Albares alega confidencialidad para ocultar cuánto gastó en repatriar a la flotilla de Gaza

El Gobierno de Pedro Sánchez se niega a revelar el coste total del traslado de los españoles que fueron deportados de Israel por acceder a una zona de exclusión militar a bordo de la llamada flotilla de Gaza. El Ministerio de Asuntos Exteriores, que dirige José Manuel Albares, ha rechazado tres peticiones gestionadas por THE OBJECTIVE para conocer el alcance de este desembolso, que algunas fuentes sitúan por encima de los 800.000 euros, incluyendo dietas y coste técnico del despliegue del buque Furor. En las respuestas a través del Portal de Transparencia, responde con un texto genérico en el que sostiene que si revelara el coste exacto para el erario público, estaría afectando a la privacidad de datos de los miembros de la flotilla, como la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau.

En tres párrafos de ‘corta y pega’, presentes en otras respuestas idénticas que ha podido conocer TO, Exteriores trata de dar carpetazo a una de las preguntas que aún rodea la actuación del Gobierno ante el episodio de la flotilla de Gaza: ¿Cuánto ha costado a los españoles el abono de decenas de billetes de avión, el flete de una aeronave militar A400M y todos los gastos consulares en los que han incurrido los miembros de la flotilla, entre ellos los dos etarras que se negaron a volver en un avión del Ejército? Para Exteriores, «no es posible hacer público el listado individualizado de las ayudas concedidas» por la «regulación sobre protección de datos de carácter personal», pese a que este diario nunca preguntó dato personal alguno, sino una estimación de costes.

De esa manera, el departamento de Albares evita informar sobre el coste de la ayuda consular, de los billetes de vuelos civiles, traslados, costes operativos de la embajada y consulados –en Israel y en Grecia–, así como la compra de teléfonos móviles e incluso ropa a miembros de la flotilla que según ha sabido este diario se pagó a cargo de fondos públicos y tarjetas de crédito de distintas delegaciones diplomáticas.

Según la Unidad de Información y Transparencia del Ministerio de Asuntos Exteriores, «las ayudas económicas a la repatriación están reguladas por la normativa española en materia de ayudas de protección y asistencia consulares a nacionales españoles en el extranjero, y están contempladas en el presupuesto del Ministerio».

«Las ayudas son tramitadas de acuerdo con la normativa vigente y a propuesta de las oficinas consulares, pudiendo tener carácter no reintegrable como cuando se dan las circunstancias del caso que se señala en la solicitud», recalca la respuesta de Exteriores.

No se les pasó la factura

Sin embargo, lo sostenido por Exteriores choca frontalmente con el texto de la  Orden AUC/154/2022 que regula precisamente este tipo de ayudas «extraordinarias» que se conceden «a personas que se encuentren en situaciones concretas y puntuales de necesidad, consista esta en una situación de especial vulnerabilidad o de falta de recursos» de quienes las reciban.

La ayuda deberá ser devuelta en tiempo y forma al Estado en prácticamente todos los casos, y sólo contará como no reintegrable cuando «se constate, y así se motive en el otorgamiento, que las condiciones personales, sanitarias o jurídicas de la persona solicitante imposibilitan que esta pueda obtener recursos con los que proceder al reintegro de la ayuda una vez superada la situación de necesidad que motivó su concesión o que la devolución de la ayuda suponga una carga desproporcionada para la persona solicitante por concurrir una emergencia personal o un daño contra su integridad física o moral».

Exteriores entiende que al no pasarle la factura de los costes a quienes incurrieron en ellos tras un mes en el Mediterráneo, les está evitando una «carga desproporcionada» en lo económico a activistas como Ada Colau o la mediática Ana Alcalde, alias Barbie Gaza, que inició un tour por las televisiones una vez devuelta a España.

En otros países como Portugal, Suiza, Sudáfrica e Italia, las autoridades comunicaron a sus nacionales en la flotilla que deberían pagar de su propio bolsillo los gastos generados por su acción, teniendo en cuenta que la deportación se produjo tras una acción de la que fueron informados previamente de sus consecuencias. Fueron allí «por su responsabilidad individual», señaló el Gobierno portugués.