Investigan a la consultora de Zarrías donde trabajaron Leire Díez y la mujer de Hernando

La consultora del histórico dirigente socialista Gaspar Zarrías, Zaño Sociedad Consultora SL, aparece en el foco de la investigación judicial sobre el PSOE. Se trata de una empresa dedicada al lobby a través de la cual se contrató a la conocida emisaria del PSOE, Leire Díez, pero también a la actual adjunta a la secretaría de Organización del PSOE, Anabel Mateos, esposa de Antonio Hernando, actual secretario de Estado de Telecomunicaciones y número dos del ministro Óscar López. Se trata de dos sectores enfrentados en el partido socialista: Díez, vinculada a Santos Cerdán y antes a José Luis Ábalos; Mateos, al sector de Pepe Blanco, en cuya consultora trabajó entre 2021 y 2024, tras la incorporación de su esposo a la Moncloa. Hernando y Mateos se incorporaron juntos el pasado mes de julio a la Ejecutiva socialista, tras el frustrado nombramiento de Paco Salazar.

Fuentes cercanas a la investigación que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, donde se estudia el caso Díez, señalan que esta sociedad pudo haber funcionado como un instrumento para canalizar pagos a «las cloacas del PSOE», según ha podido confirmar THE OBJECTIVE. Aunque la referencia capital no sea exclusiva a la figura de Leire Díez. La implicación de actuales miembros del PSOE y del Gobierno en este entramado resulta especialmente significativa, ya que señala directamente a Anabel Mateos, adjunta a la Secretaría de Organización del partido y esposa de Hernando, así como el propio Hernando, entonces director adjunto del Gabinete de Pedro Sánchez en Moncloa y ahora secretario de Estado de Telecomunicaciones. Antonio Hernando fue consultor y accionista de Acento hasta octubre de 2021; su mujer, al menos, hasta 2024, cuando Acento la borró de su página web después de que El Español publicara información sobre las reuniones que había mantenido José Blanco con Koldo García.

Llama poderosamente la atención que al tiempo que Mateos trabajaba en Acento, también ejerciera de consultora en Zaño Sociedad Consultora —aproximadamente entre 2020 y 2023—, mientras ejercía como concejala de Roquetas de Mar y diputada provincial en Almería. La cercanía de estas figuras con la consultora y con Díez plantea serias dudas sobre la naturaleza de los pagos y los servicios realizados. Esto ha motivado que el Partido Popular, actuando como acusación popular en la causa abierta contra Leire Díez, haya solicitado al juzgado diligencias de investigación que incluyan la entrada y registro del domicilio social de Zaño, la declaración como investigado de Gaspar Zarrías y la citación de José Ruz, constructor vinculado al caso Koldo, quien abonó 36.300 euros a la consultora en 2022, como adelantó El Español. Según el PP, la coincidencia temporal entre la contratación de Díez por el lobby de Zarrías y las conductas indiciariamente delictivas que se le atribuyen justifica la ejecución de estas diligencias para esclarecer si se utilizó la consultora como vehículo para financiar maniobras opacas del PSOE.

Reuniones de Hernando con la cloaca del PSOE

Zaño Sociedad Consultora SL, fundada por Gaspar Zarrías, exconsejero de Presidencia de Andalucía y condenado en el caso de los ERE, es una empresa con solo cinco empleados y una facturación superior al millón de euros al año, sin presencia en la web ni publicidad alguna, prácticamente un «lobby fantasma». Entre junio y octubre de 2024, Leire Díez percibió una retribución de esta consultora mientras, según los indicios, llevaba a cabo actividades vinculadas a los asuntos indiciariamente delictivos que motivaron su imputación. Sin embargo, según fuentes cercanas a Díez su fichaje por Zaño nada tuvo que ver con servicios vinculados al PSOE, con quien no mantiene relación contractual desde 2017 —como ha confirmado recientemente el propio PSOE—, sino con su actividad junto al empresario Javier Pérez Dolset para «articular un grupo de víctimas de las cloacas del Estado». Muchas de ellas, vinculadas a casos de corrupción en Andalucía (Invercaria, Isofotón o la trama de los ERE), afectaban a dirigentes del PSOE con quien Gaspar Zarrías mantenía relación.

La conexión de Hernando con la llamada «cloaca del PSOE» se hizo evidente el 17 de julio de 2024, cuando el empresario Javier Pérez Dolset y Leire Díez enviaron una carta a la subdirectora del Banco de España, Margarita Delgado, alertando sobre los riesgos de la opa que BBVA lanzó sobre Banco Sabadell. La operación coincidía con entregas de información sensible: en mayo de 2024, Pérez Dolset y Díez se reunieron en Ferraz con Santos Cerdán y Hernando y entregaron un pendrive con documentación del caso Villarejo, incluyendo grabaciones sobre las saunas del suegro de Pedro Sánchez, tal y como adelantó THE OBJECTIVE. Posteriormente, en un segundo encuentro en Madrid, los mismos actores intentaron dinamitar la operación de compra del BBVA a través de la filtración de estas grabaciones. Según fuentes de los promotores, no hubo chantaje ni extorsión, sino un intento de alertar sobre riesgos legales y financieros.

Hernando borró la carpeta del BBVA

Los documentos entregados en Ferraz contenían información sobre la contratación de Villarejo por el BBVA. Al devolver el pendrive, Hernando había borrado la carpeta que contenía los datos del banco, mientras que el resto del material permanecía intacto, como confirmó la propia Leire Díez al ser preguntada por THE OBJECTIVE en el programa de Ana Rosa en Telecinco. Este gesto fue interpretado por algunos como un aviso a navegantes, una señal de que la información en contra del banco podría afectar a otros dirigentes socialistas. No resulta casual que Acento, la consultora vinculada a Hernando y Blanco, fuera contratada por BBVA para asesorar en la opa.

En mayo de 2025, Santos Cerdán remitió a Pedro Sánchez dos informes con los resultados de las pesquisas realizadas por Díez y Pérez Dolset. En ellos se advertía que la opa implicaba riesgos penales y financieros para BBVA, así como la continuidad de varios miembros de su consejo de administración. El análisis incluía la documentación de Villarejo y las acciones de espionaje sobre el presidente de Ausbanc, Luis Pineda, evidenciando una estrategia organizada para justificar paralizaciones judiciales y proteger intereses financieros y políticos. Además de la implicación política, existen evidencias de pagos opacos. El empresario José Ruz, investigado por amaños de contratos públicos en el caso Koldo, abonó 36.300 euros a Zaño Sociedad Consultora en 2022.