Ribera autorizó a Forestalia molinos eólicos en zonas donde se lo prohibió a otras empresas
Ribera autorizó molinos en una zona en la que ahora se prohíben por afectar a águilas y buitres en peligro de extinción
La exministra de Transición Ecológica y actual vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera. | EFE
El pasado mes de julio, el Ministerio de Transición Ecológica tumbó un macroproyecto de energía eólica en la sierra de Teruel al considerar que los molinos que pretendía instalar la firma Green Capital en la zona del Matarraña eran incompatibles con la supervivencia de la fauna local. Esas instalaciones, en esos puntos concretos proyectados, resultaban «inasumibles» para especies como el buitre leonado o el águila perdicera, en serio peligro de extinción. La declaración ambiental negativa afecta a una amplia zona en la que, hace sólo dos años, la ministra Teresa Ribera autorizó la instalación de otro macroproyecto. En ese caso, lo firmaba Forestalia, la empresa que ahora investiga la UCO por haber recurrido a la trama SEPI para obtener ayudas públicas por 17 millones de euros para una de sus filiales, tal y como adelantó THE OBJECTIVE.
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil continúa indagando en las ramificaciones de la denominada trama SEPI, el equipo de ‘consultores’ que organizaron Leire Díez, Antxon Alonso y el expresidente de ese organismo público Vicente Fernández, cuyo objetivo era cobrar presuntas mordidas a cambio de allanar el terreno para rescates y contratos públicos. Y uno de los focos en los que operaron fue el de las energías renovables, un sector regado con miles de millones en fondos europeos tras la pandemia de la covid.
Esa área del denominado Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de Pedro Sánchez dependía directamente de Teresa Ribera, ahora vicepresidenta de la Comisión Europea y entonces ministra de Transición Ecológica. Su gestión en el departamento queda señalada en esa investigación de la Guardia Civil por algunos extraños movimientos que se produjeron con una de las empresas implicadas: Forestalia. Una firma que obtuvo multitud de contratos y permisos medioambientales en esos años investigados.
Uno de los proyectos donde se registraron situaciones un tanto anómalas fue el del macroparque eólico de la comarca del Matarraña, en Teruel. Allí, dos empresas planificaron la construcción de decenas de molinos eólicos en las crestas de la sierra, zona de alto impacto medioambiental y con una flora y fauna ya amenazadas de por sí.
Las firmas promotoras fueron Green Capital y Forestalia. La primera inició el trámite para obtener permisos en 2021, mientas Forestalia lo hizo en 2022. Sin embargo, fue esta segunda la que antes logró la respuesta positiva por parte del departamento de Ribera. La Declaración de Impacto Medioambiental (DIA) llegó en verano de 2023 y en ella se autorizó la instalación en esa zona de 48 molinos eólicos.
«Peligro de extinción»
El proyecto logró los permisos a pesar de que en esa zona es muy amplio el catálogo de especies animales en peligro de extinción, como la alondra ricotí, el milano real o el águila perdicera. También hay otras aves rapaces consideradas «vulnerables» o «sensibles a la alteración de su hábitat». Las declaraciones confirmaron que, sin embargo, el proyecto incluía medidas preventivas y correctoras para «reducir las posibles molestias al águila perdicera».
Finalmente, Forestalia, pese a contar con el permiso, no llegó a acometer su construcción. La zona quedó liberada para el otro proyecto, el de Green Capital, que pese a que había iniciado las gestiones un año antes que Forestalia aún no había logrado la declaración ambiental. En su caso, proyectaba 86 molinos, frente a los 48 de Forestalia. De todos ellos, unos 30 compartían ubicación exacta en el Matarraña.
La sorpresa llegó el pasado mes de mayo: Transición Ecológica denegaba los permisos para ese parque eólico aludiendo a los graves perjuicios que supondría para las águilas perdiceras y los buitres leonados que habitan en esa zona. Además, se destacaba una «incidencia significativa en las masas forestales» y «potencial afectación» a la flora, así como un «impacto en la avifauna». Es decir, lo que en 2023 era un sí con Ribera, en 2025 es era no rotundo con su sucesora.
Los años de Ribera
La investigación de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil ha situado bajo el foco el papel que desempeñó el Ministerio para la Transición Ecológica durante la etapa de Teresa Ribera en la concesión de permisos ambientales a Forestalia, uno de los principales grupos de energías renovables del país. Según la información publicada, el departamento fue clave en la tramitación de Declaraciones de Impacto Ambiental y otras autorizaciones necesarias para grandes proyectos eólicos y fotovoltaicos, lo que permitió a la compañía avanzar de forma decisiva en su expansión.
Estos permisos, especialmente los correspondientes a instalaciones de más de 50 megavatios, quedaron bajo competencia estatal y facilitaron que Forestalia pudiera desarrollar y ordenar carteras de proyectos con un elevado grado de madurez administrativa. Esa circunstancia habría sido determinante para cerrar operaciones de gran volumen con otros inversores del sector energético, al reducir los riesgos regulatorios y acelerar los plazos de ejecución de los proyectos.
La UCO ha recabado documentación en distintos organismos de la Administración, incluidos departamentos ministeriales, en el marco de una causa más amplia que investiga posibles irregularidades en la gestión de expedientes vinculados a empresas del sector renovable. El foco no se limita a Forestalia, sino que se extiende a su red de sociedades y a la forma en que se tramitaron determinados permisos durante los últimos años, en un contexto de fuerte impulso político a las energías verdes.