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Fernández tuteló los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera tras salir de la SEPI

El expresidente del ‘holding’ estatal de empresas públicas estuvo al menos 18 meses como presidente en la sombra

Fernández tuteló los rescates de Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera tras salir de la SEPI

Vicente Fernández, presidente de la SEPI entre junio de 2018 y octubre de 2019. | Carlos Luján / EP

Vicente Fernández, el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), mantuvo una gran influencia en el holding empresarial estatal tras ser apartado del cargo en octubre de 2019 por su implicación en una presunta adjudicación irregular de la mina de Aznalcóllar en Sevilla. Fuentes internas consultadas por THE OBJECTIVE llegan a apuntar que actuaba como el primer directivo en la sombra, una situación que se mantuvo al menos hasta que la compañía designó en marzo de 2021 a su sustituta, Belén Gualda. Esto le permitió tutelar directamente los tres rescates más polémicos de la pandemia: Air Europa, Plus Ultra y Duro Felguera.

Las fuentes consultadas por este diario confirman que durante los casi 18 meses de interinidad en los que oficialmente el responsable de la SEPI era Bartolomé Lora, el vicepresidente, Fernández mantuvo la mayoría de sus privilegios como presidente, incluyendo el transporte y su cuenta de correo electrónico; y buena parte de sus responsabilidades, como asistir a reuniones y visitar las compañías participadas por el holding inversor del Estado. Todo ello tolerado por el Ministerio de Hacienda —responsable de la SEPI— que desde junio de 2018 está a cargo de María Jesús Montero, el mismo mes de la designación de Fernández en el holding público.

Durante esos meses de interinidad de Lora, el hombre de confianza de la vicepresidenta Montero (de su época como alto cargo de la Junta de Andalucía) estaba a la espera de volver a la presidencia del holding cuando se despejara su implicación en la adjudicación de la mina de Aznalcóllar. La investigación se extendió más de lo esperado (se le absolvió hace solo pocos días), lo que, sumado al estallido del escándalo de la adjudicación de 53 millones a Plus Ultra en marzo de 2021, aceleró la designación de Belén Gualda.

Rescates de la SEPI

De esta manera, su actuación como número uno en la sombra entre noviembre de 2019 y marzo de 2021 le llevó a tutelar los rescates más polémicos del Fondo de Ayuda a la Solvencia a las Empresas Estratégicas (Fasee) que auxiliaron a empresas al borde de la quiebra durante la pandemia. Las fuentes consultadas coinciden en señalar que al menos habría estado involucrado en los cuatro primeros expedientes aprobados: el de Air Europa por 475 millones, en noviembre de 2020; Duro Felguera (120 millones), Plus Ultra (53 millones) y Ávoris (320 millones) en marzo de 2021 y pocos días antes de que Belén Gualda fuese designada.

Sobre el rescate de Air Europa se han escrito cientos de informaciones respecto de sus vinculaciones con la trama Koldo y el comisionista Víctor de Aldama. Movimientos que se podrían trasladar al caso de Ávoris, participada entonces al 50% por Globalia, dueña de la aerolínea rescatada. En cuanto a Plus Ultra, una nueva investigación judicial en marcha registró este mismo jueves sus oficinas, con la detención de sus dos principales directivos. Hace meses se cerró la causa -por un error administrativo- en la que se ponía en duda la idoneidad de las condiciones que debería haber cumplido la compañía de origen venezolano para haber accedido al rescate.

Vicente Fernández está actualmente en prisión por una causa secreta investigada por el Juzgado Central de Instrucción 6 respecto de cuatro presuntos delitos: prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El órgano ha encargado registros en la sede de la SEPI en Madrid, pero también en otras empresas públicas dependientes del holding como Mercasa, la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides) y Enusa.

Fernández y Servinabar

También fue detenida la exmilitante del PSOE Leire Diez, que trabajó en las empresas dependientes de la SEPI, Enusa y Correos; y Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán en Servinabar, la empresa que está en el centro de las investigaciones de la Unidad Operativa Central (UCO). Está en el punto de mira por supuesto tráfico de influencias, amaños de contratos públicos y cobro de comisiones por parte del ex secretario de Organización del PSOE de Acciona y en administraciones como la del Gobierno de Navarra.

Vicente Fernández tuvo una larga y fructífera trayectoria en Servinabar. Después de solicitar autorización a la Oficina de Conflictos de Intereses para colaborar con Servinabar como asesor externo, comenzó a ejercer en mayo de 2021 y posteriormente asumió el cargo de director comercial de Servinabar 2000 SL, función que ejerció hasta 2023. Su fichaje se produjo solo dos meses después de que se designara a su sucesora en la SEPI y tras 18 meses con el cargo de presidente vacante. Un indicio de que, hasta entonces, el directivo estaba a la espera de que se restituyera en el sector público.

Por ello, es importante determinar si efectivamente Fernández tuvo influencia en la SEPI después de su salida a finales de 2019, para saber en qué contratos pudo influir, en qué decisiones pudo participar y, en definitiva, cuál fue su perímetro de acción real en las empresas públicas del Estado, incluso ya fuera de la compañía de manera oficial.

Montero y Fernández

Anteriormente, entre 2012 y 2016 Vicente Fernández fue secretario general de Innovación, Industria y Energía, y presidente de la Agencia Andaluza de la Energía (AAE), de Verificaciones Industriales de Andalucía (Veiasa), de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones (Sandetel) y de Aeropolis, el parque europeo de ciencia y tecnología dedicado exclusivamente al sector aeroespacial.

Desde febrero de 2016 ocupó el puesto de Interventor General de la Junta de Andalucía, el órgano superior de control interno y de contabilidad pública de la gestión económica de la Administración andaluza y de la totalidad de sus entidades instrumentales. Todos estos últimos cargos, bajo dependencia directa de María Jesús Montero, en su condición de consejera de Hacienda y Administración Pública de la Junta entre los años 2013 a 2018.

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