El Gobierno de Torres dejó sin ejecutar 1.225 millones en inversiones públicas en Canarias

La Audiencia de Cuentas de Canarias ha emitido un informe demoledor sobre la gestión del gasto en inversiones públicas durante el mandato de Ángel Víctor Torres (2019-2023). Según el organismo fiscalizador, la comunidad autónoma dejó sin ejecutar 1.225,7 millones de euros del capítulo VI de los Presupuestos Generales —el que recoge las inversiones reales—. Esto supone que casi la mitad de lo presupuestado nunca se materializó.

El informe, aprobado el 30 de septiembre de 2025 y analizado por THE OBJECTIVE, pone cifras a un problema estructural: la incapacidad del Gobierno canario para transformar los créditos en obras y proyectos reales, a pesar de la elevada disponibilidad de fondos europeos y estatales. La ejecución de este capítulo pasó del 36,7% en 2019 al 58,5% en 2023, muy lejos del 90% habitual en otros capítulos de gasto público.

La conclusión central del documento es clara: Canarias presupuesta más de lo que puede ejecutar. El archipiélago depende en exceso de recursos externos —fondos europeos y estatales—, carece de planificación técnica y sufre una burocracia dispersa e ineficiente.

Proyectos sin madurez

La Audiencia de Cuentas subraya que gran parte del problema nace en la propia elaboración de los presupuestos. Se consignan proyectos de inversión «sin la madurez necesaria» para ser ejecutados: sin proyecto técnico, sin suelo disponible o sin permisos ambientales.

En muchos casos, la Administración canaria se ve obligada a presupuestar proyectos incompletos para cuadrar los ingresos procedentes de fondos finalistas, lo que genera un efecto perverso. Se reservan partidas para actuaciones que no pueden iniciarse. Entre el 60% y el 70% de las inversiones de este capítulo se financiaron con fondos no propios, según el informe.

El órgano fiscalizador advierte que esa dependencia provoca que los departamentos incluyan proyectos de difícil ejecución solo para justificar financiación europea, lo que después se traduce en demoras, modificaciones de crédito y pérdida de recursos.

Fiscalización en Canarias

A la deficiente planificación se suma un problema de estructura. La Audiencia de Cuentas identifica 67 unidades gestoras de contratación repartidas entre consejerías y organismos, con una media de apenas dos técnicos por unidad. Esa dispersión, señala el informe, «no facilita la eficacia ni la agilidad de los procesos de contratación». La consecuencia se traduce en tiempos de ejecución que superan los seis años en algunos proyectos, especialmente los de mayor envergadura o con financiación compartida entre distintas administraciones.

El caso de la Dirección General de Transición Ecológica es relevante. En febrero de 2025 contaba con solo tres funcionarios y seis trabajadores laborales. Su escasa dotación de medios retrasó de forma sistemática la tramitación de las declaraciones ambientales, un requisito esencial antes de iniciar cualquier obra.

Entre las principales causas de retraso señaladas por los empleados públicos destacan los trámites de coordinación entre organismos, la ausencia de servicios de contratación especializados y la lentitud del procedimiento interno para modificar proyectos en marcha.

Ejecución cero

La fiscalización también detecta decenas de proyectos con ejecución cero, pese a haberse presupuestado en varios ejercicios consecutivos. Entre ellos, obras viarias de primer orden como el cierre del anillo insular de Tenerife, la variante de Vallehermoso (La Gomera) y las mejoras de seguridad en la HI-5.

También aparecen proyectos educativos financiados con fondos europeos —como los programas E-Educación o infraestructuras escolares en Gran Canaria y Fuerteventura— que acumularon varios ejercicios sin gasto real. En total, los proyectos con ejecución nula superan los 160 millones de euros entre 2019 y 2023. El informe subraya que estos retrasos tienen un impacto directo en la competitividad y la calidad de los servicios públicos.

La Audiencia dedica un capítulo a cuestionar los llamados Instrumentos de Planificación Estratégica (IPE), documentos obligatorios para acceder a los fondos europeos Next Generation. Según el análisis, estos planes no definen con detalle los proyectos ni incluyen estudios de viabilidad, permisos o análisis de riesgos. En la práctica, muchos se han utilizado más para justificar ampliaciones de plantilla —con la creación de Unidades Administrativas Provisionales— que para diseñar políticas de inversión coherentes.

A la cola de inversiones

En algunos casos, ni siquiera existían estudios previos sobre las necesidades a cubrir. El ejemplo más claro es el proyecto Escolarización de 0 a 3 años, incluido en el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, para el que «no había datos sobre el número de niños por municipio ni información técnica que permitiera iniciar su ejecución».

El contraste con otras comunidades es significativo. Según los datos del Ministerio de Hacienda citados por la Audiencia de Cuentas, Canarias figura entre las regiones con menor grado medio de ejecución del capítulo VI durante el periodo 2019-2023: 56,7%, frente al 79,7% de Galicia, el 72,7% de Madrid o el 70% de Cataluña. Solo la Comunidad Valenciana y Andalucía presentan niveles similares, aunque ambas mejoraron su ejecución en los últimos ejercicios, algo que Canarias no logró consolidar.

Recomendaciones clave

El informe concluye con seis recomendaciones al Ejecutivo autonómico. Entre ellas, exigir requisitos mínimos de madurez para incorporar un proyecto al presupuesto, crear unidades administrativas especializadas por departamento, centralizar la contratación en un gran centro gestor dotado de personal técnico, y reforzar la Dirección General de Transición Ecológica para acelerar las declaraciones ambientales.

La Audiencia también sugiere revisar la clasificación económica del gasto para evitar que se califiquen como inversiones partidas que en realidad son gasto corriente vinculado a fondos europeos. El diagnóstico final es inequívoco: la Administración canaria planifica mucho y ejecuta poco. Un modelo que, durante la etapa de Ángel Víctor Torres, supuso que se dejaran sin gastar más de mil millones de euros en proyectos que nunca llegaron a materializarse.