El juez que investigó al Pollo Carvajal por Zapatero: «Se criticó que le interrogase»

Manuel García-Castellón nació en Valladolid en 1952, en el seno de una familia vinculada al servicio público. Hijo de funcionario, su infancia estuvo marcada por los traslados, circunstancia que acabaría forjando un carácter disciplinado y una temprana conciencia institucional. Se licenció en Derecho en la Universidad de Valladolid y accedió a la carrera judicial en 1977, iniciando una trayectoria marcada desde el principio por la vocación instructora. A lo largo de más de cuatro décadas en la judicatura, García-Castellón ha pasado por juzgados de primera instancia e instrucción, ha sido juez de enlace en Francia y en Italia, y ha desempeñado funciones clave en la Audiencia Nacional. En 1993 ocupó durante siete meses una plaza de magistrado sustituto en dicho órgano, en una vacante que había dejado el juez Baltasar Garzón. Años después, se convirtió en titular del Juzgado Central de Instrucción número 6, desde donde dirigió algunas de las causas más complejas y sensibles de la historia judicial reciente de España.

Su nombre está ligado a investigaciones de terrorismo de ETA, grandes casos de corrupción política como Púnica, Lezo y Villarejo, procedimientos de gran impacto mediático como el caso Pinochet, la intervención judicial del Atlético de Madrid que llevó a Jesús Gil a prisión, los registros contra Ruiz-Mateos, el asesinato de Miguel Ángel Blanco y las diligencias sobre Tsunami Democràtic y los CDR. Ahora, ya jubilado, publica Habla, para que se conozca (Deusto), un libro de memorias judiciales en el que reflexiona sobre su carrera, la independencia judicial y el estado de la democracia.

El deber del juez frente al poder

En la entrevista, el magistrado aborda uno de los episodios más controvertidos de su etapa en la Audiencia Nacional: la declaración en su juzgado de Hugo El Pollo Carvajal, exjefe de la inteligencia venezolana. La periodista recuerda que Carvajal habló de una presunta financiación ilegal de Podemos y de supuestos pagos a dirigentes como Juan Carlos Monedero, además de mencionar una presunta vinculación del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero en el denominado caso Morodo. Subraya que, pese a la gravedad de las declaraciones, nunca se investigó la relación de Zapatero y que las causas acabaron archivándose. Ante esa cuestión, García-Castellón insiste en una idea que atraviesa toda la entrevista: la imposibilidad ética y legal de comentar asuntos concretos que ha instruido. Afirma que tiene «un alto sentido del deber y también del deber del secreto profesional» y que no puede entrar en detalles específicos. Sin embargo, sí defiende la decisión de abrir diligencias en su momento, recordando que quien realizaba las acusaciones era nada más y nada menos que el jefe de la Inteligencia de Venezuela, una persona que afirmaba tener información relevante.

El juez explica que ante una declaración así, un magistrado no puede «mirar para otro lado», porque hacerlo supondría traicionar la esencia misma de la justicia. Recurre a la imagen clásica de la justicia como una mujer con los ojos vendados, recordando que esa venda simboliza que «le da igual quién tenga delante». En ese contexto, critica duramente el discurso político que aboga por «desjudicializar la política», una expresión que, a su juicio, equivale a reclamar impunidad. «Si tú cometes un delito, tendrás que responder como los demás», afirma, y añade que la actuación judicial no es opcional, sino una obligación impuesta por la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y concluye con una frase que resume su posición: «Si le molesta, lo siento mucho, pero es lo que hay».

La extradición del Pollo Carvajal

THE OBJECTIVE le pide una valoración personal —no jurídica— sobre la extradición de Hugo Carvajal a Estados Unidos, ejecutada de forma sorpresiva a las diez de la noche desde la prisión de Estremera. García-Castellón responde que la decisión fue adoptada por la Sala de lo Penal y que su respeto a esa resolución es absoluto. Reconoce que intuye «por dónde va» la pregunta, pero insiste en que no puede responder, porque desconoce los motivos internos de la decisión. Sí reflexiona, en cambio, sobre el sistema judicial estadounidense, al que califica como «extremadamente duro». Señala que, si Carvajal tiene algo que contar, lo hará allí, dado que la legislación norteamericana sobre arrepentidos es «impresionante», por los medios que dedica a proteger a los testigos, algo que —lamenta— no ocurre en España. A su juicio, si no se acoge a esos beneficios, lo que le espera es «la cadena perpetua». Sobre el horario nocturno de la extradición, apunta con naturalidad que probablemente se deba a la operativa habitual de los vuelos a Estados Unidos.

Interrogar al mal: violadores y terroristas

Uno de los pasajes más impactantes de la entrevista gira en torno a los interrogatorios más duros de su carrera. El juez recuerda el caso de Olga Sangrador, una menor secuestrada cuyo sospechoso declaró durante cinco horas antes de confesar. Relata que fue un interrogatorio larguísimo, a finales de julio, con un calor insoportable. Reconoce que sigue siendo «un misterio no resuelto» por qué confesó, aunque afirma que en ese momento lo esencial era encontrar a la niña con vida, ya que cada minuto contaba tras varios días de desaparición. García-Castellón compara esa experiencia con los interrogatorios a terroristas de ETA, como los miembros del Comando Andalucía.

Aunque subraya que los delitos son distintos, sostiene que ambos perfiles comparten un rasgo común: la psicopatía. Afirma que el psicópata no tiene curación y critica la ingenuidad del artículo 25 de la Constitución, que establece la reinserción como finalidad de la pena. Recuerda que algunos agresores sexuales le dijeron sin ambages: «Cuando salga lo volveré a hacer», una frase que, señala, «te hiela la sangre». En el caso de los terroristas, explica que la falta de conciencia moral es similar. Evoca cómo uno de ellos justificó el asesinato de la esposa del concejal Jiménez Becerril con una frialdad que reflejaba la total ausencia de distinción entre el bien y el mal: «La maté porque estaba por allí», sentenció el terrorista.

Acoso, campañas de desprestigio y amenazas

El magistrado dice que el acoso no es algo nuevo en su carrera. La primera gran campaña la sufrió con el caso Banesto, tras decretar la prisión provisional de Mario Conde. Con el paso del tiempo, explica, los métodos se han sofisticado, siempre buscando «la perfección en hacer el mal». Recuerda una advertencia que le hizo Siro García, entonces presidente de la Sala de lo Penal, cuando quiso incorporarse a la Audiencia Nacional: si hacía su trabajo, intentarían destruirle profesional y personalmente. «Y así ha sido», afirma. THE OBJECTIVE menciona que incluso después de su jubilación ha seguido siendo objetivo de ataques, y alude a episodios inquietantes como la entrada de un desconocido en su domicilio mientras uno de sus hijos estaba dentro, un hecho que él interpreta como un aviso. García-Castellón confirma el suceso, pero insiste en que no tiene ni idea de quién pudo ser. Añade un dato relevante: ocurrió el día antes de que él abriera el sumario del 11 de marzo, aunque rehúsa establecer conclusiones.

Sobre las acusaciones de prevaricación o corrupción vertidas desde ámbitos políticos, asegura que le producen indiferencia y tristeza a partes iguales. Tristeza, dice, porque no quiere que España regrese a «la ley de la selva». Critica la inacción de las instituciones llamadas a defender la Constitución y alerta de que erosionar la figura del juez es destruir la democracia. Recuerda que la democracia no consiste solo en votar cada cuatro años, sino en respetar diariamente el imperio de la ley y a quienes lo aplican.

BBVA, Puigdemont y Villarejo

El juez aborda también la imputación del BBVA como persona jurídica, una decisión pionera que hoy sigue pendiente de resolución. Confiesa no entender los argumentos sobre respetar tiempos electorales o económicos, y vuelve a la metáfora de la justicia ciega: al juez no le importan las circunstancias personales, políticas o empresariales de los investigados. Respecto a Carles Puigdemont, subraya que no puede quebrar la presunción de inocencia de nadie. Recuerda, no obstante, que la instrucción fue avalada por unanimidad por la Sala Segunda del Supremo, lo que «quiere decir algo». Explica que la función de la instrucción es preparar el juicio, no condenar, y que serán las pruebas en el plenario las que determinen la culpabilidad. En relación con el caso Villarejo, sostiene que solo se ha contado «un 1%» de lo ocurrido. Revela que apenas se logró desencriptar un 47% del material incautado, y que incluso de esa parte quedan ramificaciones que nunca pudieron investigarse. A preguntas sobre la ausencia de piezas relacionadas con trabajos para gobiernos socialistas, se muestra prudente.

En el tramo final de la entrevista, García-Castellón reflexiona sobre el estado de la democracia. No cree que esté en peligro inmediato, en parte porque Europa actúa como garante, pero sí advierte de una deriva preocupante. Critica duramente las reformas del Ministerio Fiscal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que considera frívolas y oportunistas, y denuncia que se pretenda apartar al juez como única figura con verdadera independencia constitucional. Recuerda una frase de Nietzsche para resumir su desconfianza: no le molesta que le mientan, sino haber dejado de creer. Asegura no ver en las reformas garantías reales de independencia para los fiscales y lamenta que se impulsen en «el peor momento político posible».