Pincha el relato del Gobierno sobre la violencia sexual en el cine: solo le reportan 24 casos
El Ejecutivo destina 900.000 a un servicio telefónico que tan sólo 55 mujeres han utilizado, la mayoría para información
El ministro de Cultura, Ernest Urtasu, interviene durante un acto, en la Academia de Cine. | EP
El caso de Carlos Vermut, acusado de violencia sexual por seis mujeres anónimas en El País, fue utilizado políticamente por el Gobierno para iniciar una cruzada contra la industria audiovisual en la que hizo creer que se trataba de un problema extendido. Primero, encargó a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA) un estudio que concluyó que el 60,3% de las mujeres del sector ha sufrido violencia sexual. Después, en octubre de 2024, abrió la Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural. Un año después, esta unidad ha recibido tan sólo 55 consultas, de las cuales la mayoría eran meramente informativas. Todo un pinchazo en el relato monclovita.
El fiasco se evidencia en los datos ofrecidos por el propio Gobierno este martes, cuando el Ministerio de Cultura y la Academia de Cine ha presentado el balance del primer año de la Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural. Según este, el servicio sólo ha atendido 55 casos, muchos de ellos consultas relacionadas con más de un tema. De estas, sólo el 43% hacían referencia a situaciones de agresión sexual, la mayoría pasadas en el tiempo. Tras la primera atención, de los 55 casos atendidos, solo 24 decidieron acceder a los servicios que ofrece la unidad: 16 al servicio jurídico y 8 al servicio psicológico. Al servicio se le dedican 900.000 euros anuales, un gasto de 37.500 por persona atendida.
Los datos quedan muy lejos del escenario que planteaba el Gobierno, que financió, a través del Ministerio de Igualdad, un informe de CIMA que aseguraba que el 60,3% de las mujeres declaran haber sufrido algún tipo de violencia sexual en los espacios relacionados con la industria del cine y del audiovisual. Teniendo en cuenta que alrededor de 59.200 mujeres se dedican al sector, esto supondría que hay casi 36.000 víctimas. Sin embargo, sólo 24 han solicitado el servicio destinado a las víctimas de violencia sexual en el sector desde que entró en vigor, hace un año.
La violencia sexual en el cine llegó al foco de atención tras una serie de reportajes escritos en El País sobre supuestos abusos sexuales por parte del director Carlos Vermut. A raíz de estos, comenzó a hablarse con insistencia de una supuesta atmósfera de abusos normalizados en el cine español. Se rumoreó que iban a aparecer más reportajes, y hechos más graves, pero con la excepción de un director canario y de Eduardo Cortés, un creador de series de marcada trayectoria feminista, no pasó mucho más. Vermut terminó denunciando a El País por injurias y calumnias. El caso sigue hoy judicializado.
El Gobierno vio la oportunidad de sacar rédito político. Ernest Urtasun y Yolanda Díaz lideraron la ofensiva en los Premios Feroz. El ministro de Cultura aprovechó la alfombra roja para expresar su apoyo «a cualquier denuncia pública de abuso de poder y violencia sexual», y subrayó la importancia de «poner en el centro los testimonios de las mujeres y acompañarlas en sus decisiones». Poco después, anunció la creación de Unidad de Prevención y Atención Contra las Violencias Machistas en el Sector Audiovisual y Cultural para paliar esta lacra supuestamente extendida.
Sesiones de orientación
Desde su puesta en marcha y hasta el 30 de octubre de 2025, el servicio, que es telefónico, ha atendido 55 casos, muchos de ellos con consultas relacionadas con más de un tema. Un 60% estaban relacionadas con información sobre los servicios que se ofrecen desde la Unidad; un 24%, con cuestiones jurídicas y psicológicas; un 24% de las consultas eran jurídicas y un 5,4% eran psicológicas. Sobre la tipología de las consultas, el 43% hacían referencia a situaciones de agresión sexual, la mayoría pasadas en el tiempo y con consecuencias psicológicas en el presente, y el 36% a situaciones de acoso y abuso en el contexto laboral.
Tras la primera atención, de los 55 casos atendidos un 43,6% decidieron acceder a los servicios que ofrece la unidad: 66,6% al servicio jurídico y 33,3% al servicio psicológico. La Unidad ofrece cinco sesiones de orientación (jurídica y/o psicológica) proporcionada por especialistas. Si un caso requiere una atención más prolongada, se deriva a los servicios públicos más adecuados. Por sectores, la mayoría de las personas que hicieron la consulta procedían del sector audiovisual (60%), seguidas de artes escénicas (10,9%), música (7,14%), gestión cultural (5,45%) y artes plásticas (3,65%).
El servicio está gestionado por la Fundación Aspacia, una organización no gubernamental feminista cuyos fines son «prevenir y erradicar todas las formas de violencia de género contra las mujeres, en especial la violencia sexual, desde una perspectiva feminista y con un enfoque de género, derechos humanos e interseccional».