La UCO registra Forestalia, la SEPI y tres empresas públicas en el 'caso Leire'

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil está realizando este jueves registros en compañías vinculadas a Servinabar, entre las que está incluida Forestalia. Los agentes también han accedido a la sede de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y a tres entes públicos: la Empresa Nacional de Uranio (Enusa), Mercasa y la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides). Las pesquisas forman parte de una investigación bajo secreto de la Audiencia Nacional por la que fueron arrestados este miércoles la exmilitante del PSOE Leire Díez y el expresidente de la SEPI Vicente Fernández por presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

Fuentes de la investigación explican a THE OBJECTIVE que a las empresas públicas se les ha realizado requerimientos de información, según el mandato del titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, Antonio Piña, que mantiene la causa bajo secreto de sumario. Los agentes también han acudido a la asesoría fiscal Conaudire de Zaragoza o a la empresa Cemsal.

Como desveló este diario, Forestalia y una de las firmas de Joseba Antxon Alonso, propietario de Servinabar, compartieron domicilio fiscal en un vivero de empresas de Madrid dedicado a obtener contratos y subvenciones públicas en energías renovables. La UCO también ha detenido este jueves en Vizcaya al empresario que supuestamente compartía firma con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Junto a Díez y Fernández pasarán a disposición judicial el sábado a las 10 horas. Se les imputan delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.

Tres detenidos por la UCO

Entre el miércoles y este jueves se han practicado 19 registros en Madrid, Sevilla y Zaragoza (donde tiene su sede Forestalia). Algunos de ellos están relacionados con empresas vinculadas a Servinabar, la mercantil de la que Cerdán tendría, supuestamente, el 45% de las acciones. Un extremo que niega el ex secretario de Organización del PSOE, que abandonó la prisión preventiva el pasado 19 de noviembre. Fuentes de la investigación han añadido que, por el momento, no se prevén más detenciones.

Las mismas fuentes indican que también se han producido registros en la sede central de la SEPI en Madrid. Los agentes también han irrumpido en Mercasa, Sepides y Enusa, que se ocupa de la gestión del uranio en España (un país en el que está prohibido extraer dicho mineral). El ente está dirigido por Mariano Moreno, el extesorero del PSOE cuando se pagó en metálico a Cerdán, José Luis Ábalos y Koldo García. La misma empresa que enchufó a Díez cuando Pedro Sánchez llegó al poder.

La UCO también ha registrado un piso en la calle Diego de León de Madrid que, supuestamente, utilizaba Díez para sus encuentros con imputados, empresarios y jueces para facilitar información sensible al PSOE sobre causas judiciales. El inmueble, en una de las zonas más exclusivas de Madrid, estaba arrendado por el expresidente de la SEPI.

En Sevilla han accedido al bar La Bola, en la isla de La Cartuja. El establecimiento pertenece desde 2023 a una sociedad supuestamente controlada por Fernández. Las fuentes consultadas señalan que pasó de obtener cuantiosas pérdidas a facturar importantes sumas, por lo que podría haberse usado para blanquear dinero obtenido presuntamente de manera irregular.

El patrimonio de Fernández

La Guardia Civil pone el foco en el patrimonio de Fernández. El detenido tiene registrados a su nombre un lujoso chalé en la urbanización de Puerta de Hierro en Madrid, dos chalés en una exclusiva urbanización en El Aljarafe (Sevilla); tres inmuebles en Marbella, garajes y trasteros. Como avanzó El Debate, la UCO cree que disparó su patrimonio hasta los cinco millones tras su paso por la SEPI.

Sánchez le nombró presidente de la SEPI en junio de 2018, nada más llegar a Moncloa, tras ser recomendado por la actual ministra de Hacienda, María Jesús Montero. Un año después dimitió tras ser imputado por presuntas irregularidades en la adjudicación de la mina sevillana de Aznalcóllar, causa de la que salió absuelto por la Audiencia Provincial de Sevilla la semana pasada.

Las pesquisas también se centrarían en la tecnológica Cistec, donde Díez fue consejera entre 2021 y 2023. En ese momento, la denominada fontanera del PSOE trabajaba para Correos tras dejar su puesto como responsable de Comunicación en Enusa, ente público por el que fichó apenas unos meses después de que Fernández se convirtiera en presidente de la SEPI, que posee el 60% de esa empresa pública. 

Sepides, entidad pública adscrita a la SEPI que entonces presidía Fernández, se hizo en 2018 con el 25% de Cistec. Las fuentes consultadas subrayan que, tras la entrada de capital público, la compañía recibió numerosas subvenciones y contratos públicos. Tras su salida del organismo adscrito al Ministerio de Hacienda, Fernández fichó Servinabar, donde permaneció entre 2021 y 2023 como director comercial.

Lazos de Servinabar, Forestalia y Sumelzo

Como avanzó este diario, Joseba Antxon Alonso, la familia Sumelzo y el grupo Forestalia, presidido por Fernando Samper, convergen en un mismo entorno económico y societario. Mientras las empresas de los Sumelzo y de Forestalia rotan en el control de sociedades vehículo para proyectos renovables en Aragón, sociedades aragonesas realizaron pagos a Servinabar, la firma ligada al socio de Cerdán.

Los registros mercantiles analizados por THE OBJECTIVE muestran una pauta común: varias sociedades pasan sucesivamente por manos de los Sumelzo (la familia de la secretaria de Estado Susana Sumelzo) y del holding de Samper (Fernando Sol) mientras algunas empresas del entorno aragonés hacen pagos a Servinabar. Según información financiera examinada por la UCO, en la investigación judicial en curso empresas como Mediaciones Martínez (hoy Promociones Inmobiliarias Ku-ma) y Sumelzo efectuaron pagos a Servinabar que están siendo investigados.