El PSOE de Don Benito usa como sede un inmueble público propiedad de la Junta
Una reclamación de pago del IBI, sin abonar desde 2016, ha puesto en alerta a los funcionarios del ejecutivo autonómico
Sede del PSOE de Don Benito. | Google Maps
El PSOE de Don Benito ha utilizado durante años como sede un inmueble ubicado en la calle Cecilio Gallego de la localidad, cuya titularidad pertenece a la Junta de Extremadura, según ha adelantado COPE Extremadura y ha confirmado THE OBJECTIVE.
Una reclamación de pago emitida a través del OAR de la Diputación de Badajoz, en la que se solicitaba el abono del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI), habría puesto sobre aviso a los funcionarios de la Junta de Extremadura, que desconocían esta circunstancia. Las fuentes consultadas indican que existe una deuda acumulada desde 2016 que supera los 13.000 euros.
Tras esta notificación, se ha confirmado que el edificio en cuestión es el mismo que el PSOE de Don Benito emplea como sede desde hace años y cuya propiedad corresponde a la Junta de Extremadura. Se trata de un inmueble de 492 metros cuadrados, construido en 1970.
Según la información a la que ha tenido acceso COPE, en el Ayuntamiento de Don Benito no figura ningún documento que respalde la cesión del inmueble a terceros ni acuerdo de colaboración alguno. Tampoco aparece en el inventario municipal de bienes, ni como bien de dominio público ni patrimonial.
El Consistorio, por tanto, no estaría utilizando este edificio para ningún fin municipal. Se desconoce cómo ni en qué momento un inmueble propiedad de la administración autonómica pasó a convertirse en la sede de un partido político concreto.
Las mismas fuentes detallan que la única «cesión» documentada se remonta a 1984 y estuvo en vigor hasta 1987. Esta cesión se realizó al propio Ayuntamiento de Don Benito con «fines culturales».
COPE Extremadura ha contactado con representantes del Partido Socialista, quienes sostienen que el origen del problema podría estar relacionado con las históricas casas del pueblo. Explican que, tras la dictadura, las administraciones compensaron la situación «cediendo» este tipo de edificios. Por ello, afirman, la titularidad habría permanecido en manos de la Junta de Extremadura. Incluso apuntan que es muy posible que existan «casos similares» en otras localidades de la región.