes del 20 de marzo de 2024, lo que, según la Fiscalía General del Estado, supuso una «potencial desprotección de las víctimas», tal como recoge su memoria anual más reciente.