La Fiscalía Anticorrupción asume el caso Plus Ultra y promete que irá «a por todas»
La causa ya no está en manos de la fiscalía adscrita al juzgado, que solicitó varias veces su archivo por falta de indicios
Plus Ultra | Alejandra Svriz
La investigación sobre el rescate público de la aerolínea Plus Ultra ha dado un giro relevante con la entrada en escena de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, que dirige Alejandro Luzón. El procedimiento, reabierto en una nueva pieza separada por un presunto delito de blanqueo de capitales, ya no está en manos de la Fiscalía Provincial de Madrid —como ocurrió en la fase inicial—, sino de Anticorrupción, un departamento con mayor autonomía funcional y menor dependencia jerárquica de la Fiscalía General del Estado. El foco de las pesquisas vuelve a situarse sobre el destino de los 53 millones de euros concedidos por la SEPI a la compañía aérea en marzo de 2021.
La causa que ahora se instruye en el Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid, a cargo de la magistrada Esperanza Collazos, guarda relación directa con el procedimiento que se abrió en abril de 2021 y que terminó archivado en enero de 2023 por un error procesal en la prórroga de la instrucción. En aquella primera fase, la actuación del Ministerio Público fue determinante para el desenlace del caso. La Fiscalía adscrita al juzgado —con una dependencia más directa de la Fiscalía General del Estado, entonces dirigida por Álvaro García Ortiz— solicitó en varias ocasiones el archivo de la causa al considerar que no existían indicios de delito en la aerolínea, pese a que Plus Ultra presentaba una situación económica delicada antes de la pandemia y acumulaba pérdidas millonarias.
No fue una posición aislada. La Fiscalía y la Abogacía del Estado recurrieron conjuntamente la decisión de la juez Collazos de imputar a Plus Ultra como persona jurídica. Ambos organismos alegaron que dicha imputación se había acordado fuera de plazo, al no haberse prorrogado la instrucción en la fecha límite del 8 de abril de 2022. Ese argumento acabó siendo clave para el archivo definitivo del procedimiento, después de casi dos años de investigación, al considerarse que la imputación se produjo cuando la causa ya había superado los plazos legales.
Durante esa instrucción inicial, la Fiscalía sostuvo reiteradamente que no veía indicios de delitos de malversación o fraude en la concesión del rescate aprobado por el Consejo de Ministros a través del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. La aerolínea, participada por capital venezolano, recibió un total de 53 millones de euros en ayudas públicas, pese a su reducido tamaño y a las dudas planteadas por distintos informes sobre su viabilidad y carácter estratégico.
Uno de los momentos clave de aquella investigación se produjo en julio de 2021, cuando la magistrada Collazos acordó suspender cautelarmente el pago de los 34 millones de euros que aún quedaban pendientes del rescate. La SEPI ya había desembolsado 19 millones y la juez decidió paralizar el resto hasta que Plus Ultra justificase adecuadamente la concesión de la ayuda, ante la posible existencia de irregularidades. Sin embargo, apenas un mes después, en agosto de 2021, y coincidiendo con las vacaciones de la magistrada titular, la fiscal del caso, María Luisa Llop, solicitó al juez sustituto, Jaime Serret, que levantase la suspensión y autorizase el pago del tramo pendiente del rescate. El juez accedió a la petición y permitió que se completase el desembolso de los 53 millones de euros a la aerolínea.
La actuación de Llop durante toda la instrucción fue decisiva para el devenir del procedimiento. Posteriormente, la fiscal fue designada para ocupar una plaza en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, un nombramiento acordado por el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, tras quedar vacante el puesto que ocupaba Marcelo Azcárraga. De este modo, Llop pasó de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Madrid a un destino en la Audiencia Nacional, donde actualmente lleva asuntos de especial relevancia mediática.
La situación ha cambiado de forma sustancial en la nueva fase del caso Plus Ultra. La fiscal que ahora impulsa la investigación es Elena Lorente, miembro de la Fiscalía Anticorrupción, un departamento que actúa con mayor independencia y que en la actualidad instruye causas de gran calado como el denominado caso Koldo. Lorente ya había puesto el foco en Plus Ultra con anterioridad. En 2024 presentó una querella ante la Audiencia Nacional al apreciar indicios de un posible delito de blanqueo de capitales relacionado con el rescate público. Según la tesis de Anticorrupción, parte de los 53 millones concedidos por la SEPI podrían haberse utilizado para devolver préstamos a sociedades vinculadas a una presunta organización criminal internacional, con el objetivo de integrar en el sistema financiero legal fondos de origen ilícito procedentes de Venezuela.
Esa primera iniciativa fue rechazada en noviembre de 2024 por la Audiencia Nacional al considerar que no era competente para investigar los hechos. Lejos de abandonar la línea de investigación, la Fiscalía Anticorrupción presentó una denuncia ante los Juzgados de Plaza de Castilla. La magistrada Esperanza Collazos asumió nuevamente el caso al apreciar una conexión directa entre los hechos investigados ahora y los que ya fueron objeto de análisis en la causa archivada años atrás. En el marco de esta nueva pieza separada, juez y fiscal investigan si los fondos públicos del rescate fueron utilizados para devolver préstamos concedidos por sociedades offshore radicadas en países como Suiza o Reino Unido, presuntamente vinculadas a una organización criminal con ramificaciones internacionales. La hipótesis del blanqueo se apoya en la posible utilización de dinero público para saldar deudas privadas con entidades conectadas con capitales de origen venezolano.
El hecho de que la investigación esté ahora en manos de la Fiscalía Anticorrupción y no de la Fiscalía Provincial es considerado relevante por fuentes jurídicas consultadas por THE OBJECTIVE, que subrayan que este cambio dota al procedimiento de una mayor autonomía en la dirección de las pesquisas. Anticorrupción cuenta, además, con una estructura especializada y con experiencia en investigaciones complejas de criminalidad económica y financiera. Este cambio también complica posibles intentos de influencia externa, incluidos los que podría haber buscado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero a través de la Policía Nacional, en un intento de evitar verse salpicado por el caso.