Díez visitó con Cerdán la sede de una empresa del 'cupo vasco' que hizo pagos a Servinabar
Testigos presenciales sitúan a Leire Díez junto al ex secretario de Organización en la sede de SAPA
Santos Cerdán, Leire Díez y Jokin Aperribay (SAPA). | Ilustración de Alejandra Svriz
Leire Díez, la exmilitante del PSOE imputada por, presuntamente, buscar información comprometida sobre mandos de la UCO y fiscales por orden de Ferraz, fue detenida este pasado miércoles por la Guardia Civil en una operación relacionada con adjudicaciones públicas. La investigación, bajo secreto de sumario, depende de la Audiencia Nacional. En ese contexto, THE OBJECTIVE ha podido saber que Díez habría acompañado en varias ocasiones al ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en visitas a la sede de la vasca SAPA, una contratista de Defensa que pagó 145.200 euros a Servinabar, tal y como avanzó este diario el pasado agosto. La empresa, dirigida por la familia Aperribay y muy próxima al PNV, también recibió cerca de 50 millones de euros en créditos de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), organismo que presidió otro de los detenidos en esta trama, Vicente Fernández, entre 2018 y 2019.
La supuesta manipulación de concursos para la adjudicación de contratos públicos alcanza un nuevo frente, y esta vez salpica también a Leire Díez. La investigación secreta del Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, cuyo titular es Antonio Piña, apenas ha permitido conocer algunos detalles de su detención por parte de la Unidad Central Operativa. Pero sí ha trascendido que su presunta actividad delictiva estaría vinculada a la contratación pública.
Según ha podido saber TO, Díez no solo se relacionó con Santos Cerdán en su misión de obtener información crítica de mandos de la UCO o fiscales anticorrupción, sino que también habría acompañado al ex secretario de Organización a visitar empresas como SAPA, una contratista habitual del Ministerio de Defensa, participante en los llamados Programas Especiales de Armamento (PEAS) que llevan aparejados miles de millones de euros. Además, SAPA es propietaria de casi el 8% de Indra desde 2021, el tercer mayor accionista.
Fue en esos años en los que testigos presenciales sitúan a Cerdán y a Díez reunidos con miembros de la dirección de SAPA, en varios encuentros celebrados en la sede central y comercial de la compañía, situada en Madrid (su sede social se encuentra en Guipúzcoa).
Pagos a Servinabar
Como desveló TO el pasado mes de agosto, los documentos de la Hacienda navarra sobre los movimientos contables de Servinabar reflejaron al menos dos pagos por parte de SAPA a la constructora propiedad de Antxon Alonso y, presuntamente, Santos Cerdán (propietario del 45% según una escritura privada localizada por la UCO en el domicilio de Alonso).
En total, Servinabar recibió de la empresa vasca contratista de Defensa 145.200 euros en los años 2021 y 2022 en dos pagos, uno de 101.640 y otro de 43.560 euros. Según fuentes internas de la compañía, por aquel entonces no había ningún trabajo que conectase a la empresa con la constructora vinculada a Cerdán y Alonso.
Estas dos transacciones quedaron registradas en un contexto relevante: SAPA Operaciones logró en diciembre de 2021 entrar a formar parte de Indra con el voto a favor del Gobierno a través de la SEPI, adquiriendo un 5% del capital social de la compañía. Además, SAPA recibió en 2022 una subvención del Gobierno de 32 millones de euros de los fondos de la UE, a la que se sumarían otras posteriormente, con lo que la cuantía se elevó a casi 50 millones.
En el momento de la entrada en Indra, el Gobierno, a través de la SEPI, buscaba fortalecer la industria militar española, y SAPA, empresa muy cercana al PNV, se convirtió en socio del Ejecutivo socialista en Indra. Posteriormente, SAPA elevó su participación hasta el 7,94%, convirtiéndose en uno de los mayores accionistas de la compañía y entrando en el Consejo de Administración. Al Gobierno le interesaba que SAPA entrase en Indra para poder acceder después a ITP Aero, empresa española referente mundial en el mercado de motores y componentes aeronáuticos.
De la SEPI a Servinabar
Cabe recordar también que otro de los detenidos por la UCO es Vicente Fernández Guerrero, expresidente de la SEPI entre 2018 y 2019 bajo la batuta de María Jesús Montero como ministra de Hacienda (se considera cuota del PSOE andaluz). Tal y como reveló TO en exclusiva, Fernández Guerrero fue fichado por Servinabar en 2021.
La aprobación gubernamental de aquel fichaje, emitida por la Oficina de Conflictos de Intereses de Altos Cargos, se produjo el 19 de mayo de 2021, algo más de año y medio después de que el jefe de la compañía pública presentase su dimisión —octubre de 2019— por la reapertura del caso Aznalcóllar, por el que había sido investigado y procesado. Precisamente fue absuelto la pasada semana. La relación laboral con Servinabar se alargó hasta 2023 y ocupó el cargo de director comercial.
La misma oficina gubernamental emitió también el mismo día de 2021 el visto bueno para que Fernández Guerrero fuera empleado del despacho de abogados sevillano Martínez Escribano, según la información recabada en el Portal de la Transparencia del Gobierno.