La UCO busca pagos a la 'trama SEPI' desde tres empresas que el PNV exigió rescatar

El llamado ‘cupo vasco‘ que definió Víctor de Aldama al hablar de las relaciones empresariales de Santos Cerdán en el País Vasco podría tener un alcance mucho mayor del esperado. Según sospechan los investigadores, la red de la llamada trama SEPI pudo haber creado un sistema de cobro por gestiones para conseguir rescates públicos para empresas en problemas. Y hay tres muy vinculadas al PNV, al tratarse de firmas por las que los nacionalistas vascos se significaron ante el Gobierno de Pedro Sánchez, al que exigieron ayuda financiera. Una de ellas, Tubos Reunidos, tenía entre sus asesores al expresidente de la SEPI Vicente Fernández. Servinabar, además, habría recibido pagos de empresas concesionarias del PNV.

La investigación sobre la trama SEPI, que cobraba comisiones a cambio de rescates y contratos públicos, ha puesto su foco en el País Vasco. Concretamente en las gestiones que se realizaron en aquellos días para rescatar a tres empresas concretas, bien enraizadas en la región y con fuertes vínculos con el PNV.

De hecho, el partido nacionalista vasco exigió al Gobierno de Pedro Sánchez que las sacase a flote a cambio de seguir apoyándole en Madrid. Cabe recordar que el PNV había exigido puestos «importantes» en la SEPI a cambio de sacar adelante la moción de censura de 2018 contra Mariano Rajoy.

Pagos a la trama

Tubos Reunidos, rescatada por el Gobierno en 2021 por un importe que ascendió a los 112,8 millones de euros, fue el caso más significativo de este grupo. Se trata de una firma muy vinculada a la influencia política del PNV y con un peso estratégico en Amurrio (Álava). El nacionalismo vasco considera a esta empresa «sistémica» para la economía regional, hasta tal punto que fue una de las exigencias que se puso sobre la mesa del PSOE para mantener el apoyo político de los de Aitor Esteban (y antes Andoni Ortuzar) a Sánchez.

Según lo avanzado ya en la investigación, Tubos Reunidos habría pagado a la trama SEPI alrededor de 114.950 euros a través de la sociedad intermedia Mediaciones Martínez. Una empresa señalada por canalizar las supuestas mordidas que recibían Leire Díez, Antxon Alonso o Vicente Fernández por desplegar su influencia política en la SEPI y en el Consejo de Ministros.

Sin embargo, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes próximas a la investigación, no es la única de las firmas a la que se le podría haber exigido una cantidad económica por parte de la trama SEPI a cambio de que su rescate saliese hacia delante. Y esas peticiones podrían no haber llegado exclusivamente desde entornos políticos vinculados al PSOE —como lo es la llamada trama SEPI—, sino también de círculos próximos al PNV.

Rescates por comisiones

Además de Tubos Reunidos, explican, otras dos firmas habrían recibido «presiones» para pagar al entorno de la trama a cambio de mediaciones políticas encaminadas a conseguir esos rescates. Se trataría de Vicinay Marine, una empresa especializada en la fabricación de cadenas navales que recibió un rescate de 32 millones de euros. El Departamento de Desarrollo Económico del gobierno vasco, liderado entonces por Arantxa Tapia, medió activamente para asegurar que la SEPI aprobara la operación, presentándola como vital para el «ecosistema industrial vasco».

Otra de las firmas bajo el foco de la UCO no llegó a hacer efectivo el rescate, pero de haberlo hecho hubiese conseguido el mayor otorgado nunca en España. El Grupo Celsa —productores de acero— había solicitado 550 millones con el objetivo de salir a flote, una cantidad que suponía un enorme desembolso para la SEPI. La familia catalana Rubiralta, propietarios por aquel entonces del Grupo, intentaron lograr el apoyo de Junts para conseguir el rescate. Sin embargo, fue el PNV quien les abrió las puertas e hizo propia su reivindicación, alegando que tenían varias factorías en Vizcaya y Álava.

Ese rescate descarriló finalmente: la familia Rubiralta perdió el pleito que tenía con los acreedores antes de lograr el dinero necesario para pagar sus deudas. En el otro bando, el de las entidades bancarias que buscaban hacerse con el control del grupo metalúrgico, echaron mano de otro buen conocido ‘desatascador’ político: el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Las ayudas de la SEPI

La SEPI concedió entre noviembre de 2020 y junio de 2022 uno total de 30 rescates, aunque posteriormente Celsa renunció a sus ayudas (550 millones), lo que dejó el total de las subvenciones otorgadas en 2.681 millones. De ellos, como se explica encima de estas líneas, se sabe por investigaciones judiciales que al menos dos —el de Air Europa (475 millones) y el de Tubos Reunidos (113 millones)— pagaron a comisionistas para que agilizaran las gestiones y la concesión de la ayuda. El primer rescate habrían abonado al menos 164.000 euros para la mediación, y el segundo, 114.950 a la trama del expresidente de la SEPI Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso.

Hay sospechas que señalan a José Luis Rodríguez Zapatero como mediador en la concesión de 53 millones a Plus Ultra. Otras fuentes incluso sitúan el rescate de Ávoris por 320 millones como otra de las operaciones tuteladas desde el entorno de Aldama, aunque en este caso no hay audios que lo confirmen.

Ahora, la UCO busca pruebas sobre la intermediación del ‘grupo Hirurok‘, compuesto por Vicente Fernández, Leire Díez y Antxon Alonso. El auto indica que podrían haber actuado «al menos durante el periodo comprendido entre 2021 y 2023» y que habría tenido «proyección en distintos puntos del territorio nacional, alcanzando varias Administraciones públicas». Incluso se indica que los componentes del grupo habrían desplegado sus capacidades, «obteniendo decisiones favorables a sus intereses provenientes de diversas Administraciones públicas y a través de diferentes cargos públicos, implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI».