Interior blinda a la 'manada de Pamplona' ante el clima de tensión en la prisión de Navarra

La dirección del centro penitenciario de Pamplona, en Navarra, ha blindado las celdas en las que permanecen los cuatro magrebíes que ingresaron en la prisión hace dos semanas acusados de participar en la violación de una estudiante el pasado 23 de octubre. Los investigados por agresión sexual y robo todavía permanecen en el departamento de ingresos, algo inusual, habida cuenta de que los internos pasan en esa área los primeros días hasta que son evaluados y se les asigna un módulo. Según revelan a THE OBJECTIVE fuentes penitenciarias, el responsable ha decidido mantener a los internos en la citada área para protegerlos ante el clima de tensión que hay en la prisión. 

Para ello, el director del penal ha clasificado a los internos a través del artículo 75.1 del Reglamento Penitenciario, que permite la aplicación de medidas que impliquen limitaciones regimentales para salvaguardar la vida o la integridad física de un recluso. Estas medidas, señala la norma, se aplican si el interno teme ser agredido, amenazado o extorsionado, y su objetivo es protegerlo. En la práctica, explican las mismas fuentes, esto supone que los reclusos no acudan a lugares donde pueden coincidir con reclusos de otros departamentos: salidas al centro cultural, al gimnasio, el campo de fútbol… Y evitar así cualquier tipo de enfrentamiento.

Al tratarse de un caso mediático, prosiguen las fuentes penitenciarias, «lo último que quiere la dirección de Pamplona es exponerse a que tengan o causen un problema». Por ahora, los cuatro internos, con edades comprendidas entre 25 y 36 años, comparten dos celdas del módulo de ingresos. Apenas salen de las mismas y tienen «poca o nula relación con el resto de los presos», sostienen las citadas fuentes. Si la situación se agrava, el artículo en el que están clasificados también contempla que se pueda proponer un trasladado a otro centro penitenciario. 

La declaración ante el juez

En su declaración en el juzgado, los investigados aseguraron que no participaron en la agresión sexual, pero la magistrada constató «contradicciones» en sus testimonios y valoró las pruebas de ADN así como la presencia de prendas íntimas de la víctima en las tiendas de campaña, dentro de un asentamiento ilegal, en las que vivían los cuatro individuos. Tras la violación, la joven fue abandonada semiinconsciente en una zona boscosa, próxima a la carpa universitaria donde se había organizado una fiesta. La víctima se encontraba «tirada en un camino, encima de unas hojas y desubicada», según constató la juez. Además, los agresores también le robaron pertenencias, entre ellas, el teléfono móvil. 

Días después de sus detenciones, trascendió que los cuatro detenidos tenían un expediente en trámite para abandonar el país por su situación irregular. Esto fue uno de los motivos, además de la destrucción de pruebas, por los que la magistrada ordenó su ingreso en prisión, ante la posibilidad de que pudiesen fugarse, habida cuenta de que carecen de domicilio.

Asentamientos ilegales en Pamplona

El caso de esta nueva manada de Pamplona ha generado una gran conmoción en la capital navarra y, al mismo tiempo, ha reabierto el debate sobre la creciente inseguridad en algunas zonas por la presencia de asentamientos ilegales como en los que vivían los investigados por la violación. Fuentes de la Policía Nacional alertan de este tipo de campamentos, en los que reina la insalubridad y la inseguridad, y hay frecuentes intervenciones policiales por robos con violencia, apuñalamientos o agresiones. 

Los agentes han contabilizado cinco asentamientos en los que viven cerca de cien personas en situación irregular. Se encuentran en una zona próxima al estadio El Sadar; en el edificio en desuso en el que estaba la antigua ikastola Jaso; en las inmediaciones del Puente de las Oblatas y otro en la Piscina de Aranzadi, además del que habitaban los cuatro imputados por la agresión sexual, en el Camino del Seminario y próximo a la ribera del río Arga. Según fuentes policiales, la mayoría se desplaza desde el País Vasco, donde encuentran más trabas burocráticas para empadronarse y regularizar su situación. La mayor parte provienen de Argelia y de Marruecos.

El Sindicato Unificado de Policía (SUP), el mayoritario del cuerpo en Navarra, ha criticado que el Ayuntamiento se lave las manos con este problema y señalan que no es una competencia del Consistorio, cuando en realidad la Ordenanza Municipal «refleja que los asentamientos ilegales están prohibidos y se consideran una falta grave». Ante la falta de soluciones, esta organización sindical asegura que tanto estos asentamientos ilegales como el número de delitos que se cometan allí crecerán exponencialmente. Por este motivo, este sindicato reclama «actuaciones inmediatas» por parte del gobierno municipal y autonómico, a quienes, insiste, sí compete este asunto.