La UCO registra la Diputación de Almería en busca de contratos irregulares

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están registrando este martes la sede de la Diputación de Almería, presidida por Javier Aureliano García, del Partido Popular, por presuntas contrataciones irregulares, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes cercanas a la investigación.

Tanto Aureliano García, como el vicepresidente de la institución, Fernando Giménez, y al alcalde de la localidad almeriense de Fines, Rodrigo Sánchez, habrían sido detenidos en esta operación, según señalan EFE y Europa Press. Fuentes de la investigación han confirmado a Europa Press que la operación se está llevando a cabo bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 1 de Almería.

Precisamente se trata del juzgado que instruye el caso ‘Mascarillas’ por el que tanto Giménez como Sánchez ya están investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron ‘mordidas’ en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.

están investigados en el marco de la causa que trata de dilucidar si se produjeron ‘mordidas’ en la contratación de suministro de material sanitario en la fase más aguda de la pandemia por parte de la institución provincial.

Precisamente, a principios de mes el PSOE había solicitado que se llamase a declarar como testigo en esta causa al responsable de la Diputación, que es también presidente del PP de Almería, Javier Aureliano García. El PSOE, que ejerce la acusación popular, fundamenta su solicitud en «la falta de concordancia entre las declaraciones de testigos e investigados» y en los nuevos datos contenidos en el atestado de la UCO, fechado el 25 de abril, según recoge EFE.

El partido pide al juzgado que tome declaración a García, en su condición de responsable último de la firma del contrato público que dio origen a la causa, para esclarecer cuándo, cómo y de quién tuvo conocimiento de las negociaciones y adjudicaciones investigadas. Según el escrito de los socialistas, se trata de determinar si pudieron concurrir indicios de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, malversación, fraude, exacciones ilegales o negociaciones prohibidas en la tramitación del contrato, valorado en 2,03 millones de euros.

El partido solicita asimismo que la Diputación aporte la relación de asesores del presidente entre marzo de 2020 y marzo de 2022, con detalle de sus funciones y adscripción, así como la identificación de los asignados a las áreas del entonces diputado Óscar Liria y el actual vicepresidente Fernando Giménez, ambos investigados en la instrucción judicial.

También mencionaban comunicaciones de un grupo de mensajería denominado ‘Naranjito’, en el que —según se recoge— García habría intercambiado mensajes con Liria (vicepresidente tercero en aquel momento y uno de los primeros detenidos por este caso) y Giménez.

Uno de ellos, reproducido en el documento, dice textualmente: «Óscar, ¡hay que ver la que tienes liada con las mascarillas! (…) ¡calla ya!». El PSOE considera que esa conversación «pone de manifiesto un conocimiento directo de los hechos» y reclamaba su incorporación íntegra a la causa.