La causa europea de las mascarillas canarias avanza con diligencias y un testigo protegido

La investigación de la Fiscalía Europea sobre los contratos sanitarios durante la covid adjudicados durante la pandemia por el Servicio Canario de Salud (SCS) avanza hacia una fase decisiva del procedimiento. El decreto de incoación del 7 de febrero de 2024 sigue activo y fuentes relacionadas con la causa confirman que la instrucción se ha reforzado.

Según diversos documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, al procedimiento se han incorporado nuevas diligencias y medidas cautelares. También existe una declaración clave de un testigo protegido, que ha aportado información relevante para reconstruir los hechos.

El procedimiento se centra en la adjudicación de contratos de emergencia financiados con fondos europeos. Estas partidas estaban destinadas a la compra de mascarillas, tests rápidos, guantes y otros suministros críticos durante los primeros meses de la pandemia en Canarias. La Fiscalía Europea investiga si algunos expedientes presentan indicios de anomalías y cobros irregulares, y si hay decisiones cuya motivación debe aclararse. Todo esto justifica ampliar la obtención de pruebas, revisar comunicaciones internas y examinar la documentación generada por los responsables públicos.

El Gobierno de Torres, en el punto de mira

«Los hechos son indiciariamente constitutivos de un delito de malversación de caudales públicos, siendo afectados los fondos de la Unión Europea destinados a la emergencia covid-19», concluyó la Fiscalía de la UE. Además, asumía que era objetivamente competente para conocer de los hechos denunciados. Para ello se apoyaba en lo dispuesto en el artículo 22.1 del Reglamento UE 2017/1939 del Consejo de 12 de octubre.

La causa afecta directamente a la estructura administrativa del Servicio Canario de Salud durante el Gobierno presidido entonces por Ángel Víctor Torres. El análisis de los expedientes ha puesto el foco en cómo se tomaron las decisiones, los criterios utilizados en la validación del material y por qué se produjeron modificaciones en ciertos contratos covid. Entre los elementos bajo revisión figuran cambios de marca o de precio, variaciones en los plazos de entrega y ajustes en pleno proceso de compra.

La denuncia situaba en el centro de las decisiones a Ana María Pérez Alfonso, directora general de Recursos Económicos del SCS durante la pandemia. A este cargo se atribuye en la denuncia la responsabilidad principal en la ejecución de varios de los expedientes investigados.

Contratos sanitarios covid

El texto señalaba también la intervención «esencial» del entonces director general del SCS, Conrado Domínguez Trujillo, cuya firma aparece en resoluciones clave de la tramitación. Todos los contratos investigados fueron financiados con fondos de la Unión Europea destinados a la emergencia covid-19, lo que los somete al marco reforzado de control que aplican tanto la Fiscalía Europea como los órganos nacionales de supervisión.

Algunos de los expedientes investigados ya estaban siendo analizados por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF). Entre otras anomalías se investiga la ausencia de firma y sello de recepción de mercancía, documentación incompleta o duplicada y la existencia de packing lists sin numeración. En algunos aparece, según se describe, «el mismo documento fotocopiado con distinta fecha». Mientras, en varios de esos listados figura además la advertencia «material pendiente de comprobar cantidad y estado», una indicación que, para los investigadores, podría suponer que se recepcionó mercancía sin la validación adecuada.

Nuevas medidas cautelares

El escrito añade un episodio especialmente significativo: en uno de los subcontratos la adjudicataria cambió la marca de las mascarillas inicialmente comprometidas. La empresa sustituyó el suministro por un modelo cuyo embalaje mostraba claramente la etiqueta «non medical» (lit.: «no médico»). Pese a ello, el material iba destinado a hospitales públicos del SCS, lo que plantea dudas sobre la adecuación técnica del producto suministrado y sobre los controles ejercidos durante la recepción del mismo. La denuncia considera este hecho representativo de las anomalías que rodearon varias de las compras realizadas durante los meses críticos de la pandemia.

Las medidas cautelares acordadas tras la instrucción refuerzan la idea de que la causa ha superado la etapa preliminar. Entre ellas figuran fianzas, la situación de libertad provisional de uno de los investigados y la preservación estricta de toda la comunicación interna relacionada con los contratos de emergencia en la pandemia de la covid. Estas medidas solo se imponen cuando existe una base indiciaria suficiente y un riesgo procesal que aconseja asegurar la integridad de la prueba.

La investigación avanza bajo la autonomía del Ministerio Público de la Unión Europea, sin intervención de la estructura fiscal española y con supervisión del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional. Este circuito de control se ha reforzado especialmente en un contexto en el que la preservación de pruebas electrónicas y la independencia en causas sensibles han sido objeto de debate público en España.

La línea de investigación de la Fiscalía

Fuentes próximas al caso señalan que todos estos hechos facilitan que la causa llegue a juicio oral, fase reservada para procedimientos con una base probatoria amplia y documentación suficientemente sólida como para sostener acusaciones formales. La reconstrucción de la tramitación administrativa y de los flujos de decisión —incluyendo correos, intercambios internos y validaciones técnicas— será determinante para las conclusiones finales.

La Fiscalía Europea mantiene abiertas todas las líneas de investigación, con la vista puesta en determinar si la gestión de los contratos covid se ajustó a la legalidad o si existieron irregularidades que pudieron afectar a los fondos de la Unión Europea. El avance del caso dependerá ahora de la evaluación completa del material intervenido y de las diligencias que quedan por practicar.