Interior no logra cubrir el 70% de las plazas de médico en las cárceles
Unos 150 facultativos se encargan de atender a una población de decenas de miles de presos
La prisión de Estremera en una imagen de archivo.
Las cárceles españolas cuentan actualmente con un equipo de 152 médicos para atender a las decenas de miles de presos repartidos por las cerca de 80 prisiones dependientes de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior. Hay 355 plazas vacantes, lo que significa que solo se ha cubierto el 30% de las mismas. Lo contrario ocurre con los enfermeros: en este caso, el 93% de las plazas están cubiertas, con 593 efectivos en activo y 43 vacantes.
Respecto a los grupos de personal laboral, los auxiliares de enfermería cuentan con 480 efectivos ocupados, pero 95 vacantes, según datos oficiales de Interior a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. En lo que se refiere al personal encargado de la imagen para el diagnóstico y medicina nuclear, solo hay nueve plazas completas, mientras que cuatro siguen sin cubrir. El cuerpo de farmacéuticos, con un total de 43 especialistas, está completo. Solo existen diez plazas de laboratorio clínico y biomédico, de las cuales dos están vacantes. Finalmente, hay 41 trabajadores dedicados al traslado y movilización de usuarios y pacientes, documentación y materiales, con solo diez plazas descubiertas.
Estos datos, actualizados a 1 de diciembre, reflejan la situación crítica que atraviesa la sanidad penitenciaria en España. Con la mayoría de las plazas de médicos vacantes y un sistema que languidece por la falta de relevo generacional, la atención primaria de miles de internos queda en el aire. La brecha salarial con los servicios autonómicos y el retraso de dos décadas en la transferencia de competencias han convertido trabajar en una cárcel en una opción profesional poco atractiva.
La situación en los centros penitenciarios dependientes del Ministerio del Interior —todos salvo los de Cataluña, País Vasco y Navarra— ha dejado de ser una señal de alarma para convertirse en una realidad de precariedad estructural. Según los últimos datos de las ofertas de empleo público, la Administración apenas logra cubrir una mínima fracción de las plazas que convoca y, en los últimos años, procesos selectivos destinados a incorporar a decenas de facultativos han terminado sistemáticamente desiertos o con apenas un puñado de plazas adjudicadas.
Actualmente, se estima que solo un tercio de los puestos teóricos de médicos en las cárceles españolas están cubiertos por personal funcionario de carrera. Esta carencia se traduce en una presión asistencial insostenible: mientras que la normativa ideal sería la de una atención continua, existen prisiones en España que operan con un solo médico para cientos de internos, o que incluso pasan semanas sin un facultativo presencial, dependiendo exclusivamente de servicios de urgencias externos o de la buena voluntad del personal de enfermería para parchear el día a día.
La pregunta que resuena en los centros es clara: ¿por qué los médicos no quieren trabajar en las cárceles? La respuesta es compleja, pero las condiciones laborales son uno de los principales escollos. A la brecha salarial se suma un entorno laboral de alta complejidad en el que se trata con pacientes que presentan patologías crónicas, problemas de salud mental y adicciones en proporciones muy superiores a la población general.
Además, el estancamiento administrativo pesa como una losa. La Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud de 2003 obligaba a que la sanidad de las prisiones pasara a manos de las comunidades autónomas en un plazo de 18 meses. 22 años después, la mayoría de los Gobiernos regionales se resisten a asumir esta competencia, porque está acompañada de una dotación económica que consideran insuficiente. Este limbo institucional impide que los médicos de prisiones se integren en las bolsas de empleo y los sistemas de carrera profesional de sus respectivas regiones, quedando aislados en un cuerpo estatal que muchos ven como un callejón sin salida profesional.
La falta de facultativos en el interior de los centros no solo afecta a los reclusos. Cuando no hay un médico que valide una consulta o una urgencia intramuros, se multiplican las conducciones a hospitales externos. Esto obliga a movilizar a patrullas de la Guardia Civil o la Policía Nacional para custodias hospitalarias que detraen recursos de la seguridad ciudadana y saturan las salas de espera de los hospitales públicos, donde se han llegado a registrar incidentes de seguridad y fugas.
Esta crisis penitenciaria se enmarca además en un contexto nacional de sequía de batas blancas. España atraviesa una escasez general de médicos, especialmente en Atención Primaria, que ha llevado a varias comunidades autónomas a admitir públicamente sus dificultades para cubrir vacantes. Regiones como Madrid, Andalucía, Castilla-La Mancha y el norte de España han alertado de que el sistema de salud está al límite de su capacidad de contratación; las comunidades autónomas compiten entre ellas con incentivos para atraer a profesionales que, lógicamente, optan por los destinos con mejores condiciones y menor penosidad, y dejan las prisiones al final de la lista de prioridades.