La Policía sitúa a Julio Martínez como testaferro de Zapatero con varios negocios en Venezuela

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional sitúa al empresario Julio Martínez Martínez, de 58 años y natural de Elda (Alicante), como presunto «testaferro» del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero y de sus hijas, Alba y Laura Rodríguez Espinosa. Según aseguran fuentes policiales a THE OBJECTIVE, la relación entre Zapatero y Martínez Martínez se inició en 2012, justo después de que el socialista abandonara La Moncloa. A partir de ese momento, ambos comenzaron a mantener un contacto frecuente que se tradujo en viajes recurrentes a Venezuela. En esos desplazamientos, según las mismas fuentes, el empresario habría cerrado determinados negocios con el respaldo y la intermediación directa del expresidente, aprovechando su agenda internacional y su relación privilegiada con el régimen chavista.

El empresario Julio Martínez Martínez, conocido como Julito, ha sido detenido en el marco de la investigación por blanqueo de capitales que afecta a la aerolínea Plus Ultra, rescatada con 53 millones de euros de dinero público en 2021 a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). La UDEF investiga un posible delito de blanqueo de capitales vinculado al uso indebido de los fondos públicos concedidos durante la pandemia. Los agentes sospechan que una parte de ese dinero no se destinó a garantizar la viabilidad de la aerolínea, sino a devolver préstamos a sociedades extranjeras radicadas en Suiza, Francia y Panamá. Dichas sociedades estarían vinculadas a una presunta organización criminal dedicada al blanqueo de capitales y, según las diligencias, podrían guardar relación con operaciones de oro venezolano y pagos a entidades como PDVSA.

El pasado 11 de diciembre de 2025, la Policía registró la sede de Plus Ultra en Madrid y practicó varias detenciones, entre ellas la del presidente de la compañía, Julio Martínez Sola, el consejero delegado Roberto Roselli y otros implicados como Julio Martínez Martínez. La operación fue adelantada en primicia por THE OBJECTIVE. Aunque los detenidos quedaron posteriormente en libertad provisional, el juez impuso medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte. La causa sigue abierta y en fase de análisis económico-financiero.

Transferencias sospechosas

En el transcurso de la investigación, la UDEF ha detectado transferencias realizadas desde Plus Ultra a Julio Martínez Martínez. Para los agentes, esos pagos no se corresponden con servicios reales prestados a la aerolínea, sino que podrían encubrir el cobro de comisiones por las gestiones realizadas por Zapatero para lograr el rescate público. Tal y como publicó en exclusiva este periódico, José Luis Rodríguez Zapatero intercedió personalmente ante el entonces ministro de Transportes, José Luis Ábalos, para garantizar que Plus Ultra obtuviera el sello de empresa viable necesario para acceder a los 53 millones de euros. Sin ese aval, el dinero nunca habría salido de las arcas públicas.

Zapatero se desplazó al Ministerio de Transportes, ubicado en el Paseo de la Castellana número 67, para mantener una reunión con Ábalos cuyo objetivo, según fuentes presentes, era inequívoco: lograr que Plus Ultra fuera considerada «empresa estratégica». Esa calificación resultaba imprescindible para poder beneficiarse del Fasee, gestionado por la SEPI y dependiente del Ministerio de Hacienda. Las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que Zapatero actuó como mediador directo, utilizando su ascendente político dentro del Ejecutivo. Su intervención, sostienen, fue determinante para desbloquear un proceso que, en condiciones normales, habría resultado mucho más complejo debido a la delicada situación financiera de la aerolínea. «Zapatero exigió que le diesen el rescate a Plus Ultra en ese encuentro», afirma una fuente que participó en las negociaciones.

«Estos se van a forrar»

En torno a aquella reunión se produjo una escena que ha quedado grabada en la memoria de varios testigos. Según las fuentes consultadas por este periódico, Koldo García Izaguirre, asesor de confianza de Ábalos, permaneció en la antesala del despacho ministerial. No accedió a la sala principal, pero pudo ver la llegada del expresidente y seguir los movimientos posteriores. En un momento determinado, Zapatero y Ábalos se retiraron a una sala contigua en busca de mayor privacidad. Mientras tanto, Koldo García permanecía en la antesala junto a otros colaboradores. Fue allí donde habría pronunciado una frase que muchos recuerdan todavía hoy: «Estos se van a forrar».

La presión de Zapatero se habría canalizado principalmente a través de Pedro Saura, entonces secretario de Estado de Transportes, cuyo aval era imprescindible para que una empresa pudiera ser reconocida como estratégica. El diseño del Fasee establecía criterios estrictos: solo podían aspirar a esa condición compañías con un peso relevante en la economía o cuya desaparición supusiera una amenaza real para un sector clave. Pese a ello, y contra el criterio técnico de varios responsables consultados posteriormente por este medio, Plus Ultra obtuvo un informe favorable emitido por la Secretaría de Estado de Transportes. La Dirección General de Aviación Civil, dependiente directamente de Saura, fue la encargada de elaborar el documento que abrió la puerta al rescate.

El contenido del informe provocó estupor dentro de la propia SEPI. Los datos no cuadraban con los parámetros habituales. Plus Ultra apenas operaba el 0,03% de los vuelos en España y ocupaba el puesto 166 del ranking de aerolíneas activas. Su flota se limitaba a cuatro aviones arrendados, de los cuales solo uno estaba operativo cuando solicitó la ayuda. Tampoco destacaba por su volumen de empleo ni por su solidez financiera, ya que arrastraba pérdidas en ejercicios anteriores. «El informe consideraba estratégica a una empresa que, por volumen, empleados y penetración de mercado, simplemente no lo era», explican fuentes conocedoras de la tramitación interna. Dentro de la SEPI, el caso generó incredulidad y preocupación, sobre todo cuando otras compañías de mayor tamaño y relevancia económica vieron rechazadas sus solicitudes. La editorial SM, con 685 empleados, no logró ese estatus. El contraste resultaba difícil de justificar.

Pagos a las hijas del expresidente

Según fuentes de la investigación, Zapatero no habría realizado esas gestiones de manera gratuita. Los agentes sospechan que el expresidente cobró una comisión por ejercer de mediador y que esos importes se corresponderían con los pagos realizados por Plus Ultra a Julio Martínez Martínez. Aunque no se ha detectado que esos fondos retornaran de forma directa a Zapatero, sí existen transferencias realizadas desde el empresario a las hijas del expresidente. Martínez Martínez figura como cliente en la cartera de la agencia gestionada por Laura y Alba Zapatero, a través de la sociedad Análisis Relevante S.L. Esta mercantil aparece reflejada en su porfolio como proveedora de servicios de consultoría y diseño. Según la documentación analizada, los trabajos consistieron en informes sobre mercados latinoamericanos y en el diseño del logotipo de la compañía. Para los investigadores, esos encargos podrían haber servido como vía para canalizar pagos sin una contraprestación real acorde con los importes abonados.

Análisis Relevante S.L. tiene su sede social en un piso de la calle Diego de León número 35, en pleno barrio de Salamanca de Madrid. El dato ha llamado especialmente la atención de los investigadores. Muy cerca, en el número 36, se encuentra el inmueble en el que Santos Cerdán montó un grupo —junto a Leire Díez y el expresidente de la SEPI— para pedir dinero a empresas del Ibex 35, tal y como adelantó en primicia THE OBJECTIVE. La coincidencia geográfica refuerza, a juicio de la UDEF, la existencia de un entorno de intermediación política y empresarial en el que se repiten nombres, métodos y escenarios.

Uno de los elementos más relevantes del informe policial es la evolución patrimonial de Julio Martínez Martínez en los últimos años. Aunque muchos de los bienes no figuran directamente a su nombre y aparecen canalizados a través de empresas interpuestas de las que es administrador, la Policía constata un incremento exponencial de su patrimonio. Entre los activos detectados figura un lujoso barco adquirido hace un par de años y amarrado en el puerto de Alicante. La embarcación, de elevado valor, resulta difícil de conciliar con los trabajos realizados por el empresario. Los agentes analizan también otros bienes muebles, participaciones societarias y movimientos financieros que apuntan a un nivel de vida muy superior al que cabría esperar de su actividad conocida.

Para la UDEF, este enriquecimiento acelerado constituye un indicio clave de la existencia de ingresos opacos vinculados a su papel como presunto intermediario y testaferro. La causa sigue abierta y no se descartan nuevas imputaciones a medida que avance el análisis de los flujos económicos. El rescate de Plus Ultra, lejos de quedar enterrado en los archivos de la pandemia, vuelve a colocarse así en el centro del foco judicial y político, y amenaza con convertirse en uno de los episodios más incómodos del legado de José Luis Rodríguez Zapatero.