El Gobierno admite que cada agente del Júcar vigila por sí solo 1.000 kilómetros cuadrados

El Gobierno no ha sido capaz de explicar cuántos agentes de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) estaban desplegados el día de la dana del 29 de octubre de 2024. Una respuesta enviada al Congreso de los Diputados, a la que ha accedido THE OBJECTIVE, evita ese dato central y ofrece únicamente la plantilla disponible un año después, en septiembre de 2025. El documento detalla con precisión la organización actual de la Confederación —58 agentes vigilan casi 1.000 kilómetros cuadrados cada uno—, pero no responde a la cuestión planteada: qué dotación real vigiló barrancos, ramblas y cauces durante el episodio de lluvias torrenciales del año pasado.

La pregunta, dirigida por el Grupo Popular, reclamaba un desglose muy concreto: número de agentes medioambientales y guardas fluviales en servicio el 29-O en Valencia y Castellón, los turnos que cubrieron y las actuaciones que realizaron —desde inspecciones preventivas hasta cierres de pasos inundables, apoyo a 112 o verificaciones de puntos críticos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH)—.

La respuesta del Ejecutivo no aporta ninguno de esos datos. En su lugar, describe la estructura vigente un año después: 58 agentes para una demarcación de 42.756 kilómetros cuadrados y más de 46.000 kilómetros de cauces, dividida en sectores de vigilancia de unos 995 km², que cada efectivo recorre «en solitario» y con un único vehículo todoterreno.

El control del Júcar

Ese vacío informativo coincide con una investigación judicial abierta sobre la dana. La Fiscalía de la Comunidad Valenciana ha solicitado profundizar en la actuación de los agentes de la CHJ en la jornada del 29-O, dentro de la causa que instruye el juzgado encargado del caso. El Ministerio Fiscal se ha adherido a la petición de la acusación para identificar a los agentes que trabajaron ese día y tomarles declaración. El objetivo es reconstruir qué información recabaron sobre el terreno y cómo se trasladó a los organismos de emergencias.

El interés de la Fiscalía se centra en la pieza más difícil de reconstruir: la vigilancia presencial en ramblas y cauces no instrumentados. La jueza que instruye el caso ha señalado, en distintos autos, la relevancia de la «aportación de agua no aforada» en la rambla del Poyo y sus afluentes, es decir, las escorrentías procedentes de barrancos que no cuentan con sensores del SAIH. En estos puntos, el único modo de anticipar una crecida súbita es mediante la inspección física realizada por los agentes de la CHJ. De ahí la necesidad de determinar cuántos estaban desplegados, dónde y en qué condiciones.

Actuación frente a la dana

La documentación que la CHJ ha enviado al juzgado añade otro elemento al debate. Según esa comunicación, adelantada por Valencia Plaza, el organismo sostiene que los agentes realizaron una vigilancia «itinerante», desplazándose por los puntos que consideraron más sensibles en función de la evolución meteorológica. Y afirma además que el Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat no solicitó formalmente su colaboración para vigilar barrancos durante la jornada del 29-O. Ese matiz es relevante desde el punto de vista competencial, pero no resuelve la duda central: cuántos efectivos del Estado estaban disponibles ese día y qué labores concretas realizaron.

La respuesta parlamentaria tampoco arroja luz sobre este punto. La CHJ aclara que durante los días 28, 29 y 30 de septiembre de 2025 —es decir, un año después de la dana— todos los agentes en activo estaban desplegados en el territorio realizando labores ordinarias. Pero esa aclaración se refiere únicamente a 2025, no al 29-O de 2024, y, por tanto, no permite reconstruir la capacidad operativa del Estado en el momento en que se produjo la riada. Ni confirma si había vacantes sin cubrir, si existían bajas, si todos los sectores estaban atendidos o si el dispositivo se reforzó con agentes adicionales.

El Gobierno sí aporta otros detalles operativos, aunque referidos a un episodio más reciente. Señala que los agentes hicieron verificaciones puntuales en la Rambla del Val (Ademuz), el río Vernissa y el barranco de Beniopa durante las lluvias intensas posteriores, sin que se registraran daños relevantes. Esa información ayuda a entender cómo funciona hoy la coordinación entre los agentes sobre el terreno y el SAIH, pero no aclara lo que ocurrió en la dana del 29-O.

El episodio del 29 de octubre de 2024 ha situado en primer plano el debate sobre la coordinación entre la red automática de alerta hidrológica y la vigilancia física en zonas no instrumentadas. En ramblas urbanas y barrancos interiores, la anticipación depende de la presencia sobre el terreno, especialmente cuando no hay sensores que registren niveles o caudales. Varios autos de la causa judicial hacen referencia a la evolución repentina de las escorrentías en cauces secundarios y la necesidad de aclarar qué información recibió cada administración antes de los desbordamientos.

La respuesta parlamentaria recuerda que la dirección del dispositivo de emergencias durante episodios de inundaciones corresponde a la Generalitat Valenciana, en aplicación del Plan Especial frente a Inundaciones (PEIN). Ese aspecto competencial es correcto, pero no resuelve la cuestión planteada por los diputados: cuál fue la capacidad operativa del Estado a través de la CHJ el día de la dana. Tanto los grupos parlamentarios como la Fiscalía consideran que ese dato es esencial para reconstruir la cadena de decisiones y determinar si se actuó conforme a los protocolos previstos.