El Gobierno avaló con 300.000 euros a la constructora familiar de los Sumelzo

El Gobierno de Pedro Sánchez avaló con 300.000 euros públicos la actividad de la sociedad Sumelzo S.A., la constructora familiar de la secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo. Las ayudas se concentraron entre 2023 y 2025, según los registros de la Base de Datos Nacional de Subvenciones del Ministerio de Hacienda. Estas operaciones se formalizaron como garantías financieras, sin transferencia directa de fondos, pero permitieron a la compañía trasladar parte del riesgo asociado a sus obligaciones económicas hacia el sector público, una forma de que Sumelzo S.A. tuviera una posición de ventaja ante futuras adjudicaciones de obra pública. La concesión de estos avales se produjo después de que la empresa hubiera alcanzado su máximo histórico de ingresos en 2020 (año en que realizó un pago a Servinabar). En ese ejercicio, se superaron los 16 millones de euros impulsados por una cartera cargada de contratos públicos adjudicados en años previos. En los dos primeros años de Sánchez en La Moncloa, su facturación se disparó un 150%.

Antes de acceder a estos instrumentos, la empresa había logrado adjudicaciones de cuantía significativa en organismos dependientes del Ministerio para la Transición Ecológica, con especial peso en encargos procedentes de la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE): hasta 11 encargos por valor de 16 millones de euros en el periodo 2019-2025. Los trabajos se centraron en actuaciones hidráulicas, servicios de conservación y obras vinculadas a la gestión de infraestructuras públicas. Esta actividad situó a la constructora en niveles de facturación inusuales para una empresa de su tamaño, con presencia simultánea en distintos territorios y administraciones.

Los datos financieros reflejan que 2020 fue el ejercicio de mayor volumen de ingresos, conforme a la información publicada por plataformas de análisis empresarial. La cifra de negocio aumentó de forma significativa respecto a ejercicios anteriores y marcó el punto más elevado de la serie histórica disponible. Ese fue el año en el que Sumelzo S.A. realizó un pago de 12.100 euros a Servinabar, la empresa que presuntamente utilizaron Joseba Antxon Alonso y Santos Cerdán para cobrar comisiones a cambio de manipular adjudicaciones de obra pública. Ese pago está bajo el foco de la Unidad Central Operativa (UCO).

A partir de entonces, la contabilidad muestra descensos notables en 2021 y una recuperación parcial en 2022, aunque sin alcanzar los niveles del pico. Los años 2023 y 2024 se caracterizan por volúmenes de actividad relevantes, pero con márgenes más estrechos, en un contexto de presión de costes y volatilidad económica originado por la guerra de Ucrania.

Respaldo público a los Sumelzo

Los avales concedidos entre 2023 y 2025 no modificaron los ingresos ni alteraron los resultados de la empresa, pero sí funcionaron como un mecanismo de respaldo para sostener su actividad económica. En este tipo de operaciones, el Estado no transfiere recursos directamente, sino que respalda una parte del posible incumplimiento de obligaciones financieras. Si la empresa atiende sus compromisos, el coste público es nulo; si no los atiende, la Administración asume la parte garantizada. En sectores expuestos a costes elevados, ciclos de cobro prolongados y exigencias contractuales altas, como ocurre con la construcción, estos instrumentos reducen el riesgo para intermediarios financieros y proveedores, y colocan a la constructora en una situación más favorable en el mercado.

El periodo en el que la constructora de los Sumelzo obtuvo avales coincide con una fase de reordenación institucional derivada de la legislatura de 2023, que afectó a los ministerios competentes en materia industrial y económica. La reorganización administrativa dio lugar a nuevos marcos para programas de apoyo a empresas y mecanismos de cobertura de riesgo, en un contexto de encarecimiento del crédito, subida generalizada de tipos de interés y mayor presión sobre los costes operativos. La política de avales se utilizó como herramienta de apoyo a la continuidad de actividad, especialmente en sectores que requerían liquidez previa a la certificación de obra y cobro.

A pesar de la corrección de ingresos y márgenes, la empresa continuó participando en licitaciones públicas tras su pico de facturación. Los registros de contratación analizados por este medio muestran adjudicaciones en distintos niveles administrativos, con presencia en organismos estatales y regionales. Aunque la intensidad y cuantía de los contratos varió respecto a ejercicios anteriores, la empresa mantuvo actividad en proyectos públicos con un nivel de complejidad técnica elevado.

Esa continuidad no supone una ampliación del ciclo expansivo, pero sí una estabilidad operativa bajo condiciones financieras más exigentes, en la que la empresa operó con recursos ajustados y mayor dependencia de plazos de pago. En ese contexto, los avales funcionaron como un colchón para sostener operativa sin alterar la estructura económica de la compañía. Su papel fue reforzar solvencia percibida, no incrementar ingresos.

Un 150% de facturación

Tal y como ha publicado THE OBJECTIVE, la llegada de Pedro Sánchez al poder marcó un antes y un después para Sumelzo S.A.. En 2018, la facturación de la constructora se situaba en torno a 6,4 millones de euros. Solo dos años más tarde había alcanzado los 16 millones, impulsada en parte por varios contratos públicos con la CHE, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica de Teresa Ribera.

En total, desde 2019 hasta este mismo 2025, la Confederación Hidrográfica del Ebro se convirtió en el mejor cliente de los Sumelzo, alcanzando un total de 16 millones de euros en 11 contratos. Susana Sumelzo estuvo vinculada a la constructora familiar durante un breve periodo de tiempo. El registro mercantil muestra que fue nombrada apoderada solidaria de la firma el 30 de noviembre de 2007, aunque tan solo estuvo en el cargo 5 meses y 25 días. Cesó el 27 de mayo de 2008, unas semanas después de ser elegida senadora.