Prisiones investiga posibles irregularidades en contratos de seguridad de la cárcel de Ceuta

Instituciones Penitenciarias ha abierto una investigación para aclarar presuntas irregularidades en diversos contratos de mantenimiento y seguridad del centro penitenciario de Ceuta a raíz del incendio que se produjo en una infraestructura crítica del penal el pasado mes de agosto. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, el departamento dirigido por Ángel Luis Ortiz ha decidido actuar a raíz de una denuncia interna que advierte de supuestas deficiencias contractuales y de supervisión técnica por parte de algunas de las empresas que tienen adjudicados estos servicios. Los sindicatos exigen desde hace meses que se depuren responsabilidades y ponen el foco en la dirección del centro.

Por el momento, señalan las fuentes consultadas, la Inspección Penitenciaria revisa si la ejecución de los contratos vinculados con el mantenimiento general de diversas instalaciones del centro ceutí, así como con el sistema de cámaras y alarmas, se ha hecho de forma correcta. Estas mismas fuentes advierten de que se detectan errores en estos servicios desde hace más de un año.

En junio de 2024, funcionarios dieron cuenta ante la directora de la cárcel de la necesidad de sustituir baterías en los sistemas de alarmas tras saltar distintos avisos, una solicitud que hasta el momento ha sido ignorada por la empresa encargada. Medios locales han denunciado también fallos en las cámaras que en ocasiones han dejado a parte del recinto sin vigilancia efectiva.

El incendio

A esta supuesta irregularidad se suma el incendio en la sala técnica de la prisión el 24 de agosto de 2025 y que «se originó en un cuadro eléctrico sobrecalentado en una zona donde el aire acondicionado llevaba tiempo sin funcionar», según denuncian fuentes penitenciarias. Una situación que «dado el calor que desprendía el citado cuadro puso en riesgo a seguridad de las personas que allí se encontraban». No solo funcionarios, sino también familiares de los presos que comunicaban con los internos ese domingo. En octubre, el Consejo de Ministros licitó un contrato de emergencia de 222.000 euros para subsanar este problema.

Estas mismas fuentes ponen el foco en el contrato de mantenimiento general de la prisión de Ceuta que fue adjudicado por casi un millón de euros a una empresa ceutí de construcción, cuyos empleados, denuncian, «se quejan constantemente de que la dirección del centro no les proporciona repuestos». De hecho, prosiguen, son muchas ocasiones en las que se les proporcionan de módulos cerrados o zonas fuera de servicio del centro penitenciario de la ciudad autónoma. 

El contrato con la citada firma, según refieren los pliegos, exige la presencia de un ingeniero técnico con dedicación exclusiva de lunes a viernes para el mantenimiento. Esta cláusula se incumple debido a que el ingeniero trabaja en ese horario como profesor interino en un instituto de Ceuta, una situación presuntamente incompatible. De este modo, instalaciones como la Panadería s utilizan sin la supervisión obligatoria del responsable técnico, que es sustituido por trabajadores de otra empresa adjudicataria con el presunto conocimiento de la directora de la prisión. 

Tres de cada cuatro celdas, cerradas

En el marco de esta investigación interna, responsables de las empresas encargadas del mantenimiento y los sistemas de alarmas en la prisión han acudido en los últimos días a la Delegación del Gobierno de Ceuta, sostiene fuentes penitenciarias. La Inspección Penitenciaria trata de aclarar si existen responsabilidades disciplinarias y/o penales por parte de la dirección del centro, por posibles delitos de malversación o administración desleal, así como por parte de las empresas por fraude si están facturando servicios no prestados. 

Hace unas semanas, según publicó este diario, los sindicatos denunciaron que la mayor parte de la cárcel ha quedado en desuso, y con ello en «un proceso de deterioro continuo» pese a la inversión de 140 millones de euros que hizo el Ministerio del Interior y que el centro apenas tiene ocho años de vida. La prueba es que actualmente el centro acoge a 250 reclusos y son numerosos los módulos e instalaciones que acumulan polvo, suciedad y mobiliario inservible. 

Malestar entre los funcionarios

«Si hubiese que utilizar todos esos espacios, habría que volver a invertir mucho. Se ha tirado mucho dinero del contribuyente en esta prisión», critican. El hecho de que «tres de cada cuatro celdas estén cerradas» implica que el centro no pueda hacer una clasificación y un tratamiento correcto de los reclusos, explican fuentes penitenciarias. «No podemos separar a los presos primarios —que están por primera vez en prisión— o que son más jóvenes de los multirreincidentes. Y si hay algún preso más peligroso, enseguida lo mandamos a algún centro de Península», revelan estas mismas fuentes. 

A este escenario se suma un «malestar generalizado» de los trabajadores con la dirección por la gestión del personal. De un lado, por el «maltrato sistemático contra la profesionalidad de los trabajadores» y, de otro, por el abuso que se está haciendo de los mismos, habida cuenta de la escasez de personal. «Derechos básicos de descanso y libranza se han convertido en una decisión arbitraria por parte de los mandos de la prisión», criticaron los sindicatos.