El socio de Cerdán abandona la empresa que le vincula a un magnate de la prostitución

Joseba Antxon Alonso Egurola, copropietario de Servinabar junto a su socio en la sombra, Santos Cerdán, acaba de deshacerse de una nueva sociedad. El empresario vasco ha registrado su baja como apoderado mancomunado de la sociedad Residencial Las Merindades S.L., de la que también han salido sus otros dos socios vascos, tal y como refleja el Registro Mercantil del pasado 4 de diciembre. Esta sociedad, que supuestamente se dedicaba a la compraventa inmobiliaria, tenía su domicilio social en la misma dirección que la firma Casle Inversiones y otras empresas vinculadas a Arsenio Pérez Vieitez. Este último fue uno de los empresarios detenidos y procesados en la llamada Operación Pompeya, la macrorred de prostíbulos desarticulada por un fraude masivo del IVA.

Los hilos de la trama de Santos Cerdán se difuminan en el Registro Mercantil. La red societaria que operaba su socio Antxon Alonso comienza a deshacerse. Hace unos días, el socio de Cerdán se desvinculó oficialmente de Next Generation Caliope Innova, una sociedad creada para dar el salto al negocio de las renovables. Pero no ha sido la única empresa con la que Alonso ha roto amarras recientemente.

El pasado 4 de diciembre, el Boletín Oficial del Registro Mercantil dejaba constancia de que Antxon Alonso dejaba de ser administrador mancomunado de la sociedad Residencial Las Merindades S.L. Una firma de compraventa dedicada al mercado inmobiliario en la que tenía a otros dos socios, que también han renunciado a sus cargos.

La empresa, más allá de ser una más de la docena con las que opera el dueño de Servinabar, resulta significativa por el domicilio social en el que está implantada: el número 5 de la plaza Berri, en Beasain (Guipúzcoa). Una dirección situada en una zona puramente residencial en la que aparecen registradas otra docena de sociedades como Ibur Erreka S.L, Castle Inversiones y media docena más, vinculadas a su vez a otro nombre conocido para la justicia: Arsenio Pérez Viéitez.

La Operación Pompeya

Pérez Viéitez fue uno de los detenidos por su participación en una macrorred de prostitución presuntamente dedicada a evadir impuestos. A los detenidos se les atribuye un total de 119 delitos fiscales supuestamente cometidos a través de seis tramas delictivas diferentes: cinco redes societarias de clubes de alterne y una sexta empresa que puso en marcha la operativa de ocultación de ingresos a través del pago por tarjeta.

Esta sexta empresa colocaba sus TPV —los terminales de pago— en los prostíbulos para ocultar a los propietarios de los clubes. Se calcula que defraudaron 111 millones de euros en concepto de cuotas tributarias no ingresadas (IVA, Impuesto de Sociedades e IRPF). 

A lo largo del auto de procesamiento, el juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama describió toda la operativa investigada en este procedimiento. Indicó cómo los investigados crearon un entramado societario, a través de mercantiles que explotaban clubs de alterne, con objeto de defraudar a la Hacienda Pública estatal en las liquidaciones tributarias. Un objetivo final calcado al de la trama de los hidrocarburos.

Nido de empresas

Tal y como ha desvelado THE OBJECTIVE, no es la primera vez que el nombre de una sociedad de Antxon Alonso aparece vinculada a un domicilio social que actúa como nido de empresas de dudosa actividad. Ocurre —u ocurría, ya que se desvinculó recientemente— con Next Generation Caliope. Una empresa con un prefijo ya sugerente de por sí, que se dedicaba al lucrativo negocio de las energías renovables. Lucrativo por las primas, ayudas y subvenciones que suelen acompañar a esta actividad.

Esta firma se localizaba en un ático de la calle Serrano de Madrid, en el número 76, junto con decenas y decenas de sociedades de similar origen y objetivo, casi todas vinculadas a las renovables. Entre ellas, tal y como ha acreditado la UCO, se han cruzado pagos y transferencias.

Cabe recordar que la Guardia Civil, tal y como ha sabido THE OBJECTIVE, ya trabaja con la hipótesis de que Santos Cerdán no sólo era socio de Antxon en la constructora Servinabar, sino en otras empresas de las que el guipuzcoano es propietario. Firmas que, presuntamente, habrían servido de pantalla y enlace para cobrar comisiones o mordidas a cambio de adjudicaciones públicas.