Teresa Ribera facilitó con permisos ambientales los pelotazos de la investigada Forestalia

El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, dirigido entre 2018 y 2024 por la actual vicepresidenta de la Comisión Europea Teresa Ribera, fue clave para que la empresa Forestalia cristalizase operaciones de miles de millones. Grandes ventas de paquetes eólicos o fotovoltaicos durante los años de la pandemia que fueron posibles gracias a que el grupo empresarial aragonés, ahora investigado por la UCO por su presunta conexión con esa nueva trama corrupta que afecta al PSOE, obtuvo los permisos medioambientales y licencias necesarias por parte de Teresa Ribera. El organismo que expedía la autorización administrativa previa para esos parques de renovables también ha sido visitado por la UCO.

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se personaron este pasado viernes en diversas instancias del Ministerio de Hacienda y del Ministerio de Transición Ecológica para requerir información documental sobre varios asuntos relacionados con esa nueva causa secreta de corrupción que afecta al PSOE. Uno de los lugares fue la Dirección General de Política Energética y Minas, de donde se llevaron información de dos expedientes administrativos concretos.

Esta dirección general es clave en el presunto entramado societario que vincula a Servinabar y a cargos del PSOE con las empresas del sector de las energías renovables. Especialmente con Forestalia, el gigante aragonés de la producción eólica y fotovoltaica, socia de la constructora Sumelzo SA, a cuya sede acudió la Guardia Civil en busca de información.

Ribera y las DIA

Durante los años de Ribera al frente del Ministerio, los mismos que ahora analiza la UCO en el marco de esta nueva trama corrupta, las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) favorables a Forestalia fueron un escenario común. Este permiso es, esencialmente, el que otorga el Estado para construir una planta fotovoltaica o un parque de molinos eólicos después de que los técnicos medioambientales estudien si puede afectar a la flora o a la fauna de manera significativa. Y ahí el Gobierno tiene mucho que decir.

Cuando se proyecta un gran parque eólico o una instalación fotovoltaica de centenares de megavatios (MW) de producción, el total de la producción se trocea en grupos que tengan al menos una potencia superior a 50 MW. Al ser mayores a esa cifra, es el Estado el que puede entregar los permisos pertinentes y tramitar la DIA. Las menores dependen directamente de las autonomías.

Esa circunstancia dejó en manos del Ministerio de Teresa Ribera y de su Dirección General de Política Energética y Minas la emisión de la autorización administrativa previa y los permisos para la instalación de molinos eólicos y plantas fotovoltaicas de cierta entidad. Y si hubo una firma que se especializó en lograr esos permisos de construcción —para luego revenderlos en ocasiones— fue precisamente Forestalia.

Ese modelo de negocio, impulsado por la facilidad con la que Forestalia conseguía permisos en los años de gestión de Ribera, tiene uno de sus mejores ejemplos en la operación que cerró Fernando Samper (propietario de Forestalia) en 2021 con el grupo Bruc Energy; una firma del ex consejero delegado de FCC, Juan Béjar.

Pelotazo de 1.400 millones

Béjar compró a Samper un total de 2.000 megavatios de energía fotovoltaica repartidos en unas cuarenta sociedades. El grupo siempre usa nombres mitológicos griegos para designar este enorme entramado societario. Sociedades limitadas como Cerbero, Menecio, Oalas, Perses, Odiseo, Selene o Cretón (o las otras 14 que liquidaron a toda prisa antes del registro de la UCO, como desveló THE OBJECTIVE) son en realidad pequeñas partes de un mismo todo.

Cada una de esas sociedades gestionaba suficientes megavatios para encajar en el terreno jurisdiccional de Ribera. La operación con Bruc Energy se cerró por 1.400 millones de euros y se convirtió en una de las mayores compraventas del sector y la mayor realizada hasta el momento por ambos grupos. Un pelotazo recordado en el sector.

La operación fue posible gracias a que Forestalia tenía encaminados ya todos los permisos y licencias administrativas, incluidas las declaraciones de impacto medioambiental. Fuentes del sector explican que «comprar molinos o placas a Forestalia era el camino más simple, porque se sabía que tenían vía rápida para acelerar el papeleo. Era una apuesta segura, por eso vendían a muy buen precio». No fue el único pelotazo del grupo en esos años facilitado por la firma de Ribera, que ahora está bajo el foco de la UCO.