Moncloa concede a dedo un contrato a una empresa de un cartel sancionado por amaños
La adjudicataria tiene una sanción millonaria de la CNMC y un historial de controversias en contratos públicos
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y el ministro de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Justicia, Félix Bolaños. | EFE
Moncloa ha adjudicado a dedo, a través de un contrato negociado sin publicidad, el suministro de alimentos para los offices del Complejo de la Presidencia del Gobierno a Plataforma Femar. Esta empresa fue sancionada en julio del año pasado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) como integrante del cartel que amañó concursos públicos de alimentación en servicios esenciales del Estado. El contrato de Moncloa, de 54.789 euros con IVA, se concedió sin concurrencia: la única empresa que accedió al procedimiento fue también la adjudicataria. No hubo competencia, no se compararon ofertas y no se aplicó rebaja alguna sobre el precio máximo fijado por la Administración.
La Junta de Contratación del Ministerio de la Presidencia aprobó el expediente el 25 de noviembre de 2025. Los documentos oficiales, a los que ha accedido THE OBJECTIVE, muestran que solo una empresa presentó oferta —Plataforma Femar—, que coincidió exactamente con el presupuesto base del pliego. La compañía aplicó una baja del 0%, lo que confirma que no existió presión competitiva. El procedimiento utilizado es una vía excepcional de la Ley de Contratos del Sector Público, reservada a circunstancias muy concretas, y que permite al órgano de contratación invitar únicamente a las empresas que considere oportunas. En este caso, según los documentos, la invitación fue única.
El contrato analizado tiene por objeto el suministro de alimentos, bebidas, tabacos y productos afines para los offices del Complejo presidencial, espacios logísticos que dan soporte al día a día de Moncloa: reuniones de trabajo, actividades internas y el funcionamiento operativo del entorno del presidente.
Contrato sin concurrencia
La elección de Plataforma Femar resulta especialmente relevante debido a su historial. A mediados de 2024, la CNMC sancionó a la empresa por su participación en un cartel alimentario que durante años alteró concursos públicos en hospitales, residencias de mayores, centros educativos, instalaciones penitenciarias y otros organismos públicos.
La resolución del expediente S/0016/21 impuso a Femar más de 2,4 millones de euros en multas por tres infracciones graves de colusión. La Comisión acreditó reparto de lotes, intercambio de información sensible, coordinación de ofertas y una estructura estable que simulaba competencia para obtener adjudicaciones pactadas. La sanción incluyó también multas personales a directivos de la compañía.
Sanción de la CNMC
La CNMC destacó en su resolución que las prácticas detectadas no solo vulneraban la Ley de Defensa de la Competencia, sino que afectaban directamente a la gestión del gasto público, al inflar precios y limitar la libre concurrencia. El organismo recordó que la contratación alimentaria para servicios esenciales depende de un mercado transparente, y que la colusión altera de forma estructural la capacidad de las administraciones para obtener ofertas ajustadas y comparables. El caso de Femar se citó expresamente como uno de los ejemplos más lesivos por el volumen de contratos afectados y por la persistencia temporal de las conductas sancionadas.
La CNMC subrayó que no se trataba de un episodio aislado, sino de un mecanismo de colusión que operó de forma continuada y que perjudicó a administraciones especialmente sensibles. La práctica, según el organismo, elevó costes, redujo la competencia y comprometió la calidad de los servicios públicos afectados. La resolución describía un comportamiento prolongado y sofisticado, incompatible con los principios básicos de contratación pública.
A pesar de este expediente sancionador, Plataforma Femar ha seguido obteniendo contratos en distintas administraciones. En los últimos años, ha protagonizado controversias relacionadas con la calidad de los suministros en residencias públicas y centros educativos, además de aparecer como único licitador en procedimientos de suministro. Ese patrón de adjudicaciones con baja o nula competencia coincide con lo que ahora ha ocurrido en la Presidencia del Gobierno.
Tribunal de Cuentas y OIReScon
La utilización de un negociado sin publicidad en un ámbito tan sensible contrasta con las advertencias reiteradas de los órganos fiscalizadores del Estado. Tanto el Tribunal de Cuentas como la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (Oirescon) han alertado sobre el riesgo que suponen los procedimientos sin transparencia para la integridad contractual. Ambos organismos señalan que estas modalidades deben aplicarse con extrema cautela y justificarse con detalle, especialmente cuando afectan a empresas con antecedentes sancionadores.
La adjudicación introduce de nuevo a un proveedor sancionado por amañar concursos públicos en un suministro de uso cotidiano en Moncloa, y lo hace mediante un procedimiento altamente discrecional que elimina la competencia y limita el escrutinio público. Moncloa ha adjudicado a dedo un contrato alimentario a una empresa multada por participar en un cártel que manipuló concursos públicos, utilizando un procedimiento excepcional, sin concurrencia y al precio máximo permitido por el pliego. Una decisión que abre interrogantes sobre la coherencia entre la retórica institucional en materia de transparencia y la práctica contractual en el centro del poder ejecutivo.