El sector público se lanza a la compra masiva a dedo de balizas V-16 con precios muy dispares
Sin adquisiciones centralizadas y contratos fragmentados y menores, las diferencias de los importes superan el 118%
La baliza V-16 sustituye a los clásicos triángulos para indicar que el vehículo ha quedado inmovilizado en la calzada y será obligatoria a partir del 1 de enero de 2026.
Las administraciones públicas han iniciado una compra masiva y anticipada de balizas V-16 —el dispositivo que sustituirá a los triángulos de emergencia— mediante una proliferación de contratos fragmentados, en muchos casos menores y adjudicados de forma directa, con precios dispares y una información incompleta que dificulta la comparación y la fiscalización. Cuanto más atomizada es la compra, mayor es el riesgo de opacidad. Ese riesgo se acentúa precisamente en los contratos menores, donde la concurrencia es limitada o inexistente.
La obligación de portar balizas V-16 conectadas no será exigible hasta el 1 de enero de 2026. La norma es conocida desde hace años. Pese a ello, el grueso del gasto se está ejecutando desde agosto de 2025, sin una estrategia de compra agregada y con una cascada de expedientes independientes repartidos entre ministerios, comunidades autónomas, diputaciones, ayuntamientos, distritos y empresas públicas. El resultado es un mercado público desordenado para un producto homogéneo y estandarizado.
Los precios unitarios analizados por THE OBJECTIVE oscilan de forma considerable. En contratos competitivos, con concurrencia real, la baliza se sitúa en torno a los 22–25 euros por unidad. En compras fragmentadas y menores, el coste asciende con frecuencia a 35–48 euros, sin que exista una diferencia técnica que lo justifique. La variación alcanza hasta un 118% para el mismo dispositivo, dependiendo exclusivamente del procedimiento y del volumen.
Balizas V-16 desde 22 euros
La comparación entre expedientes lo ilustra con claridad. La Agencia Tributaria (Aduanas) licitó un suministro de 763 balizas V-16 al que se presentaron 20 empresas, una cifra inusualmente alta. El precio resultante se situó entre los más bajos detectados. En la misma línea, el Parque Móvil del Estado adquirió 649 balizas V-16 por 14.440 euros, lo que arroja un coste aproximado de 22,24 euros por unidad, tras un procedimiento competitivo con cinco licitadores. No es una excepción: es el resultado esperable cuando hay concurrencia real.
El contraste es evidente con las compras menores. Ayuntamientos y servicios territoriales han tramitado pedidos de 10, 150 o 500 balizas, sin licitación abierta y con un único posible proveedor. En estos expedientes, el precio unitario tiende a elevarse o, directamente, resulta imposible de calcular porque no siempre consta el número exacto de unidades. En varios anuncios se fija el presupuesto, pero no el volumen, o el suministro se integra en lotes mixtos, lo que impide una comparación homogénea del gasto.
Opacidad y difícil control
Esta falta de información no es anecdótica y se repite en expedientes estatales, autonómicos y locales. Se sabe cuánto se gasta, pero no siempre qué se compra exactamente. La consecuencia es una opacidad comparativa que dificulta el control y desactiva cualquier referencia común de precios.
La fragmentación territorial añade una capa adicional de ineficiencia. Dentro de grandes ayuntamientos, distintos servicios o distritos tramitan sus propias compras en lugar de agregar la demanda. En Madrid, por ejemplo, una adquisición del ámbito de emergencias se limitó a 150 balizas V-16 para un único distrito, en lugar de una compra conjunta para toda la ciudad, y acabó adjudicada a un proveedor generalista. Es un esquema que se repite en otras corporaciones locales y comunidades.
En ferreterías e imprentas
Mientras, en numerosos contratos menores, las balizas no recaen en distribuidores habituales de equipamiento de vehículos o seguridad vial, sino en ferreterías, imprentas y comercios generalistas. El suministro se convierte en una commodity accesible a cualquier intermediario con disponibilidad inmediata, un patrón que recuerda —salvando las distancias— a lo ocurrido durante la pandemia con la compra de mascarillas, cuando empresas ajenas al sector sanitario se hicieron con contratos públicos gracias a la fragmentación administrativa.
En el extremo opuesto están las grandes licitaciones. Correos y Telégrafos, con una de las mayores flotas civiles del sector público, ha licitado la compra de 4.800 balizas V-16 por un valor estimado de 172.800 euros, lo que fija el precio en 36 euros por unidad. La Guardia Civil, con un pedido mínimo de 17.000 dispositivos, se mueve en un rango similar. En estos casos, el volumen estabiliza el coste, aunque sin alcanzar los precios más bajos observados en procedimientos con mayor competencia.
La escala completa —desde microcompras de diez unidades hasta macrolicitaciones de decenas de miles— demuestra que el problema no es el producto, sino el método. Allí donde hay concurrencia real, el precio cae. Allí donde hay contratos menores y fragmentación, el coste se dispara o se vuelve opaco. Y cuanto más fragmentado es el gasto, mayor es el riesgo de prácticas ineficientes y de pérdida de trazabilidad.
El impacto presupuestario agregado no es menor. Incluso en un escenario conservador, el parque móvil público supera ampliamente los 250.000 vehículos. A precios competitivos, la factura se contiene; con precios inflados por fragmentación, la diferencia se mide en millones de euros. Todo ello antes de que la obligación sea exigible y sin una compra centralizada que ordene el mercado.