La trama SEPI inyectó 300.000 euros en Servinabar cuando imputaron a Ábalos
La sociedad que la UCO sitúa como recaudadora de la trama inyectó esa cantidad en la constructora de Cerdán
Alejandra Svriz
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil continúa analizando al milímetro las cuentas de la ‘constructora’ instrumental Servinabar, propiedad de Antxon Alonso y presuntamente de Santos Cerdán. El foco ahora se sitúa sobre las relaciones mercantiles que mantuvo Servinabar con la empresa Promociones Inmobiliarias Ku-Ma, administrada por un empresario al que la UCO considera el recaudador de la trama SEPI, la causa secreta que investiga mordidas a cambio de rescates y contratos públicos y que ya se ha cobrado la detención de Leire Díaz y Vicente Fernández. La compañía que hizo de puente entre las empresas que pagaban mordidas y los integrantes de la trama hizo un préstamo de 300.000 euros a Servinabar a los pocos días de que el Tribunal Supremo asumiese la investigación sobre José Luis Ábalos.
Noviembre de 2024 es un mes clave en el desarrollo de los acontecimientos del caso Koldo, ya que fue cuando se convirtió en el caso Ábalos. En esos días se produjeron movimientos que no han pasado inadvertidos para los investigadores, y que apuntan a que en el entorno de la trama se recibió con nerviosismo e inquietud la noticia de que el Supremo asumía la causa penal contra Ábalos. El PSOE, por ejemplo, abandonó definitivamente los pagos en metálico a Santos Cerdán justo en ese momento.
También hubo movimientos sospechosos en el entorno empresarial vinculado a Cerdán. Los libros contables de Servinabar, así como los índices de actividad notarial consultados por los investigadores para elaborar el informe patrimonial del ex secretario de Organización del PSOE, revelan un apunte muy significativo en forma de préstamo.
Inyección a Servinabar
El 15 de noviembre de 2024, justo una semana después de que el caso escalase al Supremo, los libros de registro reflejan que la empresa Promociones Inmobiliarias Ku-Ma hizo un préstamo —y constitución de prenda— por valor de 300.000 euros a Servinabar, la empresa de Alonso Egurola y Cerdán.
La inyección de líquido es relevante, teniendo en cuenta el papel que la UCO otorga a esa sociedad con sede en Zaragoza (anteriormente denominada Mediaciones Martínez SL). Según la Guardia Civil, esta sociedad, así como el empresario que está tras ella, era la encargada de recoger las mordidas de empresas que querían acceder a rescates y contratos públicos (trama que impulsaban presuntamente Leire Díez y Vicente Fernández), y luego derivar esas mordidas a Servinabar.
Hasta el momento se habían detectado pagos cruzados entre esta sociedad y la constructora de Cerdán y Alonso que dejaban un saldo positivo para Servinabar de unos 150.000 euros. Sin embargo, el importe de los 300.000 supera esas cifras y además se produce en un momento en el que la trama ya estaba bajo seguimiento.
Un vínculo con Begoña Gómez
La investigación judicial sobre la presunta trama de corrupción en la SEPI ha sacado a la luz conexiones con una ONG vinculada a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno. Según los informes incorporados a la causa, la firma de auditoría Conaudire, controlada por Carmelo Aznárez —uno de los principales investigados por la Guardia Civil—, ha sido la encargada de auditar durante más de una década las cuentas de Cives Mundi, una organización no gubernamental con sede en Soria. La ONG recibe una parte sustancial de sus ingresos de subvenciones públicas y organiza la feria Presura, evento sobre la España vacía en el que ha participado la esposa del jefe del Ejecutivo.
La Unidad Central Operativa sostiene que Aznárez formaría parte de un entramado empresarial utilizado para canalizar comisiones relacionadas con rescates y contratos públicos gestionados desde la SEPI. En este contexto, los investigadores estiman que el entramado habría movido al menos 750.000 euros a través de distintas sociedades vinculadas al contable. La relación entre Conaudire y Cives Mundi se remonta a 2011.
El auditor de los Sumelzo
La causa también vincula a Aznárez con otras proveedoras de empresas y personas imputadas en la investigación. Las detenciones practicadas y las diligencias en curso apuntan a una red de influencias en torno a la gestión de fondos públicos, cuyo alcance sigue siendo analizado por el juez instructor.
Conaudire es, además, la auditoria de otra sociedad que ha quedado señalada en las últimas semanas: Sumelzo SA, una constructora de obra civil aragonesa que recibió millones en contratos de los ministerios de Defensa y Transición Ecológica. Pertenece a la familia de Susana Sumelzo, actual secretaria de Estado para Iberoamérica y el Caribe, que en conversación con TO se desliga por completo de cualquier actividad empresarial vinculada a esta sociedad.