El Supremo abre la puerta a que el Gobierno se haga cargo de todos los menas que piden asilo
El TS ha obligado a Migraciones a tutelar a los menores solicitantes de Madrid. En junio, hizo lo mismo con los de Canarias
Menores migrantes, en una imagen de archivo. | EP
La decisión del Tribunal Supremo (TS) de que el Ministerio de Migraciones se haga cargo también de los 106 menores extranjeros que habían cursado solicitud de asilo de la Comunidad de Madrid abre la puerta a que el Gobierno deba acoger con recursos del Estado a todos aquellos jóvenes que pidan protección internacional en el futuro, aunque estén tutelados por una comunidad autónoma en el momento de solicitarla. El Alto Tribunal dio el pasado jueves 30 días al Ejecutivo para garantizarse el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de aquellos menores que dependían de los servicios de protección madrileños. Previamente, en marzo y junio, el TS también lo hizo con Canarias, donde vivían hacinados más de 1.000 menores hace un año.
Los magistrados estiman la medida cautelar que solicitó el Ejecutivo de Isabel Ayuso y la justifican con los mismos razonamientos que utilizaron con los menores solicitantes de la comunidad autónoma canaria, según sostienen en el auto. Advierten de que el planteamiento del problema en los dos casos es el mismo. Ambos Gobiernos denunciaron que tutelaban a adolescentes solicitantes de asilo o que han manifestado su intención de hacerlo, cuando la acogida de estos últimos es competencia del Ministerio de Migraciones, del que depende el Sistema de acogida de Protección Internacional y Temporal.
Si bien el TS subraya que existen diferencias apreciables entre ambas comunidades, habida cuenta de que, en su momento, Canarias tenía saturados todos sus centros de acogida y los jóvenes vivían en condiciones infrahumanas, esto «no debe impedir que se adopte la medida cautelar interesada, pues conduciría al absurdo pretender que una medida cautelar dirigida a la protección del superior interés de los menores no pudiera adoptarse hasta que se constatara que se hubiera producido el hacinamiento de estos, siendo hasta entonces privados de unos derechos que, indiscutiblemente, les reconoce la legislación nacional y europea y cuya satisfacción debe ser procurada por la Administración del Estado».
Traslados desde Canarias
Cabe destacar que el pronunciamiento del Tribunal Supremo no tiene que ver con la modificación de la ley de extranjería que el Gobierno aprobó a finales de agosto y que hace obligatorio el reparto de menores extranjeros no acompañados entre comunidades autónomas cuando su sistema de acogida triplica su capacidad.
El cambio de la norma vino impulsado por Canarias, que hasta hace unos meses acogía a más de 5.000 menores en sus centros, entre los que se incluían los 1.000 que habían pedido asilo tras haber huido de su país de origen por razones políticas, culturales o religiosas. Las comunidades autónomas han comenzado a recibir a los primeros menores amparados por la ley de extranjería enmendada, pero la mayoría, sobre todo las gobernadas por el PP, han recurrido el reparto de estos adolescentes, de cuya gestión se encarga el Ministerio de Infancia y Juventud.
Desde que entrara en vigor a finales del pasado agosto, el Ejecutivo solo ha resuelto el traslado de 38 menores para que sean tutelados por otras comunidades autónomas, lo que supone menos del 3% del total, según denunciaron fuentes del Ejecutivo canario a este diario hace unas semanas. A este ritmo, señalaban las mismas fuentes, el proceso para descongestionar los centros de la comunidad autónoma podría alargarse durante años, sin contar con que cada semana llegan nuevos menores procedentes de África a las islas a bordo de cayucos.
La ‘cuota’ de asilo
Por otro lado, en los últimos seis meses, el Estado se ha hecho cargo ya de la mayoría de los jóvenes solicitantes de Canarias, a falta de que se resuelvan 70 casos. Según los datos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, de los 1.129 menores en esta situación, 240 han alcanzado la mayoría de edad y 344 se han trasladado a la península, mientras que el resto están todavía en recursos del Estado en Canarias. En este último caso, sin embargo, la tutela de los jóvenes extranjeros no se hace en las mejores condiciones, según denunciaron a este periódico fuentes del Ejecutivo canario.
La cuestión es que no existe una red de protección internacional de menores como la que existe para adultos. Por este motivo, el Supremo exigió habilitar una para aquellos jóvenes asilados que hubiese que acoger en el futuro. Por este motivo, el Ministerio de Migraciones ha ido abriendo recursos en distintas comunidades autónomas —también en Canarias— para aquellos que alegaban arraigo en la región y no querían dejar las islas después de tanto tiempo allí. Unos espacios que, a juicio del Gobierno canario, no cumplen con los requisitos mínimos para alojar a estos menores.
En este contexto, otras comunidades autónomas como Baleares, que ha batido récords en el último año con la llegada de la inmigración irregular, también están tratando de frenar la acogida en sus instalaciones de menores, habida cuenta de que las suyas están colapsadas. La nueva norma del Gobierno, sin embargo, estipula que el Ejecutivo de Marga Prohens debería tener más capacidad de acogida, según diversos factores como la población, la renta per capital y la tasa de paro. Respecto a los jóvenes solicitantes de asilo, fuentes autonómicas señalan a este diario que Baleares no tiene un alto porcentaje y no ha presentado por ahora ningún recurso. Aun así, están pendientes de si los menores que tienen que llegar de Canarias a sus centros son solicitantes de asilo, y así se lo han trasladado el delegado del Gobierno. Sin embargo, aún no han recibido respuesta.