El Gobierno de Torres adjudicó en una hora dos contratos idénticos a una empresa investigada
Los pliegos describen el mismo objeto e importe, 900.000 euros cada uno, y fueron formalizados en junio de 2021
Ángel Víctor Torres, expresidente de Canarias yministro de Política Territorial y Memoria Democrática. | EP
El Gobierno de Ángel Víctor Torres adjudicó dos contratos de emergencia idénticos con apenas 54 minutos de diferencia a la misma empresa, Damco Trading Services. Esta mercantil está siendo investigada por la Fiscalía Europea (EPPO) por presuntas irregularidades en el uso de fondos europeos durante la pandemia de la covid.
En la Plataforma de Contratación del Sector Público constan ambos expedientes formalizados por la Dirección General del Servicio Canario de Salud (SCS) el 3 de junio de 2021. El primero, según ha constatado THE OBJECTIVE, fue adjudicado a las 12.47.37 y el segundo a las 13.41.13 del mismo día. Ambos contratos describen el mismo objeto —el suministro de tres millones de guantes de nitrilo— y el mismo importe: 900.000 euros cada uno.
En conjunto, el SCS, organismo dependiente del Gobierno liderado por Torres, comprometió 1,8 millones de euros para una operación que, en apariencia, duplicó una única compra. No consta en la documentación pública ninguna diferencia de destino, lote ni necesidad técnica que justifique dos contratos distintos. Las dos facturas, con números consecutivos, fueron emitidas el 10 de noviembre de 2020.
Contratos de emergencia en Canarias
Los dos expedientes se tramitaron por la vía de emergencia, amparados en el artículo 120 de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público (LCSP). Este procedimiento extraordinario permite contratar sin publicidad ni concurrencia cuando un hecho imprevisible exige actuar de forma inmediata para evitar un daño grave al interés público. Sin embargo, la emergencia sanitaria de 2020 se extendió en Canarias y en buena parte del país mucho más allá de la fase crítica.
El fraccionamiento del objeto contractual es una práctica prohibida por el artículo 99.2 de la LCSP. Ello impide dividir un contrato con el fin de eludir la fiscalización o los procedimientos de publicidad. Por tanto, no puede existir dos emergencias iguales a la misma hora. Si la necesidad era una, debía formalizarse un único contrato. Según el artículo citado, no podrá fraccionarse un contrato con la finalidad de disminuir la cuantía del mismo y eludir así los requisitos de publicidad o los relativos al procedimiento de adjudicación que correspondan.
Damco Trading Services fue una de las principales proveedoras del Gobierno de Ángel Víctor Torres durante la pandemia. La compañía recibió 19,7 millones de euros a través de adjudicaciones de emergencia. Siete de estas adjudicaciones fueron financiadas con fondos europeos, según los registros oficiales consultados por este diario. Esa misma concentración de adjudicaciones motivó que la Fiscalía Europea abriera una investigación sobre sus contratos con el Servicio Canario de Salud.
La fiscalización de los pliegos de Torres
El objetivo: determinar si la empresa infló precios, incumplió condiciones contractuales o carecía de solvencia técnica suficiente cuando fue beneficiaria de grandes suministros de material sanitario entre 2020 y 2022. La Audiencia de Cuentas de Canarias, en su informe aprobado el 11 de noviembre de 2024, ya había alertado de irregularidades similares.
Según el documento, seis de las empresas que contrataron con el SCS «carecían de capacidad de obrar con la Administración». Así, sus expedientes «podrían estar incursos en causas de nulidad de pleno derecho». El informe de fiscalización autonómico subrayó además una «concentración de adjudicatarios» y la «ausencia de justificación técnica suficiente» en varias contrataciones de emergencia realizadas por el Servicio Canario de Salud.
La duplicidad detectada en los contratos de Damco reproduce un patrón que el Tribunal de Cuentas ha señalado en varias administraciones durante la pandemia. Se trata de la reiteración de contratos de emergencia con idéntico objeto y adjudicatario, sin motivación suficiente que justifique nuevas contrataciones.
Irregularidades y falta de solvencia
Según los fiscalizadores estatales, esta práctica fue «una de las mayores desviaciones detectadas en la gestión de fondos covid», al transformar un mecanismo excepcional en un procedimiento rutinario sin control previo. En este caso, la diferencia de minutos entre las adjudicaciones y la coincidencia absoluta de importes refuerzan el indicio de que no hubo dos hechos imprevisibles distintos, sino un fraccionamiento deliberado de la contratación.
El artículo 47.1.f de la Ley 39/2015 establece que los actos dictados con infracción de normas esenciales de procedimiento son nulos de pleno derecho, lo que abre la puerta a una revisión de oficio de los contratos y al reintegro de fondos si se demuestra duplicidad.
El caso de Damco Trading muestra cómo la contratación de emergencia derivada de la covid, concebida para reaccionar ante el colapso sanitario, se transformó en un atajo administrativo que, en ocasiones, desbordó los límites legales. Dos contratos idénticos, separados por 54 minutos, resumen un modo de gestionar los fondos públicos que ahora está bajo la lupa judicial y europea. Lo que la norma permite «para salvar vidas» se convirtió en determinados casos en una vía rápida para saltarse los controles.