Vicente Fernández confesó que tenía el encargo del Gobierno de «liquidar la SEPI»
Durante el mandato del hombre de confianza de Montero se produjo una «despatrimonialización de empresas públicas»
Vicente Fernández Guerrero (i) y Marís Jesús Montero (d) cuando el primero presidía la SEPI. | EFE
El expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) Vicente Fernandez confesó a colaboradores cercanos que tenía el encargo del Gobierno de «liquidar la SEPI» a través de la venta de activos patrimoniales de las empresas públicas participadas porque «era deficitaria» para el Estado. La confesión la hizo en 2018, poco después de ser nombrado presidente de la entidad, a personas de su máxima confianza en el ámbito profesional consultadas por THE OBJECTIVE: «Es verdad que me confesó: yo estoy aquí para liquidar la SEPI».
Las citadas fuentes sostienen que, según la versión del propio Fernández, se trató de una «instrucción del Gobierno, por supuesto» y, más concretamente, de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y del Palacio de la Moncloa. «Era indudable que la orden venía del presidente del Gobierno», Pedro Sánchez, y esta consistía en «vender lo que se pudiera vender y en cerrar lo que tuviera que cerrar» porque «la SEPI tenía muchas pérdidas. Perdían mucho dinero y había que poner orden», revelan estos interlocutores, quienes han mantenido contacto con él hasta hace apenas un mes.
Otras fuentes de la SEPI consultadas por este periódico desvelan que el objetivo de la sociedad estatal en el año 2018/2019, durante el mandato de Fernández, fue la «despatrimonialización de algunas empresas públicas» participadas a través de la venta de activos inmobiliarios con la intención de «aligerar el coste» de la misma. Las revelaciones de estas fuentes coinciden con las de algunas de las empresas, que desvelan que hubo una «orden expresa de vender inmuebles de patrimonio» que anteriormente se limitaban a ponerlos en el mercado del alquiler. Un cometido que se hizo hasta el mes de octubre de 2018, cuando Vicente Fernández Guerrero se vio forzado a dimitir por la imputación en la mina de Aznalcóllar.
La «sede paralela» y el papel de Bartolomé Lora
Sin embargo, según fuentes internas de la SEPI consultadas por THE OBJECTIVE, tras su dimisión, Fernández Guerrero mantuvo un estrecho vínculo con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, a cuya sede acudió en varias ocasiones y con cuyo personal mantuvo la interlocución. «Era el presidente en la sombra», desvelan desde el organismo público. Aunque la relación que mantenía con sus subordinados, entre quienes se encontraba el vicepresidente, Bartolomé Lora, se hizo desde el despacho que había alquilado Fernández en la calle Diego de León, 36. Allí se negociaron los rescates de Air Europa (noviembre de 2020) y Plus Ultra (marzo de 2021) que gestionó el expresidente, a quien la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, mantuvo en el puesto durante casi 600 días, confiando en volver a nombrarle cuando se archivara su imputación. A finales de marzo de 2021, aprobados ya los rescates de las dos aerolíneas, el Consejo de Ministros nombró presidenta de la SEPI a Belén Gualda.
La «sede paralela» de la SEPI en Diego de León, 36 fue el lugar donde se reunió el secretario de Organización Santos Cerdán con Leire Díez para pedir comisiones a empresarios del IBEX 35. Leire Díez no era entonces fontanera del PSOE, sino directiva de la empresa pública Correos y Telégrafos, donde estuvo hasta enero de 2024. Según las fuentes consultadas por este periódico, este grupo se dedicaba a intermediar entre empresas a cambio de una comisión a través de diferentes operaciones, algunas de ellas con la intención de adquirir determinados inmuebles propiedad del Estado.
Registros en empresas de venta de patrimonio
Estas revelaciones coinciden con los registros hechos la semana pasada por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Aparte de personarse en la sede de la SEPI, los agentes del instituto armado registraron dos empresas públicas de importancia: Confivacasa, sociedad estatal de la SEPI que liquida empresas públicas y vende su patrimonio, y Segipsa, dependiente de Patrimonio Nacional, que comercializa los inmuebles del Estado. Se trata de una sociedad mercantil estatal de gestión inmobiliaria de patrimonio. Lo que investigan los agentes de la UCO es una trama que se habría beneficiado de la venta de inmuebles de titularidad estatal tras ejercer de conectores entre empresas privadas y la SEPI.
A julio de 2025, la SEPI había perdido más de 500 millones de euros anuales, pese a haber logrado la mayor cifra de negocio de su historia, lo cual habría motivado la despatrimonalización de sus bienes. Este contexto económico negativo no es nuevo en la historia reciente de la entidad. Informes públicos del Tribunal de Cuentas ya habían advertido en ejercicios anteriores del elevado endeudamiento de algunas de las sociedades participadas y de la necesidad de revisar la estrategia patrimonial del holding público. La SEPI agrupa compañías de sectores tan dispares como la energía, el transporte, la defensa, la comunicación y la gestión de infraestructuras, muchas de ellas con un fuerte componente inmobiliario heredado de décadas anteriores.
En ese marco, la venta de activos inmobiliarios se presentó internamente como una vía rápida para obtener liquidez sin recurrir a ampliaciones de capital o transferencias directas del Estado. Sin embargo, fuentes conocedoras de estas operaciones subrayan que el problema no fue tanto la decisión de vender como el modo en que se ejecutaron algunas de esas enajenaciones, con escasos controles internos y una elevada discrecionalidad en la selección de intermediarios y compradores potenciales.
Confivacasa, una de las sociedades registradas por la UCO, tiene precisamente como objeto social la liquidación de empresas públicas y la venta ordenada de su patrimonio. Su actividad se ha intensificado en los últimos años, coincidiendo con el aumento de procesos de reestructuración dentro del sector público empresarial. Segipsa, por su parte, actúa como brazo inmobiliario del Estado y ha gestionado históricamente la comercialización de edificios y suelos propiedad de la Administración General, Patrimonio Nacional y otras entidades públicas.
Las pesquisas de la Guardia Civil tratan ahora de determinar si determinados inmuebles salieron al mercado con precios por debajo de su valor real o si se facilitaron operaciones a empresas privadas concretas a cambio de contraprestaciones económicas. En el foco de la investigación está la posible existencia de una red de intermediación que habría aprovechado su cercanía a altos cargos políticos y directivos públicos para influir en decisiones patrimoniales de enorme impacto económico.