La trama SEPI creó una empresa para alojar inmigrantes en plena ola de pateras en Canarias
Residencias Tuteladas de Aragón se formó en abril de 2024, cuando se disparó un 500% la inmigración ilegal
Inmigrantes ilegales alojados en un hotel en 2024. | EFE
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil otorga un papel fundamental en la trama SEPI a una sociedad denominada Mediaciones Martínez. Los investigadores consideran que la supuesta red de corrupción que afecta al Gobierno de Pedro Sánchez utilizaba esa sociedad mercantil para canalizar las presuntas mordidas que cobraba el grupo Hiroruk (Nosotros tres], integrado por Leire Díez, Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso. Los tres habrían obtenido un rédito económico a cambio de conseguir rescates y contratos públicos impulsados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Detrás de Mediaciones Martínez se encuentra un empresario que creó una firma (Residencias Tuteladas de Aragón) para gestionar residencias de inmigrantes en plena crisis de las pateras en Canarias, en la primavera de 2024.
El Gobierno de Sánchez prometió en abril del año pasado al de Canarias que reformaría la Ley de Extranjería. El objetivo de fondo era obligar a todas las comunidades autónomas a aceptar el reparto de los inmigrantes ilegales que llegaban en oleadas a las islas, el origen del polémico reparto de menores extranjeros no acompañados que comenzaría oficialmente en agosto de este año, tras meses de disputa entre el Ejecutivo central y el autonómico.
La situación entonces era prácticamente desesperada para las autoridades canarias. A fecha de 31 de marzo de 2024, según el balance oficial del registro de inmigración del Ministerio del Interior que ha podido consultar THE OBJECTIVE, habían llegado a Canarias por vía marítima un total de 13.115 personas, un incremento del 502% respecto a las cifras del año anterior. En cuanto al número de pateras, el aumento fue cercano al 300%, pasando de 51 a 201 respecto al anterior ejercicio.
Residencias Tuteladas
Ese escenario de crisis política y social en Canarias fue el escogido por uno de los elementos claves en la trama SEPI para poner en marcha una sociedad dedicada a la gestión de esos flujos migratorios. Bajo el nombre Residencias Tuteladas de Aragón, el empresario Carmelo Aznárez, administrador de Mediaciones Martínez (denominada ahora Promociones Inmobiliarias Ku-Ma) puso en funcionamiento una firma dedicada a la «acogida residencial para inmigrantes y ejecución de proyectos de integración de dicho colectivo». También consta en esa definición de objeto social los «servicios realizados en centros residenciales de ancianos».
La empresa tiene su sede social a las afueras de Zaragoza. El inicio de las operaciones tiene lugar el 21 de marzo del año pasado. Este diario no ha podido constatar documentalmente que haya recibido contratos públicos para el alojamiento de inmigrantes ni de la Administración pública aragonesa ni tampoco del Gobierno central.
La UCO atribuye a Aznárez un papel central en la presunta operativa de la trama. Sería, en esencia, una especie de recaudador que canalizaría las mordidas y comisiones pagadas por las empresas que requerían los servicios de Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y Alonso, dueño de Servinabar, la empresa en la que presuntamente tenía acciones el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán. Dichos servicios consistían en desplegar su red de contactos e influencia en empresas de la SEPI para encarrilar rescates públicos y contratos de todo tipo con la Administración.
«En la perfección de este sistema, los integrantes del grupo (Hiroruk) habrían actuado de forma coordinada con el propósito finalista de obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones», insiste el auto del titular del Juzgado de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional. El juez Antonio Piña dejó el pasado sábado en libertad a sus miembros, aunque con medidas cautelares.
El grupo cobró 750.000 euros
Los investigadores sostienen que el grupo Hiroruk intervino en al menos cinco presuntos amaños «obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones Públicas y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI». En total, esas operaciones en las que mediaron supondrían unos 132,9 millones para el erario. Por esa tarea habrían cobrado algo más de 750.000 euros.
La UCO apunta que la mayor parte de los fondos canalizados a través de Mediaciones Martínez se destinaron a inversiones inmobiliarias en Marbella (Málaga) y Jaca (Huesca), activos que se presumen comunes a los tres investigados. El auto detalla beneficios directos para el expresidente de la SEPI. La investigación ha acreditado la asignación personal de al menos 49.350 euros a través de transferencias e ingresos en efectivo a favor de Fernández.
«El análisis efectuado por la unidad investigadora ha permitido constatar diversos elementos que permitirían inferir la permanencia de su actividad en el tiempo, al menos durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023 así como su proyección en distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias Administraciones públicas», indica la UCO.
La principal operación que realizó la trama habría sido la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la sociedad Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones. «Los indicios recopilados ponen de manifiesto que, por parte del grupo Hirurok, se habrían llevado a cabo acciones tendentes al otorgamiento de esta ayuda, percibiendo por ello un total de 114.950 euros a través de facturación, aparentemente mendaz, emitida por la sociedad Mediaciones Martínez», revela el auto judicial.
Ayudas públicas
Una segunda operación, adelantada por este diario, implica ayudas públicas de la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial (Sepides), participada por la SEPI, por valor de 17,3 millones a favor de Arapellet, perteneciente al grupo Forestalia. Los investigadores destacan que «por este otorgamiento se habría pactado previamente el pago de 200.000 euros».
Los investigadores también subrayan una operación con Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) para adjudicar un contrato de 2,8 millones de euros a la UTE formada por Construcciones y Excavaciones Erri Berri y Afesa Medio Ambiente. Como contraprestación, el grupo Hirurok habría recibió 400.000 euros. Otros de los contratos señalados son el que adjudicó Mercasa a Servinabar por 18.120 euros para elaborar un informe técnico de la rehabilitación de su sede y sobrecostes en la Empresa Nacional de Uranio (Enusa).