'Caso balizas': Correos ha favorecido a una empresa fantasma al borde de la quiebra

La empresa pública Correos ha ofrecido a sus clientes, a través de sus miles de oficinas, una de las balizas V16 más extrañas del mercado. No por el dispositivo en sí, similar a todos los otros casi 300 que ha homologado a toda prisa la Dirección General de Tráfico (DGT), sino por la empresa que lo suministra. Una sociedad que cerró 2024 al borde de la quiebra, con sede en una zona residencial de Madrid, con sólo dos empleados y cuyo administrador es una mujer que no ‘existe’ en los registros públicos. Su rastro llega hasta el paraíso fiscal de las Islas Vírgenes. Mientras, la DGT recuerda que quien no haya comprado este cuestionado dispositivo se expone a ser multado.

Parece un calco de lo vivido con ciertas empresas que suministraron mascarillas durante la grave crisis sanitaria provocada por el covid en 2020. Una empresa con fuertes lazos con China, sin apenas actividad ni empleados, con unas cuentas preocupantes y a la que un organismo público ‘rescata’ facilitando un ‘pelotazo’.

Desde el 1 de enero de este recién estrenado 2026 es obligatorio que todo vehículo porte una baliza V16. Un polémico dispositivo que no solo ha levantado suspicacias por supuestos problemas para la privacidad de los conductores, a quienes geolocaliza cuando se enciende su señal.

También resulta significativo que una buena parte de las casi 300 balizas homologadas por la DGT hayan obtenido ese certificado tras solicitarlo unas pocas empresas. Es decir, muchos suministradores están vendiendo la misma baliza pero con diferente nombre —y certificados de la DGT— y a precios que hasta triplicanlos que se pagan en China.

Pero de todas ellas hay una que llama especialmente la atención. Se trata de Grandisor Internacional S.L., una firma que fue señalada por primera vez por el usuario de X ‘@InigovanEyck‘ en un extenso hilo en el que exponía las innumerables sombras que rodean a esta empresa. La principal incógnita es por qué Correos la incluyó entre las balizas cuya compra ofertaba en sus más de 2.000 oficinas distribuidas por toda España.

Sin mención en bases oficiales

Grandisor ofertó a través de Correos la baliza Orflect, una marca comercial que recibió cinco certificaciones de la DGT, pero que ninguna corresponde a la de esta sociedad afincada en Madrid. Concretamente, en un domicilio de una zona residencial de la capital.

La administradora en España de esta sociedad es María Cruz Díaz Mencía, una mujer que no figura vinculada a ninguna otra empresa en los registros mercantiles, ni tiene redes sociales ni ninguna mención en bases de datos oficiales. Fue nombrada en este cargo apenas unos meses después de que en 2021 la DGT anunciase la futura obligatoriedad de las balizas. Es decir, en el momento en el que el sector comenzaba a planificar el futuro pelotazo que se ejecutaría a partir del 1 de enero de 2026.

Problemas económicos

Según ha podido comprobar THE OBJECTIVE, Grandisor Internacional declara en estos momentos tener sólo dos empleados y sus cuentas de 2024, las últimas disponibles, reflejan que el estado de salud financiero de la compañía le abocaba a una situación de quiebra.

La firma, que pasó a ser controlada por esa compañía de Hong Kong al poco de anunciarse en 2021 el cambio regulatorio por parte del Gobierno, declaró en 2024 unas pérdidas de 57.000 euros, llevando su deuda acumulada hasta casi el medio millón. El ejercicio de 2025, sin embargo, habrá supuesto un vuelco en sus cuentas, teniendo en cuenta que en España hay un parque móvil de 34 millones de vehículos que requieren por ley una de estas balizas para circular si no se quieren exponer a una multa.

Parece un calco de lo vivido con ciertas empresas que suministraron mascarillas durante la grave crisis sanitaria provocada por el covid en 2020. Una empresa con fuertes lazos con China, sin apenas actividad ni empleados, con unas cuentas preocupantes y a la que un organismo público ‘rescata’ facilitando un ‘pelotazo’.

En cambio, Correos ha optado por otro suministrador para sus propias balizas. Con una de las mayores flotas civiles del sector público, ha licitado la compra de 4.800 balizas V-16 por un valor estimado de 172.800 euros, lo que fija el precio en 36 euros por unidad. Por su parte, la Guardia Civil, con un pedido mínimo de 17.000 dispositivos, se mueve en un rango similar. En estos casos, el volumen estabiliza el coste, aunque sin alcanzar los precios más bajos observados en procedimientos con mayor competencia.