Exigen la destitución del director de prisiones en Cataluña por dar «una bofetada» a un preso

El sindicato catalán de prisiones (Sicap-Fepol) ha registrado un escrito en el Parlamento autonómico en el que exige a la Consejería de Justicia la «destitución inmediata» del director general de Asuntos Penitenciarios de la Generalitat de Cataluña, Domingo Estepa Camacho, por la sanción que le fue impuesta por propinar «una bofetada a un interno en situación de enfermedad terminal en el hospital penitenciario de Terrasa». Según consta en el documento, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los hechos se produjeron en 1994, cuando el ahora responsable de prisiones era «funcionario de servicio interior» en el citado centro sanitario. Estepa, que era coordinador de Investigación Penitenciaria y Entorno Policial, fue ascendido por la Generalitat el pasado mes de septiembre tras la jubilación de su antecesor, José María Montero.

El funcionario fue sancionado disciplinariamente por propinar un golpe por la espalda a un interno que estaba en situación de enfermedad terminal porque, según afirmó el propio Estepa, «el interno no le pidió permiso para administrarse colonia», según denuncia la organización sindical.  Una vez se resolvió el expediente, el trabajador penitenciario fue trasladado forzosamente a la prisión de Quatre Camins (Barcelona). El secretario general de Sicap, Miguel Pueyo, acredita lo ocurrido hace casi 30 años porque, señala en conversación con este diario, «fue testigo y era compañero suyo en el hospital penitenciario». 

El preso, que padecía una enfermedad grave, fue excarcelado tiempo después y finalmente falleció a causa de las patologías que tenía. El sindicato considera que los antecedentes de Domingo Estepa «son incompatibles con el ejercicio de un cargo de máxima responsabilidad en el ámbito penitenciario», y «vulneran cualquier código ético, especialmente en un contexto en el que la protección de los derechos de las personas privadas de libertad y el trato digno a los internos deben ser principios irrenunciables de la Administración pública».

Quejas sobre su gestión

A juicio de Sicap, el nombramiento de Domingo Estepa «es una broma de mal gusto», cuando  es «capaz de realizar una conducta incompatible con los principios éticos y de responsabilidad exigibles a un alto cargo penitenciario». «Es inadmisible que dirija a miles de funcionarios quien fue sancionado por golpear a un enfermo terminal bajo su custodia. ¿Qué responsable político pondría la seguridad de un familiar suyo en manos de un directivo sancionado por golpear a una persona en situación de enfermedad terminal?» 

La organización sindical de prisiones, una de las más representativas entre los funcionarios, también ha trasladado la denuncia sobre los hechos a la Síndica de Greuges de Cataluña —la defensora del pueblo—y a todos los grupos parlamentarios. Vox Cataluña solicitó hace unos meses el expediente disciplinario a Domingo Estepa a la Consejería de Justicia, pero por ahora no ha dado respuesta. Sicap considera «imprescindible que la dirección del sistema penitenciario recaiga en personas que generen confianza y que no arrastren antecedentes que puedan comprometer la imagen del servicio público penitenciario». 

Fuentes sindicales revelan que el capítulo que protagonizó el director general de prisiones en 1994 «no es un hecho aislado», sino que «son varios los antecedentes y circunstancias que, en conjunto, generan dudas sobre su trayectoria». Principalmente, se refieren a los conflictos «reiterados» con los trabajadores que, según las mismas fuentes, motivaron su cese como director del centro penitenciario Quatre Camins en junio de 2024 «por las numerosas quejas que acumuló de los sindicatos sobre su gestión». 

Destitución del comisario de Lérida

La denuncia de este sindicato de prisiones se produce días después de que el Ministerio del Interior decidiese cesar al recién nombrado comisario provincial de la Policía Nacional en Lérida, el comisario Antonio José Royo Subías. El departamento dirigido por Fernando Grande-Marlaska lo destituyó después de que El Segre publicase que el mando había sido condenado en junio de 2003 por la Audiencia Provincial de Guipúzcoa por acosar a una subordinada para que mantuviera relaciones sexuales con él a cambio de beneficios laborales en dietas y días libres, hasta el punto de darle «un manotazo en el glúteo» a la agente. 

Los hechos ocurrieron en el año 1999 cuando Royo Rubías era inspector jefe de un grupo de la Unidad de Intervención Policial (UIP), los antidisturbios, en San Sebastián. La sentencia de la Audiencia, que fue ratificada un año después por el Tribunal Supremo, consideró al mando autorizado de un delito de acoso sexual agravado por hacer prevalecer su superioridad. Fue condenado a una multa de 1.080 euros y a indemnizar a la víctima con 3.000. El fallo, sin embargo, no incluyó la pena accesoria de inhabilitación —se incorporó para este delito en 2022—, por lo que el policía continuó en el cuerpo, donde ascendió y desempeñó distintos cargos de responsabilidad. Entre ellos, jefe de la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura de Aragón y agregado de Interior en la Embajada de España en Argelia.