Barcelona sufre una 'okupación' de vivienda cada seis horas

Los okupas toman una vivienda en la ciudad de Barcelona cada seis horas. Este es el ritmo que ha adquirido este fenómeno tanto a lo largo de 2024 como en lo que va de este año, según reflejan los datos oficiales de la Consejería de Interior de la Generalitat de Cataluña a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.

Barcelona lidera desde hace años todas las estadísticas nacionales de okupación, pero los datos autonómicos reflejan la dimensión del problema: el año pasado se okuparon un total de 1.460 viviendas en la capital catalana, un 7% más que en el ejercicio anterior. En 2022 se produjeron 1.380 y en 2023, 1.366.

Las detenciones o denuncias registrados como okupaciones leves de vivienda ascendieron a 1.313 en 2022, 1.261 en 2023, 1.306 en 2024 y, con datos actualizados hasta abril de 2025, han tenido lugar otras 349. A estas hay que añadir los delitos de usurpación (51 en 2022, 64 en 2023, 124 en 2024 y 19 en los cuatro primeros meses de este año) y los allanamientos de morada con voluntad de okupar (16 en 2022, 41 en 2023, 30 en 2024 y 15 en 2025).

Estos datos contrastan con el discurso de políticos como Pedro Sánchez, que llegó a asegurar que el problema de la okupación era un bulo. En una línea parecida, el Instituto de Investigación Urbana de Barcelona (IDRA), cercano a la órbita de Ada Colau, concluyó en un estudio que esta realidad era irrelevante, teniendo en cuenta que solo afecta a un 0,01% del parque total de vivienda.

La aparente contradicción responde a una cuestión de interpretación. Aunque la mayoría de inmuebles no estén usurpados o allanados, se trata de una situación que ocurre con relativa frecuencia en la Ciudad Condal.

«La okupación sigue siendo un gran negocio en Cataluña por cuanto sigue existiendo esa sensación de impunidad hacia este hecho delictivo en el que el propietario se ve despojado de una propiedad y tiene que acudir a la vía civil porque no se hace un desalojo inmediato y tampoco se consigue una solución rápida y urgente en la vía penal», analiza la abogada especialista en derecho inmobiliario Arantxa Goenaga. «No hay una actuación inmediata policial y nos vemos abocados a procedimientos judiciales que tampoco pueden ser inmediatos por el colapso judicial», añade la socia de AF Legis.

Por su parte, el abogado y criminólogo Pablo de Palacio manifiesta que estamos ante datos «lamentablemente reales» pese a que puedan parecer sorprendentes: «Los Juzgados están saturados de este tipo de delitos», asegura, a pesar de que no todos los casos llegan a la Justicia porque algunos propietarios temen un proceso largo y difícil y optan por buscar una respuesta extrajudicial, aunque a su vez esto puede también complicar todavía más la situación.

El jurista valora como «muy positivo» el cambio que permite que un particular que denuncie una okupación pueda pedir desalojo cautelar, «con lo cual habitualmente no han de esperar al final del proceso penal». Sin embargo, alerta de que «queda algo desvirtuado con la sobrecarga y falta de medios que tiene la justicia para dar respuesta a tanta demanda».

Goenaga concluye que «hasta que la Administración y el legislador no sea consciente de que debe actuar y reformar la ley para que se pueda actuar de forma inmediata ante esta intromisión a la propiedad, nos veremos abocados a que cada vez sea más frecuente». Este problema se ha extendido por varios puntos de España, además de Barcelona, donde está más arraigado en parte por una reacción institucional escasa y que no ha dado prioridad a combatirlo.