Torres dio 45 millones en contratos a dedo y con fondos UE a cinco empresas investigadas

El Gobierno de Canarias, presidido por Ángel Víctor Torres entre julio de 2019 y el mismo mes de 2023, adjudicó durante la pandemia una veintena de contratos a dedo, tramitados de emergencia y valorados en 45 millones de euros, a cinco empresas que posteriormente han sido investigadas en diferentes instancias. A estos 45 millones se pueden añadir 17,6 millones más, que son los que recibió una empresa -ACJ- cuyos ejecutivos tuvieron que comparecer en la comisión de investigación del caso Mascarillas del Parlamento canario.

Un análisis exhaustivo de la contratación de los departamentos de salud canarios durante los peores meses de la pandemia de la covid en los que el material sanitario era imprescindible, muestra a empresas muy beneficiadas por los contratos. Cinco de ellas –Injoo, Damco Trading, Tanoja, Soluciones de Gestión y RR7– han sido investigadas por supuesto fraude y presuntas comisiones. Todas obtuvieron contratos millonarios, según ha constatado THE OBJECTIVE a través de la Plataforma de Contratación del Estado.

Numerosas administraciones pusieron en marcha la contratación de emergencia durante la pandemia. Este procedimiento excepcional, previsto en la Ley de Contratos del Sector Público, permitió adjudicar sin licitación abierta y con tramitación abreviada la compra de mascarillas, batas, hisopos y equipos de protección. Además, diversos organismos se aprovecharon de la financiación con fondos europeos del Feder y del mecanismo React-EU. Ahora, la Fiscalía Europea tiene bajo la lupa buena parte de esas adjudicaciones.

Empresas bajo la lupa

Pocos años después de esas adjudicaciones, estas empresas figuran en diligencias de la Fiscalía Europea, la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil o fiscalizaciones de la Audiencia de Cuentas de Canarias. En paralelo, el ministro Torres, responsable máximo del Ejecutivo que concedió las subvenciones, sostiene que los procedimientos fueron correctos. Además, ha rechazado ser responsable y ha calificado de «infamias» las informaciones en su contra.

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas recibió casi 12,3 millones de euros en cuatro contratos de emergencia financiados con fondos europeos. Soluciones es una de las piezas clave del denominado caso Koldo, que instruye la Audiencia Nacional. La UCO atribuye al empresario Víctor de Aldama un papel de intermediario con control de facto sobre Soluciones, pese a no figurar en su accionariado.

Torres y Domínguez

Los investigadores sostienen que parte del dinero cobrado por la compañía se canalizó a su red societaria. Ese mismo informe consigna que no se atribuyen delitos a Torres, pero sí recoge que el entonces presidente se interesó por pagos a Soluciones tras gestiones de Koldo García. El actual ministro de Memoria Democrática las califica como trámites administrativos sin relevancia penal.

Por su parte, RR7 United figura en el caso Mascarillas por un único contrato de emergencia, financiado con fondos de la Unión Europea, de cuatro millones de euros para un millón de mascarillas FFP3. El suministro no se ajustó a lo contratado y el expediente está bajo investigación de la Fiscalía Europea por presunto fraude en subvenciones. La causa derivó en la dimisión de Conrado Domínguez, entonces director del Servicio Canario de Salud, y responsable directo de los contratos.

Damco y Tanoja

Mientras, Damco Trading Services obtuvo siete contratos de emergencia con financiación europea. Su valor era de casi 16,6 millones. Además, logró tres contratos adicionales de emergencia, sin financiación UE, por 3.133.000 euros. La Audiencia de Cuentas canaria detectó deficiencias formales en varios expedientes, como falta de acreditación de solvencia técnica, justificación incompleta del gasto y trazabilidad limitada de los Fondos Feder. La Fiscalía Europea ha reclamado la documentación íntegra de los contratos para verificar su destino final.

Por su parte, Tanoja Services, con sede en Madrid, percibió 4.230.000 euros en contratos de emergencia financiados con fondos europeos para el suministro de material sanitario al SCS, organismo adscrito al Gobierno que presidía Torres. El Juzgado número 5 de Las Palmas de Gran Canaria admitió en 2024 que giraba en torno a los suministros contratados por el Servicio Canario de Salud a Damco Trading Services y Tanoja Services en 2020 y 2021.

Injoo y ACJ

Innjoo Technology, filial española de una marca tecnológica con sede en Dubái, fue la única gran adjudicataria que no era pyme. Recibió 7.737.048 euros mediante seis contratos de emergencia financiados con fondos de la UE. Los informes policiales apuntan a posibles irregularidades en los procesos de importación y control de calidad.

Por último, ACJ Inversiones Canarias, que niega estar imputada y no figura como investigada, fue la gran adjudicataria del periodo. Acumuló 20 contratos por un total de 17,6 millones de euros en régimen de emergencia. La Audiencia de Cuentas ha señalado carencias documentales y fallos en el control de las adjudicaciones, sin derivados penales a día de hoy.

Los informes oficiales coinciden en los mismos patrones: la tramitación de emergencia reduce plazos y controles, pero no exime de acreditar solvencia, justificar la necesidad ni garantizar la trazabilidad del gasto, especialmente cuando intervienen fondos europeos.

Expedientes anómalos

La Audiencia de Cuentas canaria ha dejado por escrito que una parte relevante de los expedientes presenta anomalías formales significativas. La Fiscalía Europea, por su parte, ha asumido o solicitado información sobre los contratos cofinanciados para comprobar su ajuste al marco comunitario. Por su parte, Ángel Víctor Torres, hoy ministro, defiende que no intervino en la selección de proveedores, que la competencia operativa residió en el SCS y que no existe ningún audio ni mensaje que lo relacione con actuaciones ilegales.

El uso extensivo de la contratación de emergencia fue general en España durante la pandemia. El caso canario, sin embargo, se ha convertido en un banco de pruebas sobre los límites del mecanismo: cómo se garantiza la solvencia del proveedor, qué controles sustituyen a la licitación abierta y de qué forma se asegura la trazabilidad cuando hay fondos europeos en juego