Una juez investiga al delegado del Gobierno en Madrid por su dispositivo policial en La Vuelta

El Juzgado de Instrucción número 45 de Madrid ha abierto diligencias previas contra el delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, Francisco Martín, por la gestión del dispositivo policial desplegado durante la última etapa de La Vuelta a España, celebrada en la capital. Según ha podido saber THE OBJECTIVE, la titular del juzgado, Luisa María Prieto Ramírez, ha incoado la causa bajo el número de Diligencias Previas 3031/2025, tras la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias.

La investigación judicial pone el foco en la planificación, diseño y ejecución del operativo de seguridad, que acabó con 22 agentes de la Policía Nacional heridos, algunos de ellos de gravedad, y con la suspensión de la prueba ciclista en medio de disturbios violentos en distintos puntos del recorrido. El sindicato denunciante atribuyó directamente la responsabilidad al delegado del Gobierno, en su condición de máxima autoridad en materia de seguridad del Estado en la región. La denuncia imputaba a Francisco Martín un presunto delito de imprudencia grave con resultado de lesiones, además de desórdenes públicos y desobediencia a la autoridad, sin descartar incluso una prevaricación administrativa por haber aprobado un dispositivo «manifiestamente ineficaz y orientado a objetivos políticos y no operativos».

El escrito que presentó Manos Limpias sostenía que el operativo desplegado por la Delegación del Gobierno fue insuficiente, mal dimensionado y carente de previsión, pese a que existían informes previos que alertaban del riesgo de incidentes violentos. Según el sindicato, el delegado del Gobierno habría dado órdenes restrictivas a los mandos policiales, limitando la capacidad de actuación de las unidades antidisturbios en un contexto de creciente tensión en la vía pública.

Uno de los aspectos que más peso tendrá en la investigación es la cadena de mando y el grado de intervención directa del delegado en el diseño del dispositivo. Las fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE subrayan que la jueza deberá determinar si las decisiones adoptadas fueron meramente políticas o si tuvieron una traslación directa y lesiva en la actuación policial, hasta el punto de provocar las lesiones sufridas por los agentes. En este sentido, la denuncia apunta a una estrategia deliberada de «no intervención», que habría dejado a los efectivos policiales «sin margen de reacción», expuestos a ataques con vallas, botellas, piedras y otros objetos contundentes.

El testimonio de los agentes heridos

Fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que una de las diligencias más relevantes será la declaración de los 22 policías heridos, solicitada expresamente por el secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad. Sus testimonios permitirán reconstruir cómo se desarrolló el operativo desde dentro y si existieron órdenes concretas que impidieran actuar conforme a los protocolos habituales. La denuncia sostiene que los agentes fueron desplegados sin el material adecuado, con una planificación deficiente y sin refuerzos suficientes, pese a que la situación se fue «caldeando» desde primeras horas de la jornada. Varios policías, siempre según el escrito, alertaron a sus superiores de que el dispositivo era claramente insuficiente.

Manos Limpias afirma que la Delegación del Gobierno diseñó un plan «más cercano a una operación de propaganda que a un dispositivo de seguridad». Según la denuncia, el objetivo real habría sido forzar la suspensión de la etapa de La Vuelta ciclista, aun a costa de la integridad física de los agentes desplegados. Los mandos de la Unidad de Intervención Policial (UIP), responsables de contener los disturbios, habrían denunciado internamente que se les envió a la calle «con las manos atadas», sin capacidad real para intervenir. La falta de coordinación, la escasez de efectivos y la ausencia de instrucciones claras habrían convertido el operativo en una improvisación de alto riesgo.

Otro de los elementos que analizará la jueza es la reacción pública de Francisco Martín tras los disturbios. Según recogía la denuncia, el delegado del Gobierno llegó a calificar el dispositivo como «un éxito», argumentando que no se habían producido incidentes graves. Esta afirmación fue interpretada por los denunciantes como una burla directa de la labor policial, habida cuenta de que 22 agentes resultaron heridos y solo se produjeron dos detenciones. Este dato, según los sindicatos, evidenciaba la falta de contundencia y de respaldo operativo a las fuerzas de seguridad.

Un testimonio desgarrador

Entre los documentos aportados a la causa figura el testimonio escrito de uno de los agentes heridos, remitido desde el Hospital Beata María Ana de Madrid, donde fue atendido tras los disturbios. Su relato describe una jornada marcada por el caos, la desorganización y la sensación de abandono institucional. «El despliegue fue un desastre», relató el agente, que denuncia que los manifestantes pudieron colocarse tranquilamente detrás de las vallas sin que se adoptaran medidas preventivas. Cuando comenzaron los ataques, los policías se vieron rodeados y superados, sin autorización para utilizar los medios necesarios para repeler la violencia. «Nos apalizan, nos ridiculizan», escribió el agente, que añadió que varios compañeros se planteaban abandonar la unidad. «Esto es política. Si matan o revientan a un guardia, les da igual. Un desastre y un ridículo internacional».

La denuncia también solicitaba que comparezcan como testigos representantes de los principales sindicatos policiales, entre ellos el SUP, JUPOL y la CEP, que denunciaron públicamente la falta de respaldo del Gobierno. Estas organizaciones acusan a la Delegación de actuar por conveniencia política y sacrificar la seguridad de los agentes para evitar un coste mediático. La juez deberá decidir ahora qué diligencias practica. De momento, la apertura de diligencias supone un revés judicial de calado para Francisco Martín y abre un nuevo frente incómodo para el Ejecutivo de Pedro Sánchez.